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La Guerra de los EE.UU. contra las Drogas: Anatomía de una fútil y costosa acción policíaca
10/7/2000
Bruce L. Benson, David W. Rasmussen

Frank Potts recibió 15 años por abusar sexualmente de una niña de 11 años de edad. Fue liberado de una prisión de la Florida en 1988, tras cumplir solamente seis años, pese a que un informe de libertad condicional afirmaba que su liberación podría poner a otras niñas pequeñas en peligro. Potts fue arrestado nuevamente en 1994 bajo cargos de abuso de otra niña de 11 años, pero los investigadores creen que también mató al menos a unas 13 personas en seis estados durante los seis años que siguieron a su temprana puesta en libertad. De haber cumplido su condena por completo, estas víctimas aún estarían vivas. Las víctimas de Pott son víctimas de la guerra contra las drogas. Un portavoz del Departamento de Correccionales de la Florida justificó la liberación anticipada de Pott observando que “la agencia se encuentra limitada por los mandatos de los tribunales y de la legislatura. A mediados de los años ochenta, el sistema penitenciario fue inundado con internos que cumplían sentencias obligatorias mínimas durante las escaramuzas iniciales del país en la guerra contra las drogas.” Las guerras tienen víctimas, y algunas son inocentes espectadores.

Accelyne Williams de Boston fue una de dichas víctimas. La escuadrilla anti narcóticos de Boston derribó su puerta, esperando encontrarse con un escondrijo de armas y de drogas. En su lugar, encontraron al Reverendo Williams, un predicador metodista jubilado, de 75 años de edad y consejero sobre el abuso de sustancias. El Reverendo Williams, con las manos atadas a sus espaldas, falleció de un ataque al corazón durante la desacertada redada anti drogas. La policía irrumpió en el departamento equivocado debido a que no pudo comprobar la historia de un intoxicado informante pago, el cual les suministró la dirección incorrecta. A la policía le gustan sus incursiones “sin llamar a la puerta” debido a que las mismas le proporcionan sorpresa y seguridad—seguridad para la policía, muerte para el Reverendo Williams.

Algunos guerreros de la droga no tienen ningún escrúpulo cuando se trata de colocar al inocente en la línea de fuego. En abril de 1991, un vuelo de la compañía Belice Air International que se dirigía desde Miami a Belice efectuó una escala de rutina en Honduras. Las autoridades hondureñas ingresaron al avión y solicitaron permiso para allanarlo. Un miembro de la insospechada tripulación colaboró incluso en el allanamiento y quedó asombrado cuando 48 kilos de cocaína fueron descubiertos. Las drogas habían sido plantadas por agentes anti narcóticos estadounidenses como parte de un golpe previsto para exponer el contrabando de drogas en Miami. No les habían informado ni a los pilotos, ni a los pasajeros ni al gobierno hondureño. Los tres pilotos, protestando su inocencia, fueron arrastrados a la cárcel junto con tres pasajeros. Por once días los mantuvieron en celdas infestadas de ratas, y fueron torturados con descargas eléctricas y mangueras de goma.

La presunción de culpabilidad es también una victima de la guerra contra las drogas. El departamento de policía en Sulphur, Luisiana, una comunidad de 20.552 habitantes, combatió la amenaza de la droga incautando cerca de $5 millones entre 1990 y fines de 1994. Los que conducen a mucha velocidad en la Interestatal 10 son puestos a un lado y aquellos con mucho dinero en efectivo son identificados. Su efectivo es confiscado si el perro anti narcóticos huele drogas en él. Una confiscación exitosa es probable, en virtud de que virtualmente todo nuestro dinero tiene rastros de cocaína. Sin embargo, la policía de Sulphur y la D.A. no parecen preocuparse sobre la culpabilidad o la inocencia real de los conductores que acarrean dinero en efectivo, dado que los cargos criminales son raramente impulsados.

La policía de Sulphur podría haber iniciado su política de decomiso de dinero en efectivo, después de escuchar hablar sobre las actividades que abultaban el presupuesto del Sheriff en el Condado de Volusia, en la Florida, donde más de $8 millones (un promedio de $5.000 diarios) les fueron incautados a los motoristas en la Interestatal 95 durante un período de 41 meses, entre 1989 y 1992. ¿Cuántos de ellos eran traficantes de drogas? Nadie lo sabe, dado que pocos cargos fueron presentados, pero muchos fueron probablemente víctimas inocentes. Tres cuartas partes de los 199 decomisos del condado de Volusia no incluyeron un arresto y fueron impugnados. Pero los motoristas no consiguieron que se les regresara el dinero incluso cuando la confiscación fue cuestionada—aún cuando ninguna prueba de mal comportamiento o de antecedentes criminales pudo ser hallada y las víctimas proporcionaron evidencia de que el dinero fue legítimamente obtenido. En cambio, el abogado encargado de la confiscación por parte del sheriff se ocupó de establecer negociaciones. Solamente cuatro personas recuperaron su dinero. Una acudió a los tribunales pero perdió y ha apelado. Enfrentando los altos costos del pleito civil, el resto acordó por sumas entre el 50 y el 90 por ciento de su dinero, tras primero prometer que no demandarían al departamento del sheriff. Por supuesto, también tuvieron que pagarles a sus abogados un tercio o más del dinero devuelto. ¿Su crimen? Ellos tipificaban un “perfil de drogas” e incurrieron en el error de conducir a través del Condado de Volusia con dinero en efectivo en sus bolsillos. ¿Vale el sacrificio del inocente y de sus libertades civiles el esfuerzo en la causa de la guerra contra las drogas?

A través de tiempo, la gente ha utilizado una amplia variedad de drogas para relajarse y para escapar del trabajo duro y pesado de la vida cotidiana, para obtener estímulo e inspiración, y quizás lo más importante de todo, para simplemente cambiar la realidad. Ronald Siegel, profesor de la Escuela de Medicina de la UCLA, sostiene que la intoxicación por drogas es extensa en el reino animal, sugiriendo que existe un deseo natural para la auto-medicación. Escribe:

La motivación para utilizar drogas a fin de alcanzar estos efectos no es innata sino adquirida. Los principales impulsos primarios, aquellos asociados a las necesidades de supervivencia y parte del equipo innato del organismo incluyen los impulsos del hambre, de la sed, y del sexo. Estos impulsos son una función del organismo que satisfacen ciertas necesidades biológicas primarias. No nacemos con motivaciones adquiridas, no obstante las mismas no son artificiales—son simplemente una expresión de lo que procuramos ser. La búsqueda de la intoxicación no es más anormal que la búsqueda del amor, de los accesorios sociales, de las emociones, del poder, o de cualquier número de otros motivos adquiridos.

