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Las regulaciones sobre la financiación de las campañas políticas causan risa
8/2/2012
Anthony Gregory

La candidatura a la presidencia de Stephen Colbert estuvo pensada como una broma, pero su Súper PAC (PAC es el acrónimo para Political Action Committee o Comité de Acción Política) ha conseguido algo de dinero en serio. En un informe a la Comisión Electoral Federal (FEC en inglés) la semana pasada, el PAC reveló haber recibido donaciones por más de un millón de dólares hasta la fecha. El comediante fue mencionado en una carta a la agencia: “¿Cómo me gustas ahora, FEC?”

Colbert, junto con su compañero estrella de Comedy Central, Jon Stewart, se ha burlado con éxito de las leyes que regulan las campañas presidenciales. Algunas travesuras durante las últimas semanas fueron planeadas para resaltar lo absurdo de las reglamentaciones. Como la ley le impedía como candidato poseer un Super PAC, Colbert transfirió los fondos a Stewart con un mínimo de papeleo en un acto televisado. Consultaron a un abogado en el aire para asegurarse de que los dos no estaban “coordinando” en violación a los estándares para el financiamiento de las campañas, los cuales se encuentran vigentes desde el fallo de la Corte Suprema recaído en el caso Citizens United de hace dos años.

El hilarante espectáculo se burló de la distinción jurídica entre un candidato “coordinando” con un Super PAC, lo cual está prohibido, y un candidato “pidiendo a gritos” un Super PAC para actuar en los “mejores intereses” del pueblo. La maniobra de Colbert tenía la intención de hacer un espectáculo cómico de las recientes afirmaciones del candidato republicano Newt Gingrich que solicitó un Super PAC y no fue más allá de lo que establecen las regulaciones de campaña en su candidatura a la presidencia. Stewart y Colbert, entusiastamente sentados uno junto al otro en televisión mientras compartían información acerca de este intercambio, llegaron hasta el límite de lo que debería ser ilegal. Toda la broma, hasta el nombre de la organización—El Súper PAC definitivamente no coordinando con Stephen Colbert—fue una sátira muy eficaz.

Stewart, interpretando el personaje de un cauto vendedor ambulante de avisos de campaña, parecía particularmente eufórico con la improbabilidad de enfrentar una responsabilidad penal. Incluso si violaban la ley de coordinación, Stewart sólo recibiría una fuerte multa, en lugar de tiempo en prisión, como los dos cómicos se apresuraron a señalar durante un episodio del programa The Daily Show de Stewart.

Estas payasadas, con todo lo graciosas que pueden ser, plantean un serio interrogante. Presumiblemente, Stewart y Colbert (y la mayoría de los miembros de izquierdas de los medios de comunicación) encuentran a las regulaciones sobre el financiamiento de las campañas respecto de los PACs demasiado indulgentes. Esto implica que si las restricciones reflejasen mejor la moral, los dos cómicos estarían violando la ley. Mientras la mayor parte de la desobediencia civil apunta a las leyes injustas que no deberían estar en los libros, estas personalidades televisivas están al parecer actuando para promover lo que ellos consideran debería ser una ley.

Sin embargo, ¿qué pasaría si los ciudadanos comenzasen a adoptar este mismo enfoque para protestar por las “lagunas” percibidas en el sistema judicial? Imagínese si, por ejemplo, la agresión fuese legal, pero el argumento fuese que no debería serlo? ¿Agrediría un comediante a una persona en la calle al azar para demostrar que es absurdo que él tenga la libertad de hacerlo? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hace que esta pirueta “humorística” sea diferente?

Se podría fácilmente argumentar en contra diciendo que Stewart y Colbert sólo estaban haciendo una observación, practicando la libertad de expresión a efectos de ridiculizar al sistema, antes que realmente compitiendo por el poder. Por otra parte, es evidente que muchos para nada consideran al dinero de campaña para las campañas en serio como algo atinente a la “libertad de expresión”. En las últimas semanas, en el segundo aniversario del fallo Citizens United, que derogó aspectos de la Ley McCain-Feingold de 2002 sobre las campañas y permitió los Super PACs, activistas bajo el lema “Ocupemos los tribunales” protestaron contra este pronunciamiento, ejerciendo su propio derecho a la libertad de expresión para disentir con la propia interpretación que este fallo hace de la Primera Enmienda.

