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La Guerra contra las Drogas: Un sueño imposible
15/12/2000
John L. Kane

Comentarios del Juez Senior John L. Kane
del Tribunal de Distrito de los EE.UU. de Denver, Colorado

Presentado ante la Western Governors’ Association
en Scottsdale, Arizona el 15 de diciembre, 2000


La desatenta búsqueda de la insensatez es una condición de la naturaleza humana que ha estado con nosotros a través de la historia de la humanidad. Con una negación colectiva a reconocer lo inevitable y lo obvio, varias sociedades se han empujado de cabeza hacia el fracaso y el desastre. El horror de la Cruzada de los Niños es fácil de admitir debido a que el tiempo lo ha vuelto remoto. Una nación medio esclava y medio libre que marcha inexorablemente a la Guerra Civil está más próxima en tiempo y consecuencias, pero la memoria atempera la barbarie y oculta el fratricidio en ilusiones de gloria. Tan sólo recientemente nos hemos atrevido a admitir la ignorancia cultural y la repulsa del consejo militar previo que fuera responsable por el desastre nacional al que llamamos Vietnam.

Un monstruo carcomiendo la tripa del espíritu humano nos impele a abandonar tanto a los valores apreciados como al sentido común. Como Don Quijote nos alejamos de la realidad para buscar demonios imaginados y no dejamos otra cosa que matanza y confusión detrás. El monstruo saciado se ríe de nuestra panza y aguarda el próximo peligro imaginado.

Como lo observara Mark Twain, “lo que usted sabe que no es cierto le causará más daño que aquello que usted desconoce por completo.”* Lo que sabemos que no es cierto y lo que nos rehusamos a conocer que es cierto respecto de las drogas forman el fondo de la cuestión de nuestra actual insensatez nacional, de hecho internacional.

No es cierto que el uso de drogas ilegales sea el problema de salud más serio de la nación. La obesidad voluntaria lo es. Más muertes y pérdidas económicas son causadas por el consumo de drogas legales, principalmente el alcohol y el tabaco, que por todas las drogas ilegales. Más de 100 millones de estadounidenses bebieron alcohol el mes pasado. Más de 50 millones fumaron tabaco. Nueve millones de estadounidenses fumaron marihuana el pasado mes, 1,2 millones ingirió cocaína durante el mismo periodo y poco menos de 6 millones la consumieron dentro del año pasado. La cifras para el abuso de la heroína y de las anfetaminas no recetadas son tan pequeñas que las mismas ni siquiera están en la misma liga estadística, y mucho menos en el mismo estadio de baseball.

No todos los individuos que beben alcohol o que fuman tabaco terminan muertos o seriamente lesionados como resultado de ello, ni son víctimas mortales todos los individuos voluntariamente obesos. Lo mismo es cierto de aquellos que toman drogas ilegales: no todos, ni siquiera la mayoría de quienes las usan resultan muertos, seriamente lesionados o se vuelven adictos. No obstante ello, es nuestra declarada política nacional la de encarcelar a todos aquellos que poseen, venden o consumen drogas ilegales. Esa política es pura insensatez.

La prohibición de las drogas no funciona. En 1914 cuando drogas como la cocaína estaban disponibles en los estantes de los almacenes, el 1,3% de la población era adicta. En 1979, antes de las enérgicas medidas de la denominada “Guerra contra las Drogas”, el índice de adicción era aún del 1,3%. En la actualidad, mientras miles de millones de dólares están siendo derrochados para reducir el uso de drogas, el índice de adicción es aún del 1,3%. Sin embargo los Estados Unidos encarcelan a 100.000 personas más por todos los delitos relacionados con las drogas que las que la Unión Europea entera encarcela por todos los delitos. La Unión Europea tiene 100 millones más de ciudadanos que los EE.UU..

La prohibición de las drogas es también un derroche de dinero. Los gobiernos locales, estaduales y federal gastan ahora más de $9 mil millones por año para encarcelar a 458.131 delincuentes relacionados con las drogas. Encarcelar a todos los usuarios de cocaína durante un año costaría $74 mil millones, pero solamente después de construir 3, 5 millones más de camas en las prisiones a un costo inicial de $175 mil millones. Costaría $365 mil millones recluir a todo el que fumó marihuana el pasado año–cinco veces el gasto total estadual y local para toda la policía, los tribunales y las prisiones. Precisaríamos de una multitud de guardias y de otros empleados en las prisiones, mayor que la de todas nuestras fuerzas militares. Este es un costo que no podemos afrontar y un proyecto al que jamás podríamos alcanzar, aún si tuviésemos el dinero.

Más costoso que el dinero, sin embargo, es el precio que pagamos por esta fallida política en términos del declive de la seguridad publica, del quiebre de nuestro sistema de justicia criminal, de la erosión de nuestra libertades civiles y de la penetrante falta de respeto del público a la ley.

Los buenos ciudadanos, quienes son por demás respetuosos de la ley, ignoran o evaden las leyes sobre las drogas. Con literalmente decenas de millones de personas utilizando drogas ilegales o relacionados con aquellos que lo hacen, una gran parte de la población se ha vuelto cínica respecto de todas las leyes y de nuestro sistema legal y del proceso político en particular.