Tan agudo es este deseo humano de alterar nuestro estado mental que podríamos perdonar la hipérbole de Siegel cuando etiquetó a la misma como “el cuarto impulso.”

La guerra estadounidense contra las drogas es realmente un combate contra nuestro propio cuarto impulso. Nuestro lenguaje es descuidado, por supuesto. La guerra contra el cuarto impulso es, como la aventura coreana de Truman, una acción policíaca con objetivos limitados. Demasiada de nuestra actividad sirve al cuarto impulso como para declararle la guerra incondicional. Para la mayoría de nosotros, la búsqueda de un estado alterado comienza temprano en el día, con una taza de café. El alcohol es inextricablemente parte de nuestro tejido social, y el tabaco, a pesar de estar cada vez más desacreditado y limitado en términos de los lugares donde el mismo puede ser utilizado, aún se encuentra disponible para un toque legal. El tabaco y el alcohol se encuentran fuera de la zona de combate pese a la circunstancia de que los mismos imponen más costos sobre la sociedad que todas las drogas ilegales combinadas. Un auténtico guerrero de la drogas, como MacArthur en Corea, no toleraría tales esfuerzos a medias.

William Bennett, lo más parecido que tenemos a un MacArthur de la guerra contra las drogas, es más sagaz que el viejo soldado descolorido. Para nada un defensor de la guerra, Bennett comprende la panoplia de intereses que la posibilitan, al seleccionar a algunas sustancias del cuarto impulso para la prohibición mientras se deja que otras, más peligrosas, sean legales. Notorios buscadores del placer del cuarto impulso tales como Jesé Helms protegen los intereses del tabaco estadual mientras que extrañamente, la NORML (sigla en inglés para la National Organization for the Reform of Marijuana Laws, es decir la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Marihuana) no puede alcanzar la primera base en su intento por legalizar la hierba.

Prohibir el alcohol y el tabaco es simplemente imposible. Más de 100 millones de estadounidenses bebieron alcohol el mes pasado. Más de 50 millones fumaron. Estos usuarios de droga constituyen cerca de la mitad de la población adulta, demasiados delincuentes potenciales para el sistema legislativo. Hay pocos usuarios de drogas ilícitas, pero los mismos también colman las camas disponibles en las prisiones. Los Estados Unidos tienen espacio para cerca de 1.5 millones de individuos en sus cárceles y prisiones. Más de 1.2 millones de personas consumieron cocaína en el pasado mes y casi 5 millones la utilizaron dentro del pasado año. Más de 9 millones de estadounidenses consumieron hierba el mes pasado.

En julio de 1995, Newt Gingrich les dijo a sus compañeros republicanos que las drogas ilícitas deberían ser legalizadas, si es que no estamos dispuestos a ganar la guerra contra las drogas. Ganar la guerra es una intrigante idea del Vocero quien desea equilibrar el presupuesto. Encarcelar a todos los consumidores de cocaína por un año insumiría cerca de $74 mil millones (billones en inglés) después de que construyésemos otras 3.5 millones de camas en las prisiones. Los gastos operativos para encarcelar a todos los usuarios recientes de marihuana alcanzarían los $136 mil millones (billones en inglés). Declarando una Jihad contra la hierba, unos groseros $365 mil millones (billones en inglés) podrían poner a todos los que la consumieron el año pasado en el calabozo. Esto es cinco veces el gasto estadual y local total en la justicia criminal, incluyendo a la policía, los tribunales y los correccionales. Una verdadera guerra contra las drogas rompería el presupuesto.

Que no podemos eliminar a todo el consumo de drogas no es algo que sorprenda. Más desconcertante es por qué la acción policíaca contra las drogas se vuelve ocasionalmente virulenta, tan sólo para luego volver a amainar nuevamente tras fracasar en destruir al enemigo dentro de la mayoría de nosotros. Los académicos que buscan la respuesta a este interrogante ven salir humo de las armas de las agencias gubernamentales cuyos intereses son satisfechos mediante la criminalización de actividades que les vienen naturalmente a sus conciudadanos.

Intensificar la acción policíaca contra las drogas es verdaderamente quijotesco—es una lucha contra la naturaleza humana cuyo éxito requiere la derogación de las leyes de la economía. De hecho, el “quinto impulso” puede ser el espíritu emprendedor y su acólito la búsqueda de beneficios; un impulso que mina cada esfuerzo prohibicionista. Para superar a estas abrumadoras fuerzas en oposición, se requieren medios extraordinarios. El precio de este fallido esfuerzo en los Estados Unidos puede ser hallado en una declinación de la seguridad pública, en un quebrantado sistema de justicia criminal, y en las erosionadas libertades civiles.

Nuestra historia tiene dos partes. Una es sobre la futilidad de suprimir al cuarto y al quinto impulso. Las políticas públicas que intentan frustrar los fuertes motivos de los consumidores y los motivos de los oferentes están con frecuencia abrumadas como un castillo de arena por la marea entrante. La otra es acerca de por qué los agentes que supuestamente representan a los intereses del público, insisten en construir estos condenados castillos de arena.

La aplicación de ley es más eficaz en limitar la importación de marihuana, en gran medida debido a que la misma debe ser enviada en fardos grandes a fin de contrabandearla a los mercados estadounidenses de una modo que resulte rentable. Privado de la barata hierba extranjera durante los años 80, el precio de la marihuana se elevó y, según un estudio de la Corporación RAND, los consumidores de marihuana recibieron penas más severas cuando eran arrestados y encontrados culpables. En el lenguaje de los economistas, el “precio total” de la hierba estaba incrementándose.

La ley más fundamental de la economía, la ley de la demanda, dice que los consumidores comprarán menos cuando el precio sube. Los ingenuos guerreros de la droga conocen acerca de la ley de la demanda, así que celebran los efectos de la interdicción de toneladas de marihuana, seguros de que incontables jóvenes son salvados de una vida arruinada por el consumo siempre creciente de drogas, debido a que el precio elevado de la hierba los alejó de esa primera experiencia con un porro.