¿Cómo el trato de Stewart y Colbert difiere de los simpatizantes de campaña y los candidatos de verdad? En este caso, llegamos finalmente a algo que parece ser obviamente razonable para mucha gente respecto de las restricciones al financiamiento de las campañas: los políticos no están simplemente ejercitando el discurso político para expresarse a favor o en contra de una política en particular. Por el contrario, están tratando de adquirir y ejercer un mayor poder para manipular la economía e imponer su voluntad sobre la sociedad. Esta conclusión es responsable de la creación de las modernas restricciones tendientes a evitar que el dinero corrompa a la política.

Sin embargo, podemos estar ignorando el panorama general. Tal vez el problema no es el dinero en la política, sino la política en el dinero. Si el gobierno tiene tanta influencia sobre la economía, ¿cómo puede evitar ser controlado por los intereses especiales que buscan ventajas injustas sobre la competencia? De hecho, los libros de historia del mundo demuestran que esta es la norma antes que la excepción, lo cual plantea las preguntas: ¿Está el Estado condenado a una corrupción inherente y a tendencias inmorales? Si es así, ¿debería ser debilitado, en vez de asignársele otra forma de control sobre las personas en nombre de la reforma del financiamiento de las campañas?

La ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) se opuso férreamente a la Ley McCain-Feingold sobre el financiamiento de las campañas por una razón muy importante. Hay un grave problema de libertad de expresión en juego. ¿Y cómo ha sido aplicada la Ley McCain-Feingold? En un caso, para censurar anuncios del film Fahrenheit 9/11 de Michael Moore que se estrenó cerca de los comicios presidenciales de 2004. ¿Por qué? Debido a que el comercial de Moore era una crítica a un candidato—George W. Bush. La ley determinó que el anuncio se equiparaba a dinero que estaba influyendo deslealmente en la política. Bush, por su parte, contaba con la ventaja del púlpito público, desde cual podía hablar toda vez que lo deseara.

Este ejemplo realmente lleva al centro de la ironía en materia de la reforma de la financiación de las campañas. La mayoría de los candidatos en el Congreso federal son reelegidos. Estos representantes tienen acceso a las ondas de aire públicas durante el tiempo que permanecen en sus cargos de poder político. La única manera de posibilitar el discurso público es a través de la aplicación de dineros privados para la difusión de mensajes alternativos. La campaña independiente de 1968 de Eugene McCarthy, demócrata que se oponía a la guerra, sólo fue posible porque recaudó fondos significativos de un pequeño número de ricos partidarios ideológicos. McCarthy fue querellante en el caso Buckley vs Valeo, alegando que las leyes sobre el financiamiento de las campañas del gobierno federal tras Watergate estaban efectivamente silenciando a la oposición. Más recientemente, la candidatura por un tercer partido de Ross Perot, uno de los desafíos más exitosos al sistema bipartidista en la historia de los EE.UU., sólo fue posible porque él personalmente la financió.

Irónicamente, muchos izquierdistas señalan a las últimas décadas como prueba de los cada vez más desenfrenados chanchullos políticos, la corrupción, la influencia de las corporaciones, y las crecientes brechas en la riqueza. No obstante, este mismo período fue responsable de producir las restricciones más estrictas a las finanzas de campaña de los Estados Unidos—desde Buckley vs Valeo en 1976 a Citizens United en 2009. Sin embargo, paradójicamente consideran que las restricciones federales sobre los candidatos y sus partidarios son el problema, antes que el poder que viene con el cargo en juego.

No hay manera de divorciar a la corrupción de la política, ya que la política es una lucha por el poder del Estado y sabemos que el poder corrompe. Otorgarle al gobierno más control sobre las elecciones es precisamente el enfoque equivocado. Las restricciones al financiamiento de las campañas no son la respuesta; limitar el poder gubernamental lo es. En una sociedad libre, la acrobacia satírica de Stewart y Colbert hubiese sido intrascendente. Se les habría permitido coordinar en privado o en público. Podrían hacerlo, ya sea que estuviesen candidateándose a la presidencia o no. En una sociedad libre, no tendríamos que temerle al dinero en la política, porque los políticos tendrían un poder tan limitado que no importaría quién financió sus anuncios.

Traducido por Gabriel Gasave


Anthony Gregory es Investigador Editor en The Independent Institute. Obtuvo su título de bachiller en Historia Estadounidense de la University of California en Berkeley y brindó el discurso sobre historia como no graduado en la ceremonia de graduación de 2003. Además de su labor en el Independent Institute, escribe regularmente para numerosos websites de noticias y comentarios, incluidos LewRockwell.com, Future of Freedom Foundation y el Rational Review.




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