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El Congreso debería detener a la EPA
9/1/2011
William F. Shughart II

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA es su sigla en inglés), creada durante la presidencia de Richard M. Nixon, celebró recientemente su cumpleaños numero 40.

A la vez que los administradores y empleados de la EPA se congratulaban por algunos trabajos bien hechos—por ejemplo, la cantidad de partículas de materia que inhalan los estadounidenses ha caído drásticamente con la implementación por parte de la agencia de la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act)—tras haber sido revitalizada mediante el apoyo del presidente Obama a una agenda política activista “verde”, también ha propuesto o ya aprobado nuevas reglamentaciones que prometen obstaculizar el crecimiento económico y sumarse al problema del desempleo de la nación.

Considérese lo siguiente:

Pese a la reciente decisión de la administración Obama de retrasar las nuevas normas sobre el smog y las emisiones de las calderas industriales, la EPA se está preparando para reglamentar el dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y los usuarios industriales que consumen petróleo, gas natural y carbón a partir de enero. El costo potencial: la reducción de las emisiones de carbono obligará a muchas pequeñas plantas generadoras de energía alimentadas con carbón a cerrar, casi con toda seguridad aumentará las tarifas de electricidad en todo el país, socavará la competitividad internacional de las empresas de los EE.UU. y enviará más empleos estadounidenses al exterior.

Está proponiendo una reducción en el estándar nacional de calidad del aire-ambiente para el ozono a nivel del suelo, un precursor del smog, que requerirá que las industrias y muchas pequeñas empresas adopten nuevos y costosos controles de emisión. (La oposición pública ha llevado a la EPA a retrasar la cuestión de la norma hasta el mes de julio). Las consecuencias potenciales: según la Manufacturers Alliance, una organización que durante 75 años ha realizado investigaciones económicas, se estima la perdida de 7,3 millones de empleos a partir de 2020.

Acaba de elevar la cantidad de etanol a base de maíz que debe ser mezclado con gasolina del 10 por ciento al 15 por ciento para 2007 y los vehículos más nuevos. Costo proyectado: alrededor de 5 mil millones de dólares al año en subsidios federales.

Se encuentra revisando la legislación federal propuesta para reglamentar el llamado fracturamiento hidráulico en la producción de gas natural, una técnica de perforación que las agencias estatales ya supervisan y que ha sido utilizado en más de un millón de pozos en los Estados Unidos desde 1950. El costo potencial: solo en la zona de Marcellus Shale de los Apalaches, la reglamentación de la EPA podría destruir 280.000 puestos de trabajo potenciales y reducir los ingresos tributarios en 6 mil millones de dólares durante la próxima década, según un estudio realizado por Natural Resource Economics.

Se está preparando para ordenar el uso de costosas torres de refrigeración en las centrales eléctricas nuevas y existentes para proteger a los peces y otras especies acuáticas de las descargas de agua caliente en los lagos, ríos y aguas costeras. El costo potencial: 300 millones por planta de carbón (413 plantas afectadas) a 1.000 millones para las centrales nucleares (59 unidades afectadas). Debido a que probablemente será prohibitivamente caro instalar torres de refrigeración en la mayoría de las plantas de energía, es probable que los servicios públicos tiendan a cerrar sus plantas, lo que les exigirá importar y revender energía a un costo mayor desde otras regiones.

Está proponiendo reglamentaciones para clasificar a las cenizas de carbón como riesgosas para la salud humana. Costo proyectado: más de 20 mil millones de dólares y decenas de miles de puestos de trabajo, mientras aumenta los costos de la electricidad para las empresas que dependen del carbón reciclado para la fabricación de cemento, revestimientos para paredes y materiales para techos.

Se está preparando para ordenar límites a la contaminación del aire en enero para las calderas industriales y comerciales que dan energía a la operación de fábricas de papel, plantas químicas y otras instalaciones. Costo proyectado: basado en un análisis realizado por el Consejo de Propietarios de Calderas Industriales, 20 mil millones de dólares.

Hizo más férreos los estándares de calidad del aire para el dióxido de azufre, el mercurio y el óxido de nitrógeno, afectando negativamente a muchas industrias, especialmente a las empresas de servicios públicos que dependen fuertemente del carbón. Costo proyectado: 70 mil millones de dólares durante la próxima década para reemplazar o reacondicionar las plantas de carbón.

Estos son apenas un puñado de las costosas reglamentaciones que eliminan empleos que la EPA ha impuesto o se dispone a imponer. Muchas de las iniciativas están dirigidas directamente al sector del petróleo y del gas natural, que es un motor importante del crecimiento del empleo y en la actualidad representa el 85 por ciento de los suministros de energía de nuestra nación.

A pesar de los sueños de los burócratas federales y sus partidarios activistas del medio ambiente, los molinos de viento y otras fuentes de energía “verdes” es improbable que reemplacen a los combustibles fósiles en el corto plazo. Mientras tanto, cuando la economía de los EE.UU. se encuentra anémica y casi el 10 por ciento de la fuerza laboral está desempleada, la EPA ha hecho (y puede hacer) mucho daño. El nuevo Congreso debería detenerla.

Traducido por Gabriel Gasave


William F. Shughart II es Director de Investigaciones e Investigador Asociado Senior en the Independent Institute, J. Fish Smith Professor in Public Choice en el Jon M. Huntsman School de Business en Utah State University, dirigió Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination (Transaction, 1997) y The Economics of Budget Deficits (Edward Elgar, 2002).




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