Un poco de conocimiento puede ser peligroso. Como Mark Twain lo observó una vez, lo que usted sabe que no es cierto puede causar más daño que lo que usted no sabe. Un precio creciente de la hierba hará que los consumidores de la misma se ajusten: pueden consumir menos marihuana y colocar el dinero ahorrado en una cuenta para pagar la cuota de la universidad (la opción preferida por el ex Zar de la Droga y autor de The Book of Virtues o El Libro de las Virtudes, William Bennett), pueden comprar más cerveza, o comenzar a construir aeroplanos de juguete para obtener un toque de pegamento, o probar la cocaína. Cuando se trata de las consecuencias no queridas de sus políticas—consecuencias que son fácilmente predecibles con una comprensión de cómo funcionan los mercados—los guerreros de la droga lucen desorientados.

Las políticas que incrementaron los precios de la marihuana provocaron una reacción en cadena que probablemente empeoró las cosas. Los individuos que intentan satisfacer al cuarto impulso comprarán otros artículos debido a la suba en el precio de la hierba, pero los magos de la anti droga tienden a olvidar que el dinero que era gastado en la hierba también será gastado en el cuarto impulso. Después de todo, cuando se eleva súbitamente el precio de la carne vacuna, la gente no compra barras de caramelo, compra otras carnes. Lo mismo sucede con los fumadores de hierba. Un precio más elevado de la hierba no los disuadirá del abuso de sustancias y no los colocará en el sendero de las virtudes.

Un estudio de 1994 de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas encontró que la juventud tiende a beber más cerveza cuando el precio de la marihuana sube, con el resultado de más fatalidades en accidentes de tránsito. Los bebedores de cerveza son más propensos a beber y a conducir así como también son conductores más peligrosos que aquellos en un estupor de hierba. La investigación demuestra que los conductores afectados por el alcohol son más agresivos que aquellos bajo la influencia del hachís.

En los albores de la histeria anti comunista algunos estadounidenses sostenían que era mejor estar “muertos que rojos.” Los guerreros de la droga pueden ser descendientes directos de estos verdaderos creyentes, prefiriendo al parecer sujetar a sus niños al alcohol asesino antes que a la mucho más desacreditada hierba.

Los fumadores de hierba pueden volcarse también a drogas más duras. Un estudio del National Institute of Justice divulgó que existió un precipitado incremento en el consumo de cristales de meta-anfetamina durante 1985-86 después de que el programa de destrucción de cultivos diezmara la oferta de marihuana en Hawai. Un estudio de 1993 sobre los episodios en la sala de emergencias del hospital, encontró que los estados que descriminalizaron a la marihuana durante los años 70 poseían menores casos que involucraban a otros tipos de drogas ilegales. Hacer a la hierba asesina más difícil de obtener durante los 80, también contribuyó a elevar el consumo de cocaína la cual, al mismo tiempo, se estaba abaratando y tornándose más disponible. Otra consecuencia inesperada de los éxitos de la guerra contra la droga, en este caso contra la marihuana.

Cerca de un tercio de la marihuana embarcada hacia los EE.UU. a mediados de los años ochenta estaba siendo interceptada. Los empresarios, buscando un producto alternativo para vender al precio más bajo del mercado de las drogas, se volcaron a la más fácilmente ocultable cocaína e introdujeron el crack adoptando simplemente una tecnología ya en uso en las Bahamas. Los resultados fueron dramáticos. El consumo de cocaína en su nueva forma se elevó mientras que la oferta estallaba: los precios promedios de la cocaína en 1989 eran menos de la mitad de su nivel de 1979 y los estudiantes secundarios informaban que la disponibilidad de la droga aumentó durante los años 80.

Las consecuencias involuntarias de los rigurosos y relativamente exitosos esfuerzos contra la hierba son claros: nuestra juventud fue puesta en un peligro aún mayor al elevarse el consumo de cerveza y de drogas más duras. Enfrentando un precio más elevado de la marihuana, nuestra juventud al parecer no escogió adquirir El Libro de las Virtudes, sino que por el contrario, busca otras maneras—y a veces formas más dañosas—de satisfacer al cuarto impulso. Los empresarios están felices de poder adaptarse.

Reducir la oferta de aquellas drogas que satisfacen al cuarto impulso es un esfuerzo vano por parte de los guerreros de la droga. Otra ley fundamental de la economía nos dice que la oferta de una droga ilícita caerá a medida que se incrementen los costos. La política del guerrero de la droga es la de elevar el costo de proveer una droga aumentando las oportunidades de ser arrestado y alargando las sentencias en prisión para los distribuidores y traficantes condenados. Hasta ahora, como en el caso de la demanda de drogas, los guerreros de la droga parecen pensar que la efectiva aplicación de las leyes contra las mismas hará que los potenciales proveedores le pidan prestado a un usuario reformado El Libro de las Virtudes y comiencen una actividad legal. Dado que los mismos tienen experiencia en la actividad ilegal y conexiones en el negocio, son más proclives a proveer otras drogas que sean actualmente relativamente más rentables de producir y distribuir.

Los intentos del gobierno de frustrar el comercio de drogas no son rival para la creatividad empresarial. Considérese una vez más el caso del hachís. La exitosa interdicción de la marihuana procedente de América Latina incrementó los precios internos, proporcionando un claro incentivo para aumentar la producción doméstica. Consecuentemente, se estima ahora que la industria de la marihuana de $32 mil millones es la mayor cosecha de efectivo de la nación. Un estudio de los cultivadores de marihuana en Illinois halló que algunos granjeros se incorporaron a la industria dada una necesidad económica—el precio relativamente alto de la marihuana parecía ser una manera pragmática de salvar a la granja familiar para estos agricultores.

El esfuerzo de California de frustrar a los cultivadores de marihuana mediante la vigilancia aérea evidencia la respuesta creativa de la industria a la acelerada aplicación de las normas. A medida que los riesgos del cultivo al aire libre se incrementaban, los agricultores iniciaron el cultivo en interiores, usando semillas de marihuana particularmente bien adecuadas para el alto rendimiento bajo la luz artificial. Hidropónicos automatizados son empleados para alimentar las plantas, generadores diesel son requeridos para encubrir el consumo elevado de energía, y gruesas paredes de concreto enmascaran la acumulación de calor, la cual podría ser detectada por los sensores infrarrojos instalados en el avión. Estas innovadoras técnicas de producción se encuentran ocultas debajo de casas ordinarias y producen cuatro cosechas al año, las que generan millones en beneficios. Y el economista Mark Thornton, en el nuevo libro del Independent Institute, Taxing Liberty and Other “Sins”, explica que en un esfuerzo por embalar una dosis más grande en un paquete más pequeño, que pueda ser más fácilmente escondido de los ojos fisgones de la policía, los granjeros de la marihuana han desarrollado nuevas y cada vez más potentes variedades. La prohibición condujo a la substitución de la cerveza por el licor fuerte; la guerra contra las drogas ha conducido al desarrollo de la cocaína crack y de la súper hierba.

