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Es tiempo de desistir
21/12/2001
Dominick T. Armentano

Tanto el Departamento de Justicia de los EE.UU. como varios estados han elegido solucionar su caso anti-monopólico contra Microsoft, pero nueve estados—liderados por California y Connecticut—han preferido dar batalla. Y a menos que algún acuerdo entre las partes sea prontamente alcanzado, lo cual es improbable, otro pleito más contra Microsoft se iniciará por ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. a comienzos de marzo de 2002.

Las causas anti-monopólicas son una notoria complicación legal y económica, pero esta mounstrocidad que ya lleva una década bordea los límites absolutos de lo absurdo. Las semillas de las dificultades actuales en realidad se retrotraen a las investigaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC su sigla en inglés), iniciadas en 1990, sobre los acuerdos de licenciamiento de software de Microsoft. La FTC jamás inició cargos contra Microsoft, pero, no obstante ello, un año más tarde el Departamento de Justicia instruyó su propia investigación de las supuestas prácticas comerciales injustas de Microsoft. El mismo finalmente concluyó que los acuerdos estándar de arrendamiento de software de Microsoft restringían la competencia (léase: a los competidores) e intimó a Microsoft a firmar un acuerdo judicial en 1994 por el cual, entre otras cosas, se acortaba a un año el período estándar de arrendamiento de dos años.

Con la creciente popularidad de la World Wide Web, las dificultades legales de Microsoft se incrementaron, duplicándose varias veces. Cuando Microsoft introdujo el Windows 95 a fines de 1994, la empresa astutamente decidió integrar a su navegador de la red, el Explorer, con su nuevo sistema operativo Windows. Un navegador integrado era más sencillo y más barato para que los consumidores lo utilizasen y era un competidor formidable contra el entonces líder de la industria, el navegador Netscape. El Departamento de Justicia, en una movida sin precedentes, intentó primero demorar la introducción del Windows 95. Fracasado ello, el mismo sostuvo que el navegador integrado violaba su acuerdo judicial de 1994 con Microsoft. Un Tribunal de Apelaciones resolvió de manera definitiva en favor de Microsoft la cuestión de la integración en junio de 1998, pero en el ínterin, el Departamento de Justicia y 20 estados demandaron a Microsoft bajo los términos de la Ley Sherman o Anti-Monopolios y un juicio se inició en octubre de 1998.

Tras un largo y beligerante drama tribunalicio, el Juez Thomas Penfield Jackson encontró culpable a Microsoft en noviembre de 1999, y ordenó como solución la división de la compañía. Pero en un pronunciamiento que sacudió al mundo del anti-monopolio, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. de manera nada ceremoniosa rechazó la esencia de la demanda gubernamental (así como también la entera solución de Jackson) en junio de 2001. El tribunal de alzada rechazó unánimemente el argumento primario del gobierno, a saber, que Microsoft había relacionado ilegalmente su navegador de la red a su sistema operativo. Desgraciadamente, sin embargo, el tribunal de apelaciones dejo en pie a varias de las despistadas “evidencias de los hechos” del Juez Jackson acerca del monopolio y la restricción del comercio y dejó abierta la opción de un viaje de regreso a un tribunal para una resolución legal.

Pese a que el Departamento de Justicia y varios estados prefirieron acordar con Microsoft, otros nueve estados eligieron litigar por las cuestiones restantes. En su arreglo con el Departamento de Justicia, Microsoft acordó concluir un convenio exclusivo con los fabricantes de equipamiento original (OEM como se los conoce en inglés), cobrarles a los OEM precios publicitados y con descuentos uniformes, y abrir su “código fuente” a los desarrolladores de aplicaciones.

Por lo tanto, ¿qué esperan los estados que persisten (o, más correctamente, los consumidores) obtener de este pleito continuo? No mucho. Los estados han ya identificado a varios testigos, y parece que el nuevo juicio será una virtual repetición del primero. Los estados harán desfilar a varios de los competidores tradicionales de Microsoft (incluyendo a Jim Barksdale, ex Presidente de Netscape) al estrado, así como también a un ejército de nuevos competidores, tales como Palm y Nokia. Ellos indudablemente se quejarán de que el comportamiento de Microsoft continua amenazando a su producto o servicio particular, y que prohibiciones adicionales contra las practicas comerciales de Microsoft se encuentran justificadas en nombre de preservar la competencia.

Pero dado que el Departamento de Justicia fue incapaz de negociar tales restricciones en su acuerdo judicial con Microsoft, ¿qué hace pensar a los estados que cualquier nuevo juez legitimará ciertas nuevas restricciones?

De hecho, aparte de enriquecer a los abogados y de aumentar la visibilidad pública de los fiscales generales estaduales, esta litigación continúa no servirá para propósito público alguno. El grueso de los reclamos concernientes al comportamiento de Microsoft ha estado siempre vinculado a las formidables capacidades de innovación de Microsoft y a la agresiva comercialización de sus productos. El primer juicio no produjo ni una pizca de evidencia de que el licenciamiento de software o la integración del navegador de Microsoft resultase en algún perjuicio para el consumidor; el nuevo juicio será similarmente aborrecible. En cambio, el testimonio confirmará que Microsoft juega fuerte contra su competencia (¿quién no lo hace?) e intenta quitarles a los competidores participación en el mercado con nuevas innovaciones, comercialización comprensiva y precios bajos.

Pero esa clase de comportamiento (practicado por todas las firmas del mercado libre) está en la propia naturaleza del proceso competitivo y debiese ser aplaudido, no condenado. No obstante ello, los estados que persisten y sus fiscales generales políticamente ambiciosos consideran falsamente que las leyes anti-monopolios existen para preservar a específicos competidores o específicos productos y que el gobierno debe constantemente nivelar el campo de juego o micro-administrar los acuerdos comerciales entre las empresas con la litigación anti-monopólica. Por lo tanto los estados colocarán a los competidores sobre el estrado y les permitirán quejarse.

Los consumidores (y las empresas) en todos los estados requieren de la protección gubernamental contra la fuerza y el fraude pero no precisan de asaltos anti-monopólicos de una década de duración contra las firmas que innovan y reducen los precios a los consumidores. Tales asaltos son económicamente ineficientes, generan incentivos para litigación adicional, perpetúan la incertidumbre empresarial y perjudican en el largo plazo a la sociedad. Y es suficiente.

Traducido por Gabriel Gasave


Dominick T. Armentano es Profesor Emérito en Economía en la University of Hartford (Connecticut) e Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California. Es autor de Antitrust & Monopoly (Independent Institute, 1998)




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