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Consecuencias no deseadas: Causando daño cuando se cree que se está ayudando
23/9/2011
Art Carden

Seré el primero en admitir que la economía tiene sus limitaciones. La economía como tal no puedo decirle qué es bueno y qué es malo. No puede decirle qué valores, gustos y preferencias tener. Pese a estas limitaciones, la economía tiene mucho que enseñarnos sobre los efectos de las políticas que los gobiernos promulgan en aras de promover lo bueno o castigar lo malo, o en la búsqueda de nuestros valores, gustos y preferencias.

Entramos en una confusión fundamental cuando basamos nuestras discusiones de las políticas en sus objetivos declarados y no en sus probables efectos. Dudo que mucha gente esté seriamente en desacuerdo con el hecho de que alimentar al hambriento y vestir al desnudo sean objetivos respetables. Muchas de las políticas que aprobamos en nombre de estos objetivos tienen consecuencias no deseadas y absolutamente contraproducentes. He aquí apenas un par de ejemplos de las consecuencias imprevistas de la interferencia con los precios.

Las consecuencias imprevistas e indeseables de los intentos de implementar el control de alquileres y los salarios mínimos son bastante llanas. El control de alquileres y las leyes contra la “manipulación de precios” generan escasez. Los salarios mínimos crean desempleo, particularmente para aquellos en los márgenes de la sociedad.

Hay otros efectos que son más sutiles pero que no obstante son reales. Hay otros aspectos con relación a un apartamento que el alquiler mensual, y hay más respecto de un empleo que un salario. Interferir con uno de los aspectos de un acuerdo entre compradores y vendedores los anima a ajustar en los aspectos del acuerdo que no se encuentran regulados.

Considérese el caso de la vivienda. Primero, el control de alquileres abre la puerta a la discriminación ya que los futuros inquilinos no pueden competir entre sí ofreciendo alquileres más altos por un apartamento. En un mercado que es dejado a su suerte, todo el que desea un apartamento al precio de mercado consigue uno, y todo el que está dispuesto dar en alquiler un apartamento al precio de mercado encuentra un inquilino. Cuando al precio se lo mantiene por debajo de lo que el mercado soporta, los propietarios pueden ser más selectivos respecto de a quién escogen como inquilino. En un mercado libre y competitivo, un propietario intolerante al menos debe pagar por su intolerancia en forma de menores ganancias. También es probable que estos beneficios más bajos en última instancia lo animen a buscar otra actividad. Cuando las rentas son controladas, la sanción por la intolerancia es eficazmente removida.

Cuando los precios están controlados, la gente también puede ajustar la calidad de los bienes y servicios que están comprando y vendiendo. El control de alquileres lleva a viviendas de alquiler de menor calidad: si los propietarios tienen listas de espera para apartamentos de renta controlada, poseen incentivos más débiles para ser diligentes respecto del mantenimiento. ¿Por qué reparará un propietario las pérdidas de un retrete cuando puede alquilar su apartamento—con pérdida del retrete y todo—a alguien por el mismo precio mañana?

Deberíamos esperar ver un fenómeno similar en el mercado laboral. Los salarios son tan sólo un aspecto de aquello que hace deseable a un empleo. Los trabajadores podrían valorar la capacitación, la flexibilidad, la libertad, o una serie de otros beneficios. Salarios más altos obligatorios significan que los trabajadores y empleadores ajustarán algunos de estos márgenes no regulados. Tal vez la capacitación ya no sea remunerada. Los empleados podrían tener que pagar por las comidas y uniformes que los empleadores solían proporcionar. Las condiciones de trabajo podrían deteriorarse. Los empleadores podrían no ofrecer tanta flexibilidad en los horarios como lo hacían anteriormente. Los empleados podrían no ser capaces de trabajar tantas horas como quisieran al salario vigente. La lista es prácticamente interminable, y estos ajustes difíciles de mensurar son algunas de las razones por las cuales un salario mínimo probablemente coloque a todos (trabajadores y empleadores) en una situación peor a pesar de que podría no causar la pérdida de empleos.

Cuando los gobiernos obligan a la gente a aceptar más cuantía de un atributo de un empleo, también fuerzan a aceptar menos de otro. El debate sobre los talleres de explotación ofrece un ejemplo de ello: aquellos que desean ordenar condiciones de trabajo más “humanas” en las maquiladoras no reconocen que los trabajadores y empleadores compensarán estas mejores condiciones de trabajo con salarios más bajos o mediante la reducción de la calidad del empleo en otros márgenes.

Podría ser tentador responder que esto puede ser solucionado con más intervenciones que tornen ilegal a la discriminación o definan y regulen los bienes y servicios que están siendo comercializados. Pero la gente innovará en torno a estos de maneras imprevistas, lo que precisará de una nueva intervención. Eventualmente, tendremos que pergeñar políticas para hacer frente a las consecuencias imprevistas de la política que promulgamos para lidiar con las consecuencias imprevistas de la primera política que aprobamos. Una vez que la bola de nieve de la intervención comienza a rodar, es difícil de detener.

Rachel Smith revisó este artículo.

Traducido por Gabriel Gasave


Art Carden es Asociado Adjunto en el Independent Institute en Oakland, California, y profesor asistente en el Departamento de Economía y Negocios del Samford University.




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