El combatir la oferta de cocaína es igualmente infructuoso. El masivo esfuerzo dirigido contra el cártel de Medellín en Colombia ha dañado a ese grupo, pero ha también conducido a una mucho más dispersa red de procesamiento y transporte que complica los esfuerzos futuros. En 1992 el Subcomité de la Judicatura del Crimen de la Cámara de Representantes de los EE.UU. informó que la cocaína estaba siendo procesada en unos 13 países. El número de países que servían como puntos para el trasbordo de la misma se incrementó de once a veinticinco. Por lo tanto, los esfuerzos dirigidos contra Medellín dieron lugar simplemente a la expansión del comercio de la cocaína en la mayoría de los países de América del Sur y Central, tornando a los esfuerzos de la interdicción cada vez más costosos e ineficaces. Asombrosamente, nos dicen ahora que los éxitos recientes contra el cártel de Cali tendrán un impacto importante en el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero incluso si la frontera sur pudiese ser sellada, el tráfico continuará. La heroína proveniente del Triángulo de Oro de Asia está actualmente fluyendo hacia los mercados de los EE.UU. a través de Canadá, en la medida que los contrabandistas han descubierto que la extensa y deshabitada línea costera de la Columbia Británica es una ruta de fácil acceso hacia los mercados norteamericanos. ¿Podemos cercar la frontera norte también? Los informes de exitosas interdicciones de drogas son cosas de las relaciones de los medios de comunicación no de una oferta disminuida.

Infortunadamente, la ineficacia de los esfuerzos en la aplicación de ley es un defecto modesto comparado con la cadena de problemas que los mismos exacerban: un aumento del crimen contra la propiedad, un crimen más violento, el confinamiento de los derechos constitucionales, y el atraer a los jóvenes a la actividad criminal.

Que las ansias por drogas provocan que los consumidores regulares de las mismas asalten y roben para pagar su hábito, es el gran mito de la guerra contra las drogas. Los autores del mito desean que creamos que los consumidores de drogas son la causa del crimen. Si las drogas causan otro crimen entonces una guerra contra las drogas es una política en la que todos ganan pues desalienta al cuarto impulso mientras que reduce el delito.

La teoría el “todos ganan” se encuentra equivocada en su premisa básica: la mayor parte de la evidencia demuestra que el crimen contra la propiedad no es causado por el consumo de drogas. Estudios de internos carcelarios del Instituto Nacional de la Justicia hallaron que casi la mitad de los consumidores regulares de drogas duras, se encontraban empleados a tiempo completo durante el mes que precedió a la comisión del delito. Solamente el 29 por ciento de estos abusadores de drogas crónicos informó poseer un ingreso ilegal el cual, por supuesto, incluye ganancias del crimen más lucrativo—la venta de drogas. Mientras que la actividad ilegal tiende a incrementarse durante los períodos de consumo intenso de drogas, la mayor parte de las investigaciones sugieren un nexo relativamente débil entre el crimen contra la propiedad y el consumo de drogas.

Los estudios de la secuencia temporal del abuso de drogas y del crimen confirman esta conclusión. Un estudio de la Oficina de Estadísticas de la Justicia de los EE.UU. sobre los internos penitenciarios, descubrió que aproximadamente la mitad de los internos habían consumido alguna vez una droga importante, y que apenas tres quintas partes de aquellos que consumieron una droga importante regularmente no lo hicieron sino hasta después de su primera detención por algún crimen no vinculado a las drogas. La mayoría de estos internos eran criminales que más tarde se volcaron a las drogas. Una encuesta de los internos carcelarios informó que más de la mitad de los internos de las cárceles locales que admitían el consumo regular de drogas, manifestaron que su primer arresto tuvo lugar por una ofensa no relacionada con las drogas, unos dos años en promedio antes de su primer consumo de drogas.

En vez de las drogas provocar el crimen, es más factible que la aplicación de las normas contra las drogas lo provoquen. Esto ocurre en virtud de que los oficiales de policía tienen tiempo solamente para perseguir una fracción de todos los crímenes cometidos. Incrementar los esfuerzos de aplicar las leyes contra las drogas, significa que los oficiales de policía deben ser retirados de otras actividades. Encontramos que la creciente aplicación de las normas contra las drogas en Illinois, dio lugar a una declinación en el control del tráfico en general y a un descenso agudo en los arrestos por conducir en estado de ebriedad. Los caminos en Illinois se volvieron por consiguiente, más peligrosos: las fatalidades en accidentes de transito se elevaron dramáticamente con relación al resto del país.

En la Florida, nuestra investigación revela que la Guerra contra las Drogas fue peleada a expensas del crimen contra la propiedad en la medida que los esfuerzos de la policía se volcaron a combatir a las drogas. Esto significa que las oportunidades de ser arrestado por un crimen contra la propiedad caen, y que los ladrones pueden cometer más crímenes antes de ser aprendidos. Estimamos que existió un aumento del 10 por ciento en los crímenes contra la propiedad, en virtud de la reasignación del esfuerzo de la policía del crimen contra la propiedad a los delitos vinculados con las drogas en la Florida entre 1984 y 1989. El experto en políticas sobre las drogas Mark Kleiman, confirma esta visión: “gran parte del incremento en la aplicación local de la leyes contra las drogas durante los años 80 se dio a expensas de otros esfuerzos de aplicación de la ley... Consecuentemente, ciertas clases de crímenes contra la propiedad son tratados como indignas de investigación o de procesamiento.”

Los defensores de la guerra contra las drogas, también apoyan su posición con el mito de los asesinos enloquecidos por la droga, argumentando que las drogas vuelven violenta a la gente. Volúmenes de investigaciones proyectan aspersiones sobre un vinculo causal entre el consumo de drogas y la violencia. Más plausible es una conexión entre la aplicación de las leyes contra las drogas y la violencia. El incremento de la misma tiende a interrumpir los mercados de drogas locales, provocando que los distribuidores busquen mercados más seguros. Si estos mercados se encuentran ya siendo atendidos por otros distribuidores, la violencia, la cual es uno de los métodos estándares de la competencia en los mercados ilícitos, puede entrar en erupción. Incluso, sin una agresiva aplicación de la ley, los mercados ilegales de la droga generarán violencia debido a que los participantes deben recurrir a las amenazas y al daño físico para hacer cumplir los contratos, dado que los tribunales no atienden a las empresas ilegales.

