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¿Quién es servido por “el interés público”?
20/2/2002
Pierre Lemieux

En un informe recién publicado, la Comisión de Títulos Valores de British Columbia (BCSC sus siglas en inglés) desea más regulación en nombre de la desregulación. El informe, intitulado Nuevos Conceptos para la Regulación de los Títulos Valores, alentaría a las acciones de clase de los inversores contra las ofensas reglamentarias—en síntesis, un permitámosles a todos demandar a cualquiera en perspectiva.

Las propuestas otorgarían también a los burócratas reguladores “acrecentadas facultades en el interés público.” Las comisiones de títulos valores canadienses podrían incluso perseguir a los profesionales que les desagradan: “Una comisión sería capaz de ordenar que un profesional no puede comparecer ante ella o preparar documentos que son presentados ante ella,” expresa el documento, agregando que “Esta facultad sería similar a las facultades existentes de la Comisión de Títulos Valores y Bolsa de los EE.UU..”

Estas propuestas son parte del objetivo de estandarizar a las leyes sobre los títulos valores en Canadá. Pero, especialmente después de lo que ocurriera la semana pasada en la Comisión de Títulos Valores de Ontario (OSC según sus siglas en inglés), deberíamos tener cuidado de las “acrecentadas facultades en el interés público.”

Recuérdese que la OSC había presentado cargos relacionados con información privilegiada en contra de Michael Cowpland y su holding empresarial, M.C.J.C., ante un Tribunal de Justicia de Ontario. La semana pasada, M.C.J.C. se declaró culpable y a cambio la OSC retiró los cargos contra Cowpland personalmente. El juez impuso una multa de $1 millón. Luego, la OSC se movió a su propio tribunal simulado para imponer un castigo más severo.

Un comisionado de la OSC comentó que “información privilegiada” es por su propia naturaleza un cáncer,” aparentemente olvidándose que, unas pocas décadas atrás, la mayoría de los países occidentales ni siquiera lo consideraban una enfermedad. Tal vez es a la propia libertad de contratación a la que los burócratas de los títulos públicos consideran un cáncer. Después de todo, la OSC también estableció un tribunal simulado contra Air Canada el pasado julio, en una misteriosa cuestión de “divulgación selectiva” que no fue muy selectiva y se vinculaba a “información material” que no era muy útil.

La BCSC desea fortalecer por todo el país al mismo “interés público” que gobierna a los tribunales simulados de la OSC. La expresión “interés público” aparece 33 veces en la Ley de Títulos Valores de Ontario, pero nunca es definida. En la mayoría de los casos, aparece en declaraciones caprichosas, tales como:“Si la Comisión considera que sería en el interés público” (Sección 17), “si es satisfecho que hacerlo sería en el interés público” (S. 21), “en la medida que la Comisión determine que es necesario o apropiado en el interés público” (S. 21), “si en su opinión es en el interés público (S. 127), y así. ¿Qué es el “interés público” del cual la OSC es el custodio?

Considérese el caso de la información privilegiada. La información privilegiada tiene muchas ventajas económicas, las cuales han sido bien documentadas en la literatura desde el clásico de 1966 de Henry Manne “Insider Trading and the Stock Market.” Pero admitamos que también acarrea desventajas para algunos inversores—lo cual es especialmente cierto, por construcción, si el estado trata de hacerles creer que cada alma en la Tierra obtiene la misma información material en el mismo segundo. Admitamos que, en ciertos casos, el uso de la información interna puede funcionar para los intereses de los socios y en contra de los intereses de los no-socios. Recíprocamente, prohibir la información privilegiada puede promover el interés de los no-socios, y perjudicar los intereses de los socios.

De este simple análisis, podemos deducir la definición del interés público que pareciera ser la base de lo que los entrometidos de la OSC hacen como medio de vida: El interés público es el interés de algún público contra algún otro público, los públicos favorecidos y los desaventajados siendo determinados por el estado. El “interés público” es de esta manera una cortina de humo para ocultar la promoción de algunos intereses privados contra otros intereses privados.

Esto no es sorprendente, el estado por lo general actúa coercitivamente transfiriendo ingresos y beneficios de algunos individuos a otros individuos. Regulaciones financieras subrepticias son tan sólo la punta del iceberg, y las comisiones de títulos valores son tan solo la materialización financiera del problema básico del estado—del estado “por su propia naturaleza,” como nuestros burócratas-filósofos-reyes dirían. Ya sea que el estado actúe en nombre del 51%, 49%, 90% o 10% de la población no cambia el hecho de que un interés público que juega en contra de algunos miembros del público no puede ser llamado el interés público.

Hablando acerca de los burócratas-filósofos-reyes, la BCSC denomina a su documento un “trabajo conceptual.” Nos dieron un trabajo conceptual acerca de los nuevos conceptos para regular a los problemas inexistentes.

En la tradición liberal clásica, a la cual le debemos lo que queda de nuestras libertades, el interés público puede solamente ser un interés común, Ej., lo que es en el interés de todos. El interés público es necesariamente estrecho si es para abarcar los intereses de todos. Cuanto más incrementamos el rol del estado, cuanto más le permitimos a los comisionados de títulos mandar libremente, menos público es el supuesto interés público.

La clave es que la OSC y la BCSC no se encuentran defendiendo el interés público sino los intereses privados de algunas personas. En el mejor de los casos, estos intereses privados pertenecen a algún sector del público inversor. En el peor, ellos son los intereses de algunos tipos que manejan burocracias estatales de control caprichoso. Las segundas son a lo que Adam Smith llamaba “el hombre del sistema”: “parece imaginar que puede acomodar a los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma facilidad con que la mano acomoda a las distintas piezas sobre un tablero de ajedrez; no considera que las piezas sobre el tablero no poseen otro principio de movimiento que aquel que la mano imprime sobre ellos; sino que, en el gran tablero de ajedrez de la sociedad humana, cada pieza tiene un principio de movimiento por si misma, todos diferentes de aquel que la legislatura podría elegir imprimir sobre ellas.”

Traducido por Gabriel Gasave


Pierre Lemieux es co-director del Economics and Liberty Research Group en la University of Quebec en Outaouais y un Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California.




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