De modo muy similar a los días de la Prohibición, cuando los ciudadanos, los políticos, los niños y los pandilleros coincidían en un campo común en tabernas clandestinas y en furgones policiales, y cuando los jueces y los fiscales procuraban la más frívola de las razones para rechazar los casos contra el populacho libre, la gente común en la actualidad efectúa transacciones con los criminales en el mercado negro. La hostilidad y el escarnio hacia la ley y hacia la aplicación de la misma son una consecuencia natural. Cuando aproximadamente la mitad de los integrantes de un curso que se está graduando de la escuela secundaria han fumado marihuana o inhalado cocaína, pocos, si alguno, de ellos o de sus padres se encuentran deseosos de verlos como criminales. Cada año desde 1989, más gente ha sido enviada a prisión por delitos relacionados con las drogas que por crímenes violentos. Al mismo tiempo, solamente uno de cada cinco robos con escalamiento es denunciado y solamente uno de cada 20 de esos robos denunciados termina en un arresto, y no obstante ello los detectives continúan siendo reasignados de los pormenores del robo a la investigación de las ventas callejeras de estupefacientes.

En un nivel incluso más práctico, la Guerra contra las Drogas está condenada a fracasar. El concepto más fundamental de la economía es la ley de la demanda, la cual expresa que los consumidores compran menos cuando el precio sube. Entendiendo erróneamente a esta regla básica, los guerreros de las drogas intentan justificar la interdicción. Sostienen que el consumo de drogas puede ser finiquitado cortando la oferta, de modo tal de provocar una suba en el precio que resulte en una demanda pequeña o nula. En otras palabras, la interdicción provocará que los precios se eleven a un nivel tan alto que la demanda desaparecerá.

Un poco de conocimiento es muy peligroso. De hecho, la ley de la demanda sólo se aplica a un producto a la vez. Nuestra lamentable experiencia muestra que cuando una mercancía ilícita se vuelve demasiada cara, otra es seleccionada. Un estudio de 1994 del National Bureau of Economic Research halló que cuando el precio de la marihuana se eleva, la juventud bebe más cerveza y eso se correlaciona directamente con un incremento en el número de accidentes de tránsito fatales.

Un estudio del National Institute of Justice informó de un precipitado incremento en el uso de la meta-anfetamina durante 1985-86 después de que un programa de destrucción de cultivos eviscerara la oferta de marihuana en Hawai. Tornar a la marihuana más difícil de obtener provoca también un incremento en el consumo de cocaína. Cuando los esfuerzos para prohibir la marihuana son exitosos, el peligro para nuestra juventud se ve incrementado por un aumento en el consumo de alcohol y de cocaína. Cuando la oferta de cerveza es reducida, el consumo de licores duros se eleva.

Además, la interdicción acrecienta la producción y el consumo de drogas. El United States House Judiciary Crime Subcommittee informó en 1992 que el esfuerzo masivo para destruir al Cartel de Medellin resultó en un incremento de los puntos de embarque de la cocaína de 11 a 25 y en una expansión del procesamiento de la cocaína a unos 13 países más. Los investigadores han encontrado también una correlación estadísticamente significativa entre las tasas más altas de encarcelamiento por delitos de drogas y un mayor, no menor, consumo de drogas.

Como Benson y Rasmussen lo observan, el fracaso de la Guerra contra las Drogas hace de la legalización un alternativa atractiva a los ojos de luminarias conservadoras y liberales tales como el estimado ganador del Premio Nobel Milton Friedman; el autor y comentarista William F. Buckley, y el ex Secretario de Estado George Shultz por un lado, y el ex Alcalde de Baltimore Kurt Schmoke, el columnista del New York Times Anthony Lewis y la Presidente del American Civil Liberties Unión (ACLU) Nadine Strossen por el otro. Todos ellos públicamente defienden la legalización de las drogas, tratándolas como al alcohol y sujetándolas a restricciones publicitarias, límites de edad, restricciones de tiempo y lugar, e impuestos a las ventas. Para muchos, la legalización es la solución lógica para los problemas de drogas de la nación. Para algunos, no sólo es lógica, sino una cuestión de libertad fundamental. Los individuos son responsables de sí mismos y deberían tener el derecho de tomar sus propias decisiones.

La prohibición siempre ha fracasado y siempre fracasará, pero existe una alternativa a la pura legalización. No estamos obligados a efectuar la Elección de Hobson**. El problema de la droga se evaporará cuando el mercado negro sea eliminado, pero el proceso de evaporación insumirá tiempo y esfuerzo.

La posición media entre los extremos de la legalización y la prohibición es la de aceptar al consumo de drogas como una parte no deseable de la condición humana y tratarla como a un problema de la salud. Un estudio de Rand de 1994 muestra que el tratamiento de los grandes usuarios de cocaína es siete veces más efectivo que la incautación de activos, el arresto y el encarcelamiento. El mismo estudio muestra que el costo del tratamiento es un cuarto que el de la coacción policial.