Un estudio de la Ciudad de Nueva York descubrió que cerca del 40 por ciento de los homicidios estaban directamente relacionados con el comercio de drogas ilegales. Solamente el 7.5 por ciento de los homicidios fueron atribuidos a las propiedades psicofármacológicas de las drogas. El alcohol estuvo involucrado en el 80 por ciento de los homicidios causados por el uso de drogas, confirmando que el trago puede ser la droga más peligrosa.

La mayor parte de la violencia relacionada con las drogas ilícitas es causada por la ilegalidad de estos productos y por la intervención de la policía, no por las propiedades farmacológicas de las sustancias que satisfacen al cuarto impulso. Considérense por ejemplo, las recientes experiencias de Québec con los impuestos sobre los cigarrillos. Los niveles impositivos en un 60 por ciento en exceso sobre los cigarrillos pueden haber reducido en algo el consumo de los mismos, pero también convencieron a muchos fumadores de que estaban justificados al quebrantar la ley. El cuarto impulso no puede ser prohibido mediante las leyes y la policía, y no puede ser tampoco gravado. Aproximadamente la mitad de los cigarrillos en Québec eran comprados en los mercados negros ilegales para evitar los impuestos al consumo; de hecho, uno de cada nueve cigarrillos consumidos en todo el país fue ilegalmente adquirido. Por ejemplo, Canadá exportó alrededor de 7.6 mil millones (billones en inglés) de cigarrillos a los EE.UU. en 1992, y la policía estima que el 80 por ciento de los mismos fueron introducidos de contrabando nuevamente a Canadá.

El contrabando de cigarrillos era tan lucrativo que el crimen organizado se involucró en él. Las pandillas de contrabandistas rivales se tiroteaban mientras competían por su parte del mercado ilegal. Grandes buques fueron robados, pertrechados con armas, y pintados de negro para el contrabando nocturno. La policía canadiense fue forzada a involucrarse en los mismos tipos de esfuerzos de interdicción contra los cigarrillos que los EE.UU. están en la actualidad procurando para las drogas ilegales. Los resultados fueron también similares: el flujo de cigarrillos ilegales a Canadá no fue reducido. Y esta vana medida enérgica contra los evasores del impuesto y los contrabandistas exigió que los impuestos fuesen incrementados para apoyar un sistema de justicia criminal más grande o que los recursos de la justicia criminal sean alejados de los esfuerzos de disuadir a los rateros, a los ladrones, a los violadores, y a otros criminales que amenacen las vidas y la propiedad. Los ciudadanos de Québec reconocieron al parecer la futilidad de esta guerra limitada contra el tabaco, y a comienzos de 1994 su gobierno anunció una reducción masiva en el impuesto provincial a los cigarrillos.

El proceso agresivo de una guerra contra las drogas puede también incrementar el crimen contra la propiedad y el de tipo violento, atestando a las prisiones con los delincuentes de la droga, forzando a una temprana liberación de los criminales predadores, los cuales son una amenaza para las personas y para la propiedad. La sobrepoblación de las prisiones de la Florida proporciona uno de los ejemplos más dramáticos de cómo el aumento de los esfuerzos de aplicación de las leyes anti droga puede comprometer el castigo de otros criminales. En 1984 cerca de 1.620 delincuentes relacionados con las drogas fueron admitidos en las prisiones de la Florida. Para 1989 su número se incrementó rápidamente a 15.800, más de una de cada tres admisiones. El volverse duros contra los delincuentes de la droga dio lugar a la clemencia para otros. Hacia fines de 1989, el prisionero promedio cumplía cerca del 33 por ciento de su sentencia, por debajo del 50 por ciento típicamente cumplido antes de que la guerra contra las drogas se extendiera. En diciembre de 1989, cerca del 37 por ciento de los prisioneros liberados habían cumplido menos del 25 por ciento de su sentencia y algunos cumplieron menos del 15 por ciento de la misma.

Las camas en las prisiones están también escaseando. Si este recurso escaso es dedicado a los delincuentes no violentos de la droga, las camas no pueden ser utilizadas para otros criminales. Las severas consecuencias no son difíciles de encontrar. Actuar suavemente con Frank Potts fue otra consecuencia involuntaria de la guerra contra las drogas.

Sentencias más duras para los distribuidores pueden tornar más cautelosos a los empresarios de la droga, haciéndolos prolongar la cadena de distribución e implicando a más gente en el comercio de las drogas. Los jóvenes se vuelven de manera creciente empleados más atractivos para el negocio debido a que se enfrentan a un riesgo mucho menor de encarcelamiento que los adultos. Aquellos jóvenes a los más deseamos salvar del consumo de drogas son inextricablemente atraídos por la oportunidad económica proporcionada por la guerra contra las drogas. Un estudio de 1990 de la Corporation RAND sobre los traficantes de drogas en Washington, D.C., encontró que la mayoría de los jóvenes atraídos dentro del comercio de las drogas no eran consumidores cuando comenzaron a vender, pero si lograron sobrevivir y prosperaron entonces también se volvieron consumidores.

La guerra contra las drogas ha minado la seguridad de los estadounidenses incluso de otra manera: los ciudadanos se han vuelto más vulnerables a los ataques de su gobierno. La histeria sobre los mercados de las drogas condujo a los tribunales a relajar los estándares para los allanamientos y confiscaciones razonables y la invasión de la privacidad individual. Los académicos legales han examinado detalladamente estas cuestiones. La importancia que le otorgan a la intrusión de la guerra contra las drogas en estas áreas es capturada en los títulos de varias artículos jurídicos: “The Incredible Shrinking Fourth Amendment,” “Another Victim of Illegal Narcotics: The Fourth Amendment,” and “Crackdown: The Emerging ‘Drug Exception’ to the Bill of Rights.”

La política estadounidense en materia de drogas es un fracaso obvio. Las drogas se encuentran fácilmente disponibles para satisfacer al cuarto impulso. Los Estados Unidos están menos seguros debido a esta política quijotesca. Existe más crimen contra la propiedad y más violencia. En vez de proteger a la juventud, la guerra atrae al más vulnerable dentro del comercio de drogas. Ha facultado al gobierno a expensas de los derechos individuales. ¿Con tal antecedente de logros, cómo podemos explicar la escalada en la aplicación de las leyes antidrogas que se iniciara durante los años 80?

