In English

La política subvierte al primordial Estado de Derecho
10/9/2012
Ivan Eland

Uno de las cuestiones más importantes de las elecciones de 2012 no es un tema relevante porque ambos partidos desean ignorarlo: el castigo a las violaciones de los derechos humanos mediante la tortura de la era Bush. Sin embargo, en un país donde el Estado de Derecho (es decir, donde se supone que todos somos iguales ante la ley) debería ser de suma relevancia, es vital que estos incómodos episodios sean examinados y, en su caso, juzgados. Sin embargo, la CIA ha sido puesta por encima de la ley.

El episodio es similar a cuando el presidente Gerald Ford colocó al ex presidente Richard Nixon por encima de la ley mediante un indulto inconstitucional por sus delitos en el caso Watergate antes de que Nixon hubiese sido siquiera condenado por alguno de ellos. A pesar de que esta protección contra el enjuiciamiento es similar a la protección del Departamento de Justicia de los torturadores de la CIA, al menos el indulto del presidente Ford fue justificadamente impopular entre el pueblo estadounidense y contribuyó a su derrota cuando buscó su re-elección en 1976. Por desgracia, la protección de Obama de agentes de la CIA de ser procesados por tortura descaradamente ilegal a fin de evitar las críticas de los republicanos no es impopular y no contribuirá a la derrota electoral de Obama, incluso si ella ocurre.

Hubieron fuertes disidentes de la política inicial de la administración Obama de no enjuiciar al personal de la CIA que siguió las leguleyas opiniones claramente ilegales del presidente George W. Bush sobre la tortura, las cuales fueron a la larga revocadas. Esta oposición dentro de la administración Obama tomó la forma de la loable, pero criticada, investigación del Fiscal General Eric Holder de incidentes en los que torturadores de la CIA excedieron incluso las ilegales directrices del gobierno de Bush sobre la tortura. Holder investigó las muertes de dos prisioneros a causa de la tortura: una en Afganistán en 2002 y otra en Irak en 2003. Por desgracia, como era previsible al caer víctimas de la política en un año electoral, recientemente se anunció el cierre de ambos casos sin juicio, eliminando por ende esencialmente la posibilidad de cualquier magra victoria del Estado de Derecho con el enjuiciamiento de la tortura de la era Bush.

No obstante, al anunciar el cierre de las causas penales, Holder sostuvo extrañamente que los funcionarios no identificados de la CIA no deberían ser éticamente exonerados. Holder declaró: “Basado en el antecedente fáctico plenamente desarrollado respecto de las dos muertes, el departamento ha declinado el enjuiciamiento dado que la evidencia admisible no sería suficiente para obtener y sostener una convicción más allá de una duda razonable”. Añadió que la investigación “no pretendía, y no pretende, resolver cuestiones más amplias relativas a la decencia de la conducta examinada”.

Estoy seguro de que esta distinción es ajena a las familias y amigos de los muertos, a pesar de que la falta de castigo para los responsables de la CIA de estos, y todos los otros, episodios de tortura no lo es. Las vagas referencias de Holder a “los plazos de prescripción y las disposiciones jurisdiccionales” como motivos para declinar el enjuiciamiento deberían plantear suspicacias respecto de que la política electoral jugó un papel importante en esa decisión.

Parte del problema en la mayoría de los casos de tortura—la cual es claramente ilegal conforme el derecho estadounidense e internacional—es que el Poder Ejecutivo es renuente a procesar a sus propios empleados por conducta ilegal. De hecho, el Departamento de Justicia, siempre receptivo a cualquier administración que esté en el poder, originalmente redactó memorandos justificando la tortura ilegal. Así que en efecto, a fin de enjuiciar a la mayoría de los casos de tortura, el Departamento de Justicia tendría vergonzosamente que procesar a individuos por seguir las reglas que les había establecido. Además, incómodas preguntas serían formuladas a continuación acerca de por qué altos funcionarios del gobierno de Bush, incluido el presidente George W. Bush, quien aprobó las políticas ilegales justificadas en los memos del Departamento, no han sido enjuiciados. En los dos casos en los que agentes de la CIA fueron incluso más allá de las brutales pautas oficiales de la administración Bush, sólo la pura política ha impedido el sometimiento a juicio.

En la cita de Holder antes mencionada, él no afirmó que no existía evidencia suficiente para enjuiciar a los dos casos de tortura “excesiva”; simplemente sostuvo que no existía suficiente “evidencia admisible” para hacerlo. Una vez más, el Poder Ejecutivo puede decidir qué información atinente a la “seguridad nacional” es desclasificada en el enjuiciamiento de sus propios empleados. Por lo tanto, el secretismo de las operaciones de la CIA, aun las ilegales, ha sido mantenido por encima del Estado de Derecho, que es un principio fundamental de la República.

Esto no debería ser una sorpresa. En enero de 2009, el nuevo presidente Barack Obama anunció que a pesar de que él no “creía que alguien estuviese por encima de la ley”, deseaba “mirar hacia adelante en vez de mirar hacia atrás”. También señaló que no quería que los empleados de la CIA “de repente sintiesen como que tienen estar todo el tiempo mirando por encima de sus hombros y pleiteando”.

Sucede como cuando alguien inicia sus comentarios diciendo: no quiero ser grosero” o “no quiero ser sarcástica”, y es eso exactamente lo que quiere ser. Cuando Obama efectuó esta declaración, realmente quería poner a los agentes de la CIA que cometieron actos ilegales de tortura por encima de la ley. Individuos que sabían perfectamente que estaban cometiendo actos inmorales e ilegales, incluso cuando se les dijo que su empleador los aprobaba, precisan estar mirando por encima de sus hombros y “pleiteando” contra el procesamiento.

En ese momento, el recién asumido Obama no deseaba que los procesamientos por tortura se interpusieran en una agenda que incluía estímulos plagados de negociados, rescates financieros a las automotrices, y más interferencia gubernamental en el área de la atención de la salud y el sistema financiero. El país habría estado mejor si Obama hubiese “mirado hacia atrás”—para enjuiciar las atrocidades de la administración Bush y la obstrucción de la justicia, como la destrucción de las cintas de vídeo de los brutales interrogatorios de la CIA—en vez de mirar hacia adelante.

Y como si la injusticia de blindar a los torturadores de un procesamiento no fuese suficiente, el Departamento de Justicia se encuentra hipócritamente enjuiciando a un ex oficial de la CIA dedicado a cazar miembros de al-Qaeda, quien valientemente se pronunció sobre la técnica del ahogamiento simulado, por identificar ante periodistas a otros funcionarios de la CIA que participaron en atroces interrogatorios ilegales. El gobierno a menudo enjuicia a los denunciantes que sacan a la luz la conducta gubernamental impropia o ilegal, y esta no es una excepción.

Es un día triste cuando el Estado de Derecho—un valor central del sistema estadounidense—es menos popular entre los norteamericanos que la supuesta “seguridad nacional”. La política exterior se supone que debe ser empleada para proteger los principios del sistema político, no para ser elevada por encima de ellos en un Estado beligerante.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




  • MyGovCost.org
  • FDAReview.org
  • OnPower.org
  • elindependent.org