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La gran victoria de Microsoft
3/11/2001
Dominick T. Armentano

La totalidad del argumento del gobierno contra Microsoft fue esencialmente un alegato legal en beneficio de Netscape y de los otros competidores descontentos de la empresa

El anuncio de ayer de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Corporación Microsoft habían arribado a un acuerdo para concluir su disputa anti-monopólica es una buena noticia para todos a excepción, quizás, de los codiciosos abogados del proceso y de ciertos competidores de la industria del software quienes llevaron adelante este tonto caso durante todos estos años.

Microsoft puede salir de esta tormento con su cabeza y principios bien en alto y su conducta sustancial plenamente preservada. En vez de capitular tempranamente por las absurdas exigencias de parte de los funcionarios anti-monopolios de que la empresa separase a su navegador de Internet, el Explorer, de su sistema operativo Windows, o de que dividiese a la compañía en tres partes separadas, Microsoft corajudamente batalló contra el gobierno y sus críticos por un empate legal y una cierta victoria económica.

Después de todo, ¿qué consiguió el gobierno tras años de pleito legal, incontables escritos y decisiones, y la creación de una incertidumbre monumental en los emprendimientos dentro y más allá de la propia industria informática? Prácticamente nada.

Conforme lo acordado, Microsoft se encuentra imposibilitada de involucrarse en arreglos de trato exclusivo con fabricantes de equipamiento original (OEM como se los conoce por su sigla en inglés), proveedores de acceso y abastecedores, una práctica que la empresa realizaba pero que de todos modos había abandonado. Además, se le exige a Microsoft compartir el código de interfase de sus programas de aplicación y otorgarles a todos los OEM que licencien su sistema operativo Windows más libertad para exhibir aplicaciones de software que no sean de Microsoft. Nuevamente, Microsoft se estaba moviendo firmemente en esta “iniciativa compartida” desde mucho antes del acuerdo. Finalmente, Microsoft debe divulgar los precios que les cobra a los OEM y ofrecerles a todos ellos descuentos uniformes. Pero, otra vez, este entremetimiento en los precios por parte del gobierno es insignificante dado que Microsoft es dejada completamente libre para determinar sus propios precios y descuentos y cobrarlos en cualquier momento.

Resumiendo, el gobierno no obtuvo virtualmente nada de todo este adefesio legal en que se convirtiera la demanda judicial, lo cual es precisamente lo que el mismo se merece. Microsoft, por otra parte, es un claro y decisivo ganador sobre la cuestión que le dio inicio a la querella: la vinculación de su navegador de la red con su sistema operativo. No solamente esa es una ligazón eficiente, ahora perfectamente legal, sino más significativamente, no existen restricciones especificas sobre ningún enlace futuro de las aplicaciones. Este es el más importante desarrollo innovador que surge del acuerdo y el mismo es fuertemente favorable a Microsoft y a los consumidores.

El caso anti-monopólico de Microsoft fue un error económico desde el comienzo al fin. El argumento entero del gobierno contra Microsoft fue esencialmente un alegato legal en beneficio de Netscape y otros competidores descontentos de Microsoft, quienes no podían ofrecerles a los consumidores de computadoras personales (PC) el software valioso que Microsoft podía brindarles y así lo hizo. Las leyes anti-monopólicas prohíben las restricciones al comercio y los precios más altos, no obstante que era evidente que Microsoft estaba siendo enjuiciada precisamente por el comportamiento empresarial opuesto-por la circunstancia de que la firma había innovado rápidamente, incrementado su producción, y reducido sus precios y los precios de sus competidores. Era tan solo una cuestión de tiempo antes de que alguien (un Tribunal de Distrito en mayo de este año) llevase a los funcionarios anti-monopolios del gobierno a enjuiciarla y les brindara fuertes incentivos para iniciar este super-engañoso caso anti-monopólico.

Existen paralelos sorprendentes entre este acuerdo y la manera en la cual el gobierno concluyó su otra querella anti-monopólica de alto perfil contra el gigante de la computación International Business Machines dos décadas atrás. Los cargos en el caso de IBM, instruido en 1969, fueron remarcadamente similares a aquellos en el de Microsoft: que IBM era un monopolio debido a que la empresa poseía una alta participación en el mercado, que la misma vinculaba a los programas con el hardware en detrimento de los competidores, y que cobraba precios bajos y otorgaba descuentos por cantidad.

El gobierno deseaba que IBM fuese desposeída y el juez del proceso, David Edelstein, al igual que el Juez Thomas Penfield Jackson en el caso de Microsoft, parecía listo y deseoso de cooperar. Pero afortunadamente para IBM y para la industria de la computación como un todo, la Administración Reagan decidió que la causa “carecía de mérito” y que no valía la pena proseguirla, y desistió de la demanda en 1982. Claramente, la Administración Bush arribó a conclusiones similares acerca del enjuiciamiento de Microsoft.

La legislación anti-monopólica posee un largo y lamentable historial de enjuiciar agresivamente a las compañías competitivas que han innovado rápidamente y rebajado los precios para los consumidores. Y la mayoría de los “remedios” anti-monopólicos intentan restringir (el precio) la competencia-lo atestigua la cláusula en el acuerdo de Microsoft que exige precios publicitados y descuentos uniformes-o lograr que les resulte más sencillo a las firmas menos eficientes realizar más negocios.

La lección a ser delineada por estos dos lamentables episodios es la de que la política anti-monopólica precisa de una reforma fundamental, cuando no de una franca derogación. El hecho sigue siendo que casi todas las demandas anti-monopólicas son iniciadas o instigadas por competidores y son obviamente contrarias a los consumidores.

Los consumidores y los empresarios precisan de los mercados libres y abiertos y de la protección contra la fuerza y el fraude. Ellos no necesitan de las regulaciones anti-monopólicas ni del proteccionismo que impiden la innovación y perjudican a la sociedad.

Traducido por Gabriel Gasave


Dominick T. Armentano es Profesor Emérito en Economía en la University of Hartford (Connecticut) e Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California. Es autor de Antitrust & Monopoly (Independent Institute, 1998)




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