Una cosa es cierta: no existía ningún deseo creciente de la opinión pública exigiendo una guerra contra las drogas. Los sondeos de opinión de Gallup ni siquiera interrogaban acerca de si el abuso de drogas era “el problema más importante” a comienzos de los 80, y solamente el 2 por ciento respondió afirmativamente en enero de 1985. La oficina del “zar de la droga” fue creada por la ley Contra el Abuso de Drogas en noviembre de 1988, cuando cerca del 11 por ciento de los consultados por Gallup pensaban que el abuso de drogas era el principal problema de la nación.

William Bennett utilizó su oficina como un púlpito amenazante, edificando el apoyo para el esfuerzo de la anti droga. En mayo de 1989, un 27 por ciento pensaba que el zar de la droga lidiaba con la cuestión más importante de todas, una proporción que se elevaría al 38 por ciento en noviembre de ese año. Puesto que los arrestos por drogas por cada 1000 habitantes aumentaron rápidamente después de 1984 y alcanzaron su pico en 1989, está claro que fue la política la que condujo a la opinión pública, no a la inversa.

Pesa a la noción popular de que los legisladores son los principales impulsores de las políticas públicas, el impacto independiente de los legisladores en la política de combatir las drogas es mínimo. Una razón es que su papel primario en los esfuerzos contra el crimen—con excepción del presupuesto para las prisiones, los tribunales, y la policía—es para modificar el código penal. Los cambios del código son una herramienta de la política que está relacionada con continuar un línea, dado que la aplicación de la política descansa con la policía, los fiscales, y los jueces. El impacto independiente de los legisladores en la guerra contra las drogas se encuentra también minado por el hecho de que los mismos inician o escriben pocas leyes de cualquier clase. En cambio, los legisladores actúan como intermediarios, patrocinando ante la legislatura leyes que se originan en las oficinas de los grupos de interés. Los grupos de interés bien organizados que dominan la legislación sobre la justicia criminal, están en la tarea de aplicación de la ley—los jefes policiales, los sheriff, y los fiscales.

Una investigación reciente sugiere que la policía ha desempeñado un papel político particularmente importante en la aceleración de la guerra contra las drogas. La mayor parte de las personas en las organizaciones públicas y privadas desean tener un trabajo importante, discreción, presupuesto suficiente para efectuar bien la tarea, seguridad, y prestigio. Los burócratas de la policía también tienen estos intereses personales, los cuales puedan colisionar con el “interés público.”

Una mayor aplicación de las leyes anti drogas puede incrementar los presupuestos policiales. Las agencias de aplicación de la ley tienden a obtener más recursos cuando los “necesitan” para combatir al crimen creciente. Los estudios también muestran que una productividad más alta de la policía—medida por más detenciones—tiende a acrecentar el presupuesto policial. En este ambiente fiscal, una guerra contra las drogas es una política hecha en el paraíso desde la perspectiva de la agencia. Cuando los oficiales pasan más tiempo efectuando arrestos fáciles por drogas durante operativos callejeros, por ejemplo, aumentan la medida de la productividad del departamento. Los delincuentes contra la propiedad es menos probable que sean capturados por cualquier delito simple cuando la policía se está concentrando en las drogas, así que el índice de criminalidad se eleva. Esto coloca a la policía en una posición envidiable al momento de negociar un presupuesto más grande: la medida de la necesidad para la policía, los crímenes reportados, se incrementa a medida que más detenciones sugieren que son cada vez más productivos.

Las agencias policiales tuvieron una razón aún más convincente para centrarse en la aplicación de las leyes anti drogas después de que la Ley Comprensiva del Crimen de 1984 incrementara los incentivos para confiscar los activos de los vendedores y de los traficantes de drogas. Esta legislación exigía que el Departamento de Justicia compartiese los ingresos provenientes de los activos incautados con las agencias estaduales y locales que participan de las investigaciones, aun si la legislación estadual prohibía a estas agencias retener dichos activos, canalizando las confiscaciones hacia rentas generales o a los presupuestos del área de la educación. Las agencias de aplicación de la ley en los estados que limitaron su capacidad de beneficiarse de la confiscación de activos, comenzaron a sortear a estas leyes después de 1984, realizando rutinariamente arreglos para la “adopción” federal de los casos de confiscación, incluso cuando no existía implicación federal alguna en la investigación, de modo tal que los ingresos pudiesen ser regresados a la agencia local. Nuestra investigación sugiere que fue esta ley de confiscación de activos de 1984 la que realmente puso a la guerra contra las drogas a toda marcha. Después de su sanción, la policía local comenzó a proporcionar las tropas que los federales necesitaban para emprender su guerra.

Una vez que los intereses de la educación y otros afectados por esta desviación de los fondos estaduales se percataron de esta práctica, abogaron por un cambio en la ley. Fueron exitosos: La Sección 6077 de la Ley Contra el Abuso de Drogas de 1988 modificó los procedimientos de confiscación de activos, de modo tal que fondo alguno seria distribuido de un modo que eludiese a la ley estadual. El Departamento de Justicia interpretó la ley para asignarle un destino a todas las confiscaciones adoptivas.

Esta sección de la ley de 1988 fue atacada inmediatamente por los oficiales estaduales y locales encargados de su aplicación. La confiscación de activos civiles se había vuelto muy popular entre las agencias de aplicación de la ley. Para 1990, más del 90 por ciento de los departamentos de policía en jurisdicciones con una población de más de 50.000 informaron haber recibido dinero o bienes provenientes de un plan de confiscación de la droga. Durante las audiencias ante el Subcomité sobre el Crimen de la Cámara de Representantes de los EE.UU., los mismos testificaron que el esfuerzo por controlar las drogas fracasaría si no pudiesen beneficiarse con la incautación de activos. A pesar del difundido abuso de las leyes de confiscación, la Sección 6077 de la Ley Contra el Abuso de Drogas de 1988 nunca entró en vigencia. Su abrogación fue disimulada en la Ley de Apropiaciones de la Defensa de 1990 y la derogación fue hecha retroactiva. Las agencias policíacas ganaron esta competencia política sobre la manera cómo los activos incautados serían utilizados.

