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Una política energética en pañales
19/1/2001
Robert J. Michaels

En su Discurso Sobre la Situación del Estado, el Gobernador Gray Davis afirmó que tanto los republicanos como los demócratas pueden producir buenas ideas. Si fuese necesaria alguna evidencia, una rápida mirada hacia atrás a las crisis de energía de los años 70 nos muestra que ambos partidos fueron por igual capaces de unas ideas muy tontas. Las erróneas y no exitosas políticas energéticas de esa época fueron un resultado conjunto de las administraciones de Nixon-Ford y de Carter, con la ayuda del por entonces gobernador de California Jerry Brown. Los años 70 están de regreso en las propuestas sobre la electricidad del Gobernador Davis, y las ideas no han mejorado con la edad.

Por entonces, los presidentes deseaban la independencia del petróleo extranjero. En la actualidad, Davis desea liberar a los californianos de los productores de energía localizados fuera del estado. Considerando a los productores aún más que “comerciantes generadores,” apenas distinguibles de los criminales comunes, Davis propuso enjuiciarlos por actividades que probablemente sean legales y que en algunos casos caen dentro de la jurisdicción federal.

El gobernador acusó a los generadores de estar exportando parte de “nuestra energía” a otros estados cuando los precios se encuentran altos. El exportar solamente tiene sentido si los precios están más elevados en otra parte. Además Davis ve a los residentes de Arizona y de Utah como no merecedores de recibir “nuestra energía.” Afortunadamente para los vecinos de California, las restricciones a las exportaciones propuestas por Davis serán difíciles de cuadrar con la Constitución de los EE.UU..

El gobernador convenientemente eludió mencionar que durante un año típico, California importa mucha más energía de la que exporta—el comprarle a un usurero de fuera del estado reduce nuestras facturas. Pero las importaciones, las que le permitieron a California vivir durante más de 15 años sin construir nuevas plantas generadoras, ya no son más suficientes. Si podemos de alguna manera bloquear las exportaciones, también pueden hacerlo otros estados.

Más allá de las restricciones a la exportación, el gobernador ojea nuevos recursos en los servicios municipales, actualmente exentos de la mayor parte de los reglamentos que se aplican a las redes corporativas. Desea poner a los municipios bajo el paraguas regulador y no permitirles cobrar más del costo por cualquier sobrante de energía que vendan. Los altos precios de la venta mayorista de energía han ayudado al Departamento de Agua y Energía de Los Angeles a disminuir de manera masiva la carga de su deuda, y los servicios municipales de California no abandonarán sus prerrogativas sin pelear.

En cuanto a los fabricantes de plantas de energía, ellos aún pueden confiar en que varios estados y docenas de naciones mantengan reglamentos predecibles, pero California aparentemente intenta incrementar su riesgo con amenazas de una reglamentación aleatoria y políticamente motivada. Para hacer frente a los desincentivos para la nueva construcción, la estrategia aislacionista del gobernador dilapidará nuestros impuestos para financiar (y posiblemente poseer) nuevas plantas, si las mismas prometen mantener su energía en el estado. Qué será construido, por supuesto, será una elección política antes que una económica.

Incluso las exhortaciones de los años 70 para la conservación han renacido. Si la conservación voluntaria funciona, las reducciones en la demanda pueden poner presión hacia la baja sobre los precios del mercado. Probamos esto bajo Jerry Brown y Jimmy Carter, y la observación post-mortem evidenció, en el mejor de los casos, una limitada efectividad. Los precios altos son el mejor aliciente para la conservación, pero cuando las tarifas son congeladas quienes las pagan nunca ven la escasez real que los precios reflejan.

Al incrementar las tarifas, aparentemente numerosos individuos esperan aún un milagro cercano—que los productores de energía serán de alguna manera obligados a dividir sus ganancias y de ese modo tornar buenos a los déficits de los servicios. La Comisión Federal Regulatoria de la Energía le ha dicho “no” varias veces pedidos a similares, y el único camino que queda es el de las demandas, las que serán prolongadas y difíciles de ganar.

En realidad el gobernador supera a los presidentes de la década del 70 en un aspecto fundamental. Niega la realidad más obstinadamente, al no mencionar jamás nuestro más grande y más inmediato problema. A cada hora, los servicios de California se encuentran abonando cientos de miles de dólares de más por la energía de lo que les está permitido y los mismos se encuentran a pocas semanas de tornarse imposibilitados de seguir endeudándose.

También los clientes deben pagar mucho más y pronto los accionistas tendrán grandes perdidas como resultado probable de la bancarrota o de la fusión, o el estado deberá emplear parte de sus ingresos tributarios para preservar los servicios. Cada una de estas alternativas tiene algunos puntos buenos en relación con las otras, y cada una es repulsiva a su modo.

La difícil elección entre ellas es la elección más importante para el futuro de California. El gobernador perdió su oportunidad de enfrentarnos con la realidad. En cambio, eligió desperdiciar su tiempo distrayéndonos con historias acerca de una California convertida en Fortaleza.

Traducido por Gabriel Gasave




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