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El posible enjuiciamiento de WikiLeaks
25/8/2010
Ivan Eland

El Departamento de Justicia de los EE.UU. está aparentemente considerando enjuiciar a Assange Julian, el fundador de Wikileaks, una página web que publica documentos clasificados de los gobiernos, en los términos de la rara vez utilizada Ley de Espionaje de 1917. Dicho enjuiciamiento tendría efectos adversos sobre el derecho del pueblo estadounidense a conocer lo que su gobierno está haciendo en una república que se supone se encuentra gobernada por él.

Irónicamente, el gobierno estadounidense podría haber filtrado la amenaza de enjuiciamiento a fin de forzar a Assange a que devuelva 76.000 documentos clasificados sobre la guerra en Afganistán y los borre de su sitio, que es lo que el Pentágono ha exigido. Más importante aún, esta amenaza podría tener la intención de intimidar a Assange para evitar que haga públicos otros 15.000 documentos que según él serán aún más jugosos que la revelación anterior.

La Ley de Espionaje, sancionada originalmente durante la Primera Guerra Mundial, fue diseñada para perseguir a los espías de potencias extranjeras. Sin embargo, Assange, que es australiano y pasa la mayor parte de su tiempo en Bélgica, Islandia y Suecia, difícilmente sea un espía extranjero. Mientras los espías operan en las sombras y tratan de ayudar a los gobiernos extranjeros contra los Estados Unidos, Assange obtiene los documentos de empleados de diversos gobiernos que están deseosos de proporcionárselos y los publica ampliamente de modo tal que los ciudadanos puedan ver lo que sus gobiernos están haciendo.

La amenaza de enjuiciamiento puede tratarse tan solo de una fanfarronada, porque recientemente el Departamento de Justicia se vio obligado a abandonar un caso similar contra dos grupos de presión estadounidenses pro-Israel por recibir documentos de Larry Franklin, un empleado del Departamento de Defensa que fue procesado con éxito por haber violado su juramento secreto. Probablemente sea “kosher”, aunque un tanto hipócrita, para el gobierno enjuiciar a empleados del gobierno, tales como Franklin y el soldado raso Bradley Manning, un analista de inteligencia de los EE.UU. que presuntamente filtró un video de un helicóptero de combate estadounidense matando a un periodista de Reuters en Irak y que está sospechado de la filtración del tesoro que constituyen los documentos procedentes de Afganistán. La hipocresía surge porque el Departamento de Justicia filtró la amenaza de enjuiciar a Assange, intenciones que usualmente son mantenidas en secreto, y altos funcionarios del gobierno regularmente filtran información altamente clasificada para promover sus propias agendas políticas durante batallas burocráticas. Sin embargo, el hecho de enjuiciar a individuos que tan solo filtran información públicamente implica una amenaza para todos los periodistas que publican regularmente historias utilizando filtraciones de funcionarios del gobierno.

Tales historias periodísticas son valiosas y necesarias, ya que gran parte de la información ultra secreta se encuentra excesivamente clasificada, es mantenida en secreto tan sólo porque es embarazosa para el gobierno de los EE.UU., o está clasificada para mantener al público en la oscuridad sobre políticas o acciones gubernamentales cuestionables. Durante la Guerra Fría y continuando hasta nuestros días, el público estadounidense es a menudo el último en conocer la información que es de conocimiento común entre las agencias de inteligencia de las naciones adversarias. Un excesivo secretismo gubernamental es un problema serio y subestimado en una república y se ha visto exacerbado por el alza en las acciones clandestinas del gobierno en la guerra contra el terror de Bush y Obama.

Si el gobierno de una república ha de mantener secretos frente a su propio pueblo por el bien de éste (la fe es necesaria aquí), debería limitar al mínimo la información restringida. Si el gobierno redujese drásticamente su vasto depósito de secretos a lo que realmente fuese necesario para proteger a los agentes de inteligencia y tropas sobre el terreno, los denunciadores públicos como Manning tendrían muchos menos motivos para filtrar y probablemente tendrían más respeto por la necesidad de no divulgar el resto de la información vital.

Todavía más importante, si un gobierno republicano no puede mantener sus secretos en secreto, no debería enjuiciar a terceros, a los beneficiarios no gubernamentales del material, sino que debería concentrarse en tapar las filtraciones en su sistema de seguridad.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




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