Durante las audiencias de la derogación un funcionario de Carolina del Norte señaló “Si esta coparticipación financiera se detiene, mataremos a la gansa que puso el huevo de oro.” Y de oro es. Desde 1984 el Departamento de Justicia ha recaudado $3.8 mil millones en concepto del valor de la propiedad incautada, la mayor parte de los cuales han retornado a las agencias estaduales. Mucho más fue confiscado bajo la ley estadual, dado que muchos legisladores del estado, viendo el huevo de oro, modificaron sus leyes para cumplir con la ley federal.

Otro testimonio reveló que las agencias de aplicación de ley se estaban concentrando en las confiscaciones antes que en las convicciones criminales. Un fiscal de los EE.UU. dijo “Los agentes de la droga tendrían mucho menos incentivo para perseguir a los activos potencialmente mantenidos por los traficantes de drogas, puesto que no habría recompensa alguna por tales esfuerzos y concentrarían su tiempo y recursos en el procesamiento criminal.”

Permitir que la policía se beneficie de los activos incautados de la rica industria de las drogas ilegales tiene un impacto enorme sobre cómo la policía asigna su esfuerzo. Nuestro informe del The Independent Institute, Illicit Drugs and Crime, sugiere que una ley estadual que le permita a la policía conservar los activos incautados eleva el cociente entre los arrestos por drogas y el total de las detenciones en por lo menos un tercio. Los intereses policiales, no el interés público, parecer estar en la raíz de la guerra contra las drogas de los años 80.

El poder de este interés propio era tan fuerte que los fiscales federales ignoraron aparentemente un fallo de la Suprema Corte de 1989 que debiera haber limitado la práctica. El problema es simple: los traficantes de drogas son procesados bajo los estatutos criminales y luego sus activos son confiscados bajo un procedimiento civil. Esto significa que el demandado está sujeto a dos castigos por el mismo crimen, una violación a la cláusula del doble juzgamiento en el Bill of Rights. El quinto impulso se aplica a los jefes policiales y a los empresarios de la droga por igual.

En 1995 la Suprema Corte clarificó cualquier malentendido respecto de su pronunciamiento de 1989—y en el transcurso pone en duda a cientos de procesamientos lo que implicó un juzgamiento doble. Existe conflicto acerca de por qué los agentes federales continuaron colocando a los traficantes de droga en ese doble juzgamiento. Los fiscales sostienen que no creían que el pronunciamiento de 1989 era relevante a estos casos. Una interpretación más cínica es que los mismos obtuvieron mucho dinero confiscando los activos.

Los estatutos de la confiscación de activos en manos de los funcionarios encargados de la aplicación de las leyes a nivel estadual y local, son una amenaza básica a la ciudadanía. Las leyes de confiscación se encuentran supuestamente diseñadas para proteger a los tenedores con derecho de retención y a los dueños cuya propiedad es utilizada sin su consentimiento, pero los derechos del dueño son tenues dado que la mayoría de los estados prohíben las demandas reclamando que la propiedad fue tomada incorrectamente. Esta prohibición, junto con la circunstancia de que el procedimiento tiene lugar en una audiencia de confiscación civil, disminuye la capacidad de los dueños de defenderse. Los dueños cuya propiedad es presumida de haber sido utilizada en un delito vinculado a las drogas, o adquirida con los beneficios del comercio de drogas, deben suministrar la prueba de que son inocentes y que merecen que su propiedad les sea restituida. Las confiscaciones resultan especialmente atractivas para las agencias policíacas locales cuando logran conservar los ingresos. La policía de Sulphur en Luisiana y la oficina del Sheriff en el Condado de Volusia, Florida, ilustraron cómo esta legislación puede permitirle a la policía confinar a ciudadanos inocentes. Estos no son casos aislados.

Una redada en busca de drogas en la casa de Donald Scott cerca de Malibú, condujo a la muerte de Scott cuando cometió la equivocación de asir un arma para defenderse después de que su puerta fuese derribada. Una orden de allanamiento fue emitida después de que un Sheriff Interino de Los Angeles sostuviera que un helicóptero de la DEA había visto crecer marihuana en el rancho de 200 acres de Scott, pero el verdadero motivo era más siniestro. El departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles había obtenido información estándar de la tasación de la propiedad en el área antes de la incursión. Después de investigar la misma, la oficina del Fiscal de Distrito sugirió “la posibilidad” de que el Sheriff Interino hubiese “fabricado su información” a fin de obtener la orden de allanamiento, y que “la oficina del Sheriff del Condado de Los Angeles estaba motivada, al menos en parte, por un deseo de incautar y de confiscar al rancho para el gobierno.” No se encontró nada de marihuana.

El vil fracaso de la guerra contra las drogas torna claro el pedido de legalización de las mismas. Los conservadores y los liberales se encuentran entre los defensores de la legalización, desde el economista Milton Friedman laureado con el Premio Nóbel, el autor William F. Buckley, del Jr., y el ex Secretario de Estado George Shultz hasta el Alcalde de Baltimore Kurt Schmoke, el columnista Anthony Lewis y el presidente de ALCU Nadine Strossen. Legalizar a las drogas ilícitas significaría tratarlas como al alcohol, sujetándolas a limitaciones publicitarias, impuestos al consumo, límites de edad, y restricciones de tiempo y de lugar. Para muchos críticos de la guerra contra las drogas, esta es la solución lógica a nuestros problemas de drogas. Para los libertarios esta prescripción de política es obvia; rechazan el derecho del gobierno de imponerse sobre nuestra libertad de cualquier manera, siempre y cuando otros no sean dañados. Pero aparte de tales posiciones principistas del problema, la legalización parece ser una alternativa inalcanzable para la atrincherada mentalidad de la prohibición. Eso no significa , sin embargo, que una guerra contra las drogas sea la única línea de acción que queda.

La legalización y la prohibición son los dos extremos del tronco de la absolutista política sobre las drogas; ambos son directos, fáciles de entender, y supuestamente ofrecen una solución al problema de la misma. Aquí yace el problema más grande de los Estados Unidos en la política sobre las drogas: un deseo de “solucionar el problema” de una vez por todas. Un zar de la drogas fue designado, el cual se acercó peligrosamente a actuar como el dueño de la verdad, armado con herramientas que erosionaron al Bill of Rights. En el otro extremo del tronco se encuentran los críticos que desean declarar la victoria y legalizarla pese a la fuerte oposición por parte de los padres estadounidenses de clase media que no desean a exponer a sus hijos a estas drogas.

La política estadounidense parece tener una fijación con la solución rápida; una política de una sola bala para matar al problema de la droga. Pero el consumo de drogas es una condición humana crónica—el mismo es el cuarto impulso—y estaría mejor atendido con un enfoque de la política que confíe en los impulsos pragmáticos de la empresa estadounidense en lugar de en su lado puritano.

