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Las escuelas públicas y la libertad de expresión “online”: Una actualización de su situación
8/9/2011
Anthony Gregory

¿La Primera Enmienda contempla a los maestros y alumnos de las escuelas públicas en Facebook? La era de Internet ha traído aparejado un nuevo giro en los viejos debates sobre las libertades civiles.

Tres casos recientes ponen de relieve la complejidad de estas cuestiones. La Asociación de Maestros del Estado de Missouri interpuso una demanda cuestionando a la “Ley Amy Hestir de Protección a Estudiantes”, una ley estadual que prohíbe a los maestros y estudiantes públicos interactuar en los medios de comunicación social. Se dice que la ley, que recibe su nombre por una estudiante que fue abusada sexualmente por un maestro, viola la libertad de expresión y asociación de los docentes. Una consideración práctica: los maestros pueden fácilmente abusar de su autoridad sobre los alumnos sin necesidad de Internet. Si Facebook hace que el abuso sea más probable, seguramente también hace que sea más fácil de detectar.

A su vez, las autoridades del Condado de Lake en Florida, han reasignado a un maestro por publicar puntos de vista controvertidos en su página de Facebook. Jerry Buell condenó el matrimonio entre personas del mismo sexo, resollando de furia que ¡Dios no será burlado”. La política distrital sanciona a los empleados por “publicar como ciudadano sobre una cuestión de interés público que no esté relacionada con su trabajo. . . y realizar comentarios que afecten negativamente a la seguridad del distrito”.

También este mes, un Juez federal se pronunció afirmando que una escuela de Indiana se equivocó al castigar a un grupo de alumnos por publicar fotos sugerentes tomadas en un “pijama party”. El tribunal consideró que el código escolar, que prohíbe las exhibiciones que “desacrediten o deshonren. . . a ti o a tu escuela”, era demasiado vago y una violación de la Primera Enmienda, agregando que “[el caso plantea oportunos cuestionamientos sobre los límites que los funcionarios escolares pueden poner a la expresión manifestada por los estudiantes fuera de la escuela en una era de la información en la cual Twitter, Facebook, MySpace, los mensajes de texto, y similares están a la orden del día”.

Los estadounidenses asumen distintas posiciones sobre estas controversias, pero cada una de ellas plantea distintos interrogantes. Además, estos problemas han sido politizados no por los medios de comunicación social sino a causa de las propias escuelas administradas por el gobierno.

Una escuela privada puede legítimamente establecer los estándares para el comportamiento fuera de clase. Se podría prohibir que los docentes y estudiantes sean amigos en línea, vedar a los maestros expresar opiniones religiosas o políticas en línea, y sancionar a los estudiantes por la publicación de imágenes obscenas. Su último recurso sería despedir al maestro o expulsar al estudiante.

Las escuelas públicas complican el panorama. La mera asociación entre docentes y alumnos debería ser legal. Pero en la medida en que la ley de Missouri establece pautas para la política del distrito escolar, puede no haber una respuesta perfecta en los términos de la Primera Enmienda. La mayoría de los padres, que deben financiar el sistema, esperan que exista alguna pauta respecto del personal de la escuela. Cualquier política que se establezca perturbará a alguien.

El caso de Florida tampoco es una simple cuestión atinente a la libertad de expresión, especialmente porque el profesor no enfrenta sanciones penales. La verdadera censura implica multas o penas de cárcel, no simplemente perder un trabajo o ser reasignado. Los libertarios civiles podrían incluso objetar a una institución financiada mediante impuestos que aplicase códigos de expresión en Facebook. Pero, ¿no hay límite a lo que los docentes públicos pueden expectorar en línea, mientras representan al público? Esta es un tema difícil pero sólo respecto de una escuela pública. No existe ningún problema constitucional cuando una escuela privada reasigna a un maestro.

Las cosas tal vez son diferentes respecto a los estudiantes. Ellos y sus padres pueden elegir escuelas privadas a un gran costo, pero los impuestos y las leyes de asistencia obligatoria los convierten en clientes cautivos de las escuelas públicas. Uno podría argumentar que las escuelas públicas pueden legítimamente establecer las normas sobre la conducta fuera del establecimiento entre sus empleados, pero los estudiantes y sus familias se ven obligados a contemporizar con el sistema. Los estadounidenses se indignaron comprensiblemente el año pasado al enterarse que una escuela de Pennsylvania estaba utilizando las cámaras de las computadoras portátiles para espiar a los estudiantes en sus hogares. Mientras que los docentes públicos no tienen “derecho” a un puesto de trabajo sin restricciones, los estudiantes se ven obligados a asistir y deberían tener una expectativa de privacidad en sus casas. Sus padres, no sus escuelas, deberían determinar cualquier pauta disciplinaria para las travesuras durante las fiestas de pijamas.

Todos estos casos plantean interrogantes difíciles e involucran al problemático espectro de la vigilancia de la libertad de expresión en la vida de los estudiantes y docentes. No obstante, todas estas complicaciones surgen porque existen escuelas públicas. Del mismo modo, si las escuelas enseñan la teoría de la evolución o el diseño inteligente, el control de la natalidad o la abstinencia, la teoría keynesiana o la economía de libre mercado, siempre será algo imposible de resolver mientras el público en general sea gravado y supuestamente servido por un sistema escolar monopólico. Este es un motivo para alejarse de un monopolio escolar sustentado a través de los impuestos y la asistencia obligatoria.

Mientras tanto, todos los que valoran a la sociedad civil deberían ser cautos con los códigos de expresión que afecten a los estudiantes y docentes en su tiempo libre, a la vez que tendrían que reconocer que los docentes que trabajan bajo los términos de un contrato de empleo puedan ser reprendidos o despedidos por su comportamiento fuera del ámbito escolar sin que ello necesariamente califique como una absoluta censura prohibida por la Primera Enmienda.

Traducido por Gabriel Gasave


Anthony Gregory es Investigador Editor en The Independent Institute. Obtuvo su título de bachiller en Historia Estadounidense de la University of California en Berkeley y brindó el discurso sobre historia como no graduado en la ceremonia de graduación de 2003. Además de su labor en el Independent Institute, escribe regularmente para numerosos websites de noticias y comentarios, incluidos LewRockwell.com, Future of Freedom Foundation y el Rational Review.




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