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El uso privado de las políticas públicas
1/2/1999
Paul Craig Roberts

Desde los años 30, los “economistas de la corriente mayoritaria” han considerado que siempre existe algún tipo de intervención que el gobierno puede realizar en la economía privada, la que hará que todos mejoren.

Bajo la influencia de este pensamiento, la política económica se convirtió en una búsqueda por espacios de intervención y por una justificación para el crecimiento del poder gubernamental.

La asunción de que el gobierno podía siempre hacer algo más para mejorar las cosas significaba que el gobierno nunca podía ser demasiado grande.

Los economistas efectuaban esta asunción debido a que asumían, ilógicamente, que mientras un individuo en el sector privado estaba actuando en su propio interés, la persona en el gobierno estaba actuando en el interés del público. Nunca se les ocurrió a los economistas que los “servidores públicos” podían, y lo harían, utilizar las políticas públicas para el propósito privado de sus propias carreras.

En cambio, los economistas asumieron que el empresario “despiadado” que era designado en un cargo público experimentaba una transformación y se volvía un Cristo, trabajando para salvar al “interés público” de los codiciosos colegas a los que dejaba atrás en la economía privada.

Sobre ningún otro cimiento más firme que el de esta asunción, los economistas minuciosamente desarrollaron vastas áreas de la economía las que son esencialmente inservibles. Serán capaces de despojarse de gran parte de este bagaje una vez que recobren el juicio y se percaten que las políticas públicas sirven al propio interés de quienes las diseñan.

Los economistas han hecho algunos progresos en darse cuenta que las políticas públicas pueden ser utilizadas privadamente. Ya no es más infrecuente, por ejemplo, que los economistas noten que las acciones anti-monopólicas contra una “firma dominante” son a menudo instigadas por sus competidores no exitosos o derrotados como una manera de protegerse a sí mismos ante la pérdida de su participación en el mercado.

Los economistas han señalado a la causa anti-monopólica del Departamento de Justicia contra Microsoft como un ejemplo de grupos de interés organizados, en este caso los competidores de Microsoft, capturando a la política pública y usándola para servir a sus intereses privados a expensas del público.

Este análisis es más sofisticado que el que puede encontrarse en el tratamiento que los libros de textos le dan al monopolio y a la manera de quebrarlos, pero no va lo suficientemente lejos. El mismo asume que el Fiscal General Asistente Joel Klein no es un actor independiente con sus propios motivos, sino un recurso de propiedad común (como los búfalos lo eran para los indios) a ser capturado por el mejor cazador.

Un mejor análisis reconocería que la persona designada como titular de la División Anti-Monopolios del Departamento de Justicia va a utilizar las facultades de su cargo para progresar en su carrera. Las facultades del cargo no puede ser vendidas al mejor postor, dado que eso sería objeto de enjuiciamiento. Pero el titular del puesto puede identificar un blanco de alto perfil y tramar una causa judicial. Reclamos de Netscape, Novell, y Sun Microsystems – el grupo de intereses organizado – son simplemente una pantalla para las ambiciones de Klein.

Vemos a fiscales comportarse de este modo todos los días. El Ex Fiscal General de Massachusetts Scott Harshbarger, hizo una carrera política incriminando a la familia Amirault con cargos de abuso sexual infantil. La carrera de la Fiscal General Janet Reno está basada en falsas acusaciones de abuso sexual infantil; todas han sido revertidas. Rudolph Giuliani utilizó ficticias causas financieras para obtener el prestigio que lo llevó a ser alcalde de Nueva York y, espera, más allá.

Podemos observar el mismo fenómeno en el gobierno local. Muchas comunidades poseen programas de reciclado de los desperdicios aún cuando la mayoría de los estudios económicos demuestran que dichos programas son un costo neto para los contribuyentes. Claramente, otros intereses que no son los de la gente están siendo atendidos.

Invariablemente, esos intereses son los anhelos de un burócrata “verdoso” para “salvar el medio ambiente” sin importar el costo, y los intereses de los políticos para cimentar la nómina salarial pública al tener tres dotaciones de personal para la recolección de los residuos – una para el vidrio, una para los periódicos y otra para la basura.

La asunción de que las políticas públicas sirven a un interés publico, el cual no es definido, carece de fundamentos empíricos. Es un artilugio ideológico que le sirve a los intelectuales que obtienen una satisfacción emocional privada de su veneración del gobierno como un redentor secular.

“El interés público” es un disfraz para el ejercicio privado del poder público. Esto coloca al fracaso del gobierno bajo una nueva luz.

Adam Smith empleaba la metáfora de una “mano invisible” para explicar como los empresarios buscando su propio beneficio terminaban satisfaciendo el interés de los consumidores. Pero las facultades del gobierno difieren de las facultades del mercado. No es posible sostener que una mano invisible es la que guía al diseñador de las políticas en su propio servicio, para ejercer su poder de maneras desconocidas para él, en nombre de un interés más amplio.

La política gubernamental no puede hacer otra cosa que fracasar, en virtud de que la misma carece de las señales del mercado de los precios y de las ganancias para conectarla con un interés más amplio.

Traducido por Gabriel Gasave


Paul Craig Roberts

es Asociado John M. Olin en el Institute for Political Economy e Investigador Asociado Senior en la Hoover Institution, Stanford University.




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