Una política de drogas pragmática es lo que han empleado los holandeses por más de dos décadas. Sin embargo, los Estados Unidos no encontrarán ningún modelo de desarrollo para su política de drogas en la experiencia holandesa, al ser una política en constante flujo, que cambia a medida que problemas imprevistos emergen de la dinámica escena de la droga y de las consecuencias no queridas de las pasadas políticas. Holanda también tiene un elaborado sistema de bienestar social y diversas instituciones de la justicia criminal que desempeñan un papel crítico en su política de drogas. Sin embargo, hay aspectos de la política holandesa que pueden ayudarnos a encontrar una salida a nuestra infructuosa guerra contra las drogas.

Lo primero es tener expectativas reducidas respecto de la política de drogas. Una creencia comúnmente sostenida en Holanda es que el cuarto impulso no será conquistado y que los problemas de drogas son una condición crónica. Esta actitud los libera de soluciones simplistas y les permite centrarse en la reducción de los daños asociados con el consumo ilícito de drogas. Los holandeses tienen la política más clemente del mundo hacia los drogadictos, pese a que existe un apoyo político relativamente pequeño para legalizar estas drogas. El derecho de los individuos de arruinar sus vidas con drogas o aventuras quijotescas para eliminar el consumo de drogas no son asunto de la política holandesa. En Holanda hablan del “principio de la conveniencia.”

Descriminalizar la marihuana es una política holandesa que podría ser fácilmente importada a los Estados Unidos. Once estados han tenido una experiencia reciente con esta política. El uso de la marihuana aumentó como resultado de esta política, pero los estudios sugieren que este uso elevado también dio lugar a un menor consumo de cerveza y de drogas duras. Las consecuencias fueron menos fatalidades en accidentes de tránsito entre la juventud y menos menciones a las sobredosis de drogas en las salas de emergencia en estos estados. La experiencia estadounidense con la descriminalizacion del uso de la marihuana demuestra que la misma es un primer paso práctico en una política de drogas más sensible.

Incrementar el énfasis en el tratamiento debería ser una piedra angular de una política de drogas pragmática. Según un estudio de RAND de 1994, el tratamiento de los grandes consumidores de cocaína es siete veces más efectivo que los esfuerzos domésticos de hacer cumplir la legislación anti drogas, los que incluyen confiscaciones de la cocaína y de los activos, el arresto y el encarcelamiento de los traficantes de drogas. Incluso cuando el tratamiento fracasa, el mismo puede ser rentable, informa el estudio, debido a que existen beneficios sustanciales al mantener a los individuos alejados de las drogas mientras se encuentran bajo tratamiento. RAND afirma que cerca de un cuarto de los recursos utilizados para limitar la oferta de cocaína sería mejor empleado en programas de tratamientos reductores de la demanda, sugiriendo que los esfuerzos de aplicar las leyes contra la cocaína no deberían ser abandonados dado que los mismos pueden alentar a los individuos a incorporarse al tratamiento. El tratamiento ordenado judicialmente y respaldado con amenazas de castigos, parece ser efectivo en relación a las políticas publicas alternativas—la prisión o la libertad condicional—y probablemente también en relación con el tratamiento voluntario. Por supuesto, la cuestión de las libertades civiles no se encuentra sopesada en esta conclusión.

La política de drogas en los Estados Unidos coloca a la policía en la posición de tener que elegir entre efectuar redadas de la droga que proporcionan un presupuesto adicional para la agencia o emplear a los oficiales en más cuidadosas investigaciones atinentes a asaltos, robos con allanamiento de morada, o de patrullaje en general, las que pueden desalentar la actividad criminal. Nuestra policía no debería enfrentar tales opciones. ¿Cuántos de nosotros podemos dejar de lado nuestros propios intereses y hacer lo que es mejor para una comunidad que no se percatará de las opciones que hacemos? Quizás la incautación de activos debería seguir siendo parte del arsenal de aplicación de ley, pero seguramente los activos confiscados deberían destinarse a las rentas generales de la jurisdicción en cuestión, en vez de ser destinados al uso por parte de la policía. Y seguramente, las confiscaciones no deberían tener lugar sin una convicción criminal—es tiempo de terminar con las tentaciones de las confiscaciones civiles tal como lo ha propuesto el congresista John Conyers, Jr..

De hecho, la conveniencia en los Estados Unidos significa que el gobierno federal debería salirse de los asuntos vinculados al combate doméstico de la droga. Los problemas atinentes al uso de drogas son sobre todo locales. Solamente la marihuana y la cocaína son utilizadas a través del país, según un estudio de la Corporación RAND. El patrón de consumo de drogas entre los arrestados varía marcadamente según las ciudades. El programa del examen de orina del Departamento de Justicia de los EE.UU. demostró que la cocaína fue detectada en el 23 por ciento de los varones fichados por la policía en Indianápolis durante 1992, comparado con el 53 por ciento en Cleveland. Por otra parte, solamente el 3 por ciento de los varones muestreados en Cleveland dieron positivo para la heroína mientras que el 19 por ciento utilizó esta droga en Chicago. RAND no ofreció ninguna explicación para los patrones extensamente diversos del consumo de drogas entre las ciudades, sino que concluyó que la “tendencia hacia la centralización en la elaboración de las políticas sobre las drogas debería ser revertida.”

El federalismo estadounidense se encuentra diseñado para la experimentación en sus laboratorios de la democracia. La continuidad de la hegemonía federal bajo los Presidentes Reagan, Bush, y Clinton ha aniquilado prometedores experimentos estaduales y locales que descriminalizaban a la marihuana y desalienta la innovación local en la política sobre las drogas. Quizás el devolverle el poder a los estados y responsabilizar a los funcionarios locales de la ley y el orden les haría sopesar las consecuencias de una guerra contra las drogas antes de que comprometan la seguridad de la comunidad empleando demasiados policías y recursos de las prisiones en insignificantes delincuentes de la droga. El devolverle el poder al gobierno local es una idea republicana. El interrogante es ahora si los republicanos en el poder tienen el valor de sus convicciones.

Traducido Gabriel Gasave


Bruce L. Benson es Profesor e Investigador en Economía en la Florida State University, Asociado Senior en The Independent Institute, y autor del libro del Instituto, To Serve and Protect: Privatization and Community in Criminal Justice (New York University Press, 1998).




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