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Los estados contra Microsoft: ¿Tiene sentido una versión modular de Windows?
13/5/2002
Dominick T. Armentano

A pesar de que Microsoft ha prácticamente saldado sus conflictos antimonopólicos con el Departamento de Justicia, nueve estados se resisten y continúan demandando en una corte de Washington D.C. que Microsoft les licencie a los fabricantes de computadoras una versión reducida (desprovista de un navegador de Internet y de un reproductor de video) o “modular” de su sistema operativo Windows. Microsoft sostiene que una reglamentación como esa comprometería severamente a la calidad general del sistema operativo Windows. Los estados sostienen que dicha reglamentación sería buena para la competencia y en ultima instancia buena para los consumidores.

La mayoría de los testigos presentados por los estados se han quejado de que sus empresas harían más negocios si tan solo el gobierno federal le quitase al sistema Windows algunas de sus aplicaciones familiares. En la actualidad eso parecería ser lo suficientemente veraz; Microsoft haría menos negocios y los competidores harían más. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con un incremento de la competencia o con una mejora para los consumidores? Si la Jueza Colleen Kollar-Kotelly acepta esta absurda teoría de la competencia estaría reprobando el curso más elemental de economía y su fallo será revertido en la instancia de apelación.

¿Harían más negocios los proveedores independientes si un tribunal le ordenase a la General Motors producir sus automóviles Buick sin volantes o sin radios? Seguramente que si, del mismo modo que los consumidores se tendrían que preocupar por armar un producto que fuese utilizable con las características de su preferencia. La General Motors haría menos negocios y las demás firmas harían más. Paro casi ningún economista afirmaría que tal reglamentación incrementará de alguna manera sensible la competencia, que tendrá algún tipo de sentido económico, o que los consumidores se beneficiarán con algo tan absurdo.

En su forma más pura, la teoría de los estados sostiene que cualquier ventaja competitiva o de eficiencia que una firma le ofrece a los consumidores siempre excluye o priva a algún potencial rival del mercado y que esto perjudica a la competencia y a los consumidores. Pero esta conclusión resulta simplemente desacertada en su totalidad.

Tal como lo entendía correctamente el economista laureado con el Premio Nobel F.A. Hayek, la competencia es un “proceso de descubrimiento” en el cual los consumidores deciden la asignación final de los escasos recursos al recompensar a algunos empresarios y al castigar a otros. Además, los consumidores son quienes deciden en última instancia el número de proveedores y la participación en el mercado de los contendientes. Cuando ciertos empresarios resultan excluidos por la elección del consumidor o privados en virtud de la eficiencia de algún mercado, ello tan solo significa que los consumidores se encuentran razonablemente satisfechos con los proveedores existentes y que no apoyarán a competidores adicionales. No significa que los mercados hayan “fallado” o que la competencia sea deficiente y que requiera entonces de alguna injerencia antimonopólica.

En los mercados libres y abiertos, las ventajas y las eficiencias proporcionadas por las firmas exitosas ayudan directamente a los consumidores y son los frutos del proceso competitivo. Negarle estos frutos a los consumidores a través de la ley conjeturando que los competidores proporcionarán productos de cortesía o servicios de calidad similar es pura especulación. Además, el efecto desalentador de dicha reglamentación para las firmas innovadoras sería desastroso. ¿Dónde está el incentivo para continuar mejorando un producto más allá de cierto nivel básico si los competidores, en cualquier punto del proceso, pueden aporrearlo con la legislación antimonopólica y despojarlo del valor de sus inversiones?

Desafortunadamente, Microsoft ha desperdiciado el grueso de su tiempo ante el tribunal sosteniendo que simplemente no resulta practico desprenderse de su navegador y de sus aplicaciones de video, Ej., que la integridad entera del sistema operativo Windows sería afectada negativamente por una reglamentación así. Ciertamente Microsoft se encuentra obligada a refutar el argumento de los estados de que la deconstrucción que ellos proponen simplemente no es posible. Pero existen peligros en una defensa así.

Si algún testigo experto o abogado de los demandantes convence a la Jueza Kollar-Kotelly de que el argumento de la impracticabilidad de Microsoft no es correcto, entonces nada que Microsoft haya sostenido evitará que la jueza ordene un mini-despojo. Concediéndoseles a los estados una teoría de la competencia enteramente incorrecta, se dejará a Microsoft indefensa hasta la etapa de apelación de esta monstruosidad legal que pareciera no tener fin.

Un Windows modular tendría poco sentido practico pero la cuestión más amplia y más importante es la de la defectuosa teoría de la competencia que apoyan los estados. A los estados se les ha permitido afirmar que una propuesta para generar más competidores a cualquier costo implica más “competencia” y que las leyes antimonopólicas deberían sancionar dichos disparates. Les ha sido permitido defender los intereses de los competidores de Microsoft, y no los de los consumidores, el principal foco de cualquier solución judicial propuesta. Y Microsoft, pese a su firme resolución y a sus abundantes recursos, ha perdido una oportunidad de desenmascarar a esta apremiante charada antimonopólica ante una audiencia nacional. Que vergenza.

Traducido por Gabriel Gasave


Dominick T. Armentano es Profesor Emérito en Economía en la University of Hartford (Connecticut) e Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California. Es autor de Antitrust & Monopoly (Independent Institute, 1998)




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