Como estadounidenses, nuestro mayor defecto es el deseo imperioso de resolver algún problema, “de una vez y por todas.” Tomando prestado de nuestra cultura de las drogas vernácula, nuestra psique nacional demanda una “dosis rápida.” Desafortunadamente, la misma no existe. Lo que como una nación debemos hacer es aprender a vivir con la incertidumbre y esperar menos que el éxito total.

Si nuestra valoración de la historia estadounidense es honesta, debemos reconocer que nuestro país ha sido exitoso cuando ha colocado su fe y su confianza en el espíritu de la empresa estadounidense y que hemos fracasado cuando hemos seguido la senda puritana. Nuestros propósitos más elevados son alcanzados cuando procedemos con el consentimiento de los gobernados. Nuestros fracasos tienen lugar con la fuerza, la amenaza de fuerza y la práctica del fraude. La política estadounidense sobre las drogas incluye el empleo de la fuerza militar en otros países y sobre nuestras fronteras nacionales, la amenaza de la fuerza hacia otras naciones, y la amenaza de severas sanciones económicas y diplomáticas incluso a aliados de larga data. Para llevar adelante esa política, la diseminación de información falsa y engañosa por parte del gobierno se ha vuelto algo común. La misma política resulta en ignorar, ridiculizar y distorsionar los hechos, los que de otra forma mostrarían alternativas más exitosas a las actuales prácticas de la interdicción y a las sanciones criminales por el consumo de drogas.

Las agencias policíacas precisan aún proteger al público apresando a aquellos quienes causan accidentes o cometen crímenes mientras se encuentran bajo los efectos de las drogas y el alcohol plenamente responsables por sus actos, pero debemos quitarlos del negocio de financiar sus operaciones mediante la incautación y la confiscación de la propiedad privada. Los costos de hacer cumplir las leyes deberían ser financiados por el erario público bajo el directo control legislativo. En otras y más fuertes palabras, necesitamos terminar con la simbiótica relación comercial que quienes aplican las leyes tienen con la industria de las drogas ilegales. Cada uno rasguña la espalda del otro.

Una de las tradiciones más largas y más apreciadas de esta nación es la de que las fuerzas armadas son servidoras del gobierno civil, y de que las mismas nunca deberían estar comprometidas en asuntos domésticos. Durante el tiempo que hemos sido libres, hemos repudiado la existencia de una fuerza policíaca nacional. La aplicación de la ley es asunto de las agencias policíacas locales. Las subvenciones y el financiamiento federal de fuerzas de tareas multi-gubernamentales junto con la asistencia militar arriesga seriamente el control local de la acción de la policía. El gobierno federal debe retirarse de la tarea de hacer cumplir internamente las leyes sobre las drogas por ninguna otra razón menos importante que la libertad de los individuos.

Los funcionarios estaduales y locales son responsables por las leyes y el orden internos. Existe una comprensible tentación para los funcionarios públicos de modelar sus políticas y programas a fin de que las mismas cumplan con las exigencias de las subvenciones federales, pero las legislaturas estaduales deben asegurarse de que el control de las agencias estaduales no sea abdicado en el arrebato por los fondos federales. De hecho, si los legisladores no cumplen con esta responsabilidad, pueden ser derrotados en los comicios y reemplazados por aquellos que sí lo harán. La seguridad y la libertad de la comunidad no debe ser comprometida en la búsqueda de los dólares federales

Alexis de Tocqueville llamó a nuestros estados y comunidades los “laboratorios de la democracia,” donde los experimentos sobre el autogobierno podían tener lugar y el éxito de uno podía ser substituido por el fracaso de otro. Nuestra política del control de las drogas federalmente dirigida ha cerrado estos laboratorios. La consecuencia es la de que como individuos libres continuamos persiguiendo un solo sendero-el sendero de la insensatez.

A efectos de tratar exitosamente con el abuso de drogas, esta nación debe eliminar el mercado negro y permitir uno regulado. Debemos permitir que los distintos estados reasuman su papel como laboratorios de la democracia en los cuales políticas y programas adecuados a sus necesidades y condiciones individuales puedan ser implementadas. Debemos restaurar la autoridad y la autonomía locales sobre las practicas policiales. Más importante aún, debemos confrontar al abuso de las drogas como a una amenaza a la salud tratable a través de la ciencia en vez de mediante la superstición y la histeria.


*Esta cita y gran parte de la información de este trabajo de investigación puede ser encontrada en “The American Drug War: Anatomy of a Futile and Costly Police Action”, por Bruce Benson and David Rasmussen, The Independent Institute, 10 de julio de 2000

**Nota del Traductor:
La Elección de Hobson (Hobson’s Choice) es una expresión que alude a una elección libre en apariencia pero que en los hechos no ofrece una verdadera alternativa. Al parecer tendría su origen en un propietario de establos de Cambridge, Inglaterra, de apellido Hobson, quien alquilaba caballos y obligaba a sus clientes en cada ocasión a escoger únicamente aquel que se encontraba más próximo a la puerta del establo

Traducido por Gabriel Gasave




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