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La viabilidad de la reforma sanitaria
29/3/2010
Douglas W. MacKenzie
A version of this piece appeared in the Buffalo News, St. Paul Pioneer Press, Taunton Daily Gazette, Southeast Missourian, Union Daily Times, Herald News, Point Pleasant Register, Daily Sentinel, and Gallipolis Daily Tribune.

Ahora que el proyecto de ley de reforma sanitaria ha sido promulgado, se enfrentará a recusaciones legales. Los medios de comunicación se han centrado en las recusaciones legales que se presentarán en los tribunales. Los tribunales pueden o no ratificar esta nueva legislación. Sin embargo, los jueces en estos casos no poseen la autoridad necesaria para dar un veredicto final sobre la reforma sanitaria. El éxito o el fracaso de la reforma de la salud depende en última instancia de sí se compadece o no con las leyes económicas, más que con las opiniones de los magistrados.

A efectos de juzgar a la reforma sanitaria mediante las leyes económicas, primero debemos averiguar su naturaleza básica. ¿La reforma de la salud implica una medicina socializada? Las versiones del “pagador único” y la “opción pública” de la reforma no fueron aprobadas. Sin embargo, los estadounidenses estarán obligados a tener un seguro médico, y los empleadores serán fuertemente presionados para proporcionar este seguro. En resumen, el Congreso está financiando la atención de la salud a través de una combinación de algunos impuestos explícitos (Ej.: el impuesto sobre los ‘planes Cadillac’) y disposiciones para la compra o suministro “privado” del seguro de salud—los cuales implican una tributación implícita. Los impuestos explícitos e implícitos del nuevo sistema implican un “pagador único” de hecho. Dado que la industria médica se encuentra actualmente encaminada hacia un control gubernamental casi completo, debemos preguntarnos si la politización de la asistencia sanitaria resultará en un cuidado de la salud más eficiente o con una financiación más equitativa.

Es obvio que la industria del cuidado de la salud es altamente compleja y está sujeta a constantes cambios. Estas circunstancias tienen importantes implicancias económicas. Quizás el problema más difícil para la planificación dentro de cualquier industria es el de una rápida adaptación a los cambios en las circunstancias particulares de tiempo y lugar.1 Si los autores de la reforma sanitaria conocían los cambios de antemano, podrían haber sido capaces de redactar un proyecto de ley completo, uno que tuvo en cuenta todas las contingencias. Sin embargo, el futuro es fundamentalmente desconocido; hacemos genuinos descubrimientos a través del tiempo. Esta ley recientemente promulgada debería ser considerada como una tarea permanente en curso, siempre requerirá una revisión.

El hecho de que los legisladores no puedan anticipar todas las contingencias no implica de manera automática que la reforma fracasará. No obstante, esto plantea dudas respecto de la afirmación de que la reforma sanitaria reducirá los costos y disminuirá el déficit. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO es su sigla en inglés) predice ahorros financieros, pero dado que este proyecto de ley será revisado, y ya ha sido modificado, no podemos asumir que los números de la CBO seguirán siendo ciertos. La CBO también predijo que la Seguridad Social generaría superávits hasta 2016, pero el Sistema de Seguridad Social recientemente entró en déficit. Las previsiones de la CBO serán exactas solamente si los cambios inesperados en los costos consisten en aumentos y disminuciones que tiendan a compensarse.

Si bien no podemos estar seguros de los detalles de los futuros cambios en las regulaciones o programas gubernamentales, la teoría económica indica que estos costos aumentan con el tiempo. Idealmente, los legisladores persiguen lo que algunos denominan “justicia social” a través de la redistribución. El termino justicia social carece de todo significado objetivo. La gente tiene distintas opiniones sobre qué constituye una redistribución equitativa de la riqueza, y no existe criterio objetivo alguno para determinar qué versión de la justicia social es la correcta. Nadie puede comprender todos los factores que tendrían que contemplarse en una estimación real de una redistribución de ingresos ‘socialmente justa’.2 Los reclamos de justicia social se basan en el mejor de los casos en juicios de valor estrechos e incompletos, y en el peor en opiniones completamente arbitrarias. Dado que la justicia social no tiene significado, la búsqueda de este objetivo inevitablemente degenera en luchas de poder entre los grupos de interés.

Los grupos de intereses especiales cabildean a los políticos electos. Los políticos en una legislatura puramente democrática nunca pueden ponerse de acuerdo sobre una agenda, mientras que las coaliciones pueden reformarse continuamente.3 La naturaleza inestable de la democracia pura significa que los ‘dictadores legislativos’ deben establecer las prioridades públicas. Esto no es sólo teoría; estos eventos ocurren de manera rutinaria. La sanción de la reforma sanitaria exigió numerosas retribuciones políticas bastamente publicitadas. La realidad de la reforma de la salud es la competencia de los grupos de interés. La competencia a menudo controla los costos, pero no en la política. La competencia política está predispuesta hacia los grupos de interés estrechos y concentrados. Los grupos de interés pequeños tienen menores costos de organización y dividirán las ganancias de manera sencilla, en relación a los grupos más grandes y más dispersos. El gobierno transfiere la riqueza hacia los grupos más pequeños y mejor organizados, y desde los grupos más grandes y relativamente desorganizados. Los intereses especiales ya han alterado la reforma sanitaria. Dada la cantidad de dinero en juego, deberíamos incluso esperar más cabildeo de los grupos de intereses especiales. La realidad de la política es que los ciudadanos individuales no pueden afectar de manera apreciable a la política, y ‘el pueblo’ como un todo es demasiado diverso y disperso para siquiera actuar colectivamente de un modo eficaz en materia de costos. La política es impulsada por unos pocos “brokers” del poder político electos y los intereses especiales. Cualquiera que crea que la reglamentación del cuidado de la salud servirá simplemente, tal como lo ha dicho el presidente Obama, a los intereses del pueblo estadounidense, no entiende cómo las leyes económicas se relacionan con la política.

Podemos ver el fracaso de la política en nuestro actual sistema de Medicare. El Medicare ha tenido serios problemas con el control de costos, y carece severamente de fondos suficientes. La financiación insuficiente del Medicare no es un error honesto. El principal problema con el Medicare es que los políticos no asignaron los fondos para cubrir los costos médicos de la generación del “Baby Boom”. Los políticos sabían desde hace décadas que los costos del Medicare aumentarían. No obstante ello, han tomado el camino políticamente popular, y financieramente poco sano, del despilfarro y los bajos impuestos—en relación con las obvias cargas futuras.

Las leyes económicas de los costos indican que los grupos de intereses especiales ejercen una influencia desproporcionada e imponen transferencias costosas y dilapidadoras. Los intereses especiales no simplemente ganan a expensas de la población en general. Los grupos de interés compiten sólo por gastar los recursos reales, y esta competencia desperdicia gran parte de la riqueza transferida a través de la política.4 La irónica verdad es que los esfuerzos por parte de los intereses especiales para transferir riqueza reducen la riqueza total.

Es razonable suponer que la mayoría de los estadounidenses que desean moverse en la dirección de la financiación de la atención de la salud como un derecho tienen las mejores intenciones. Sin embargo, tanto las leyes económicas como la experiencia histórica indican que no hay forma posible de hacer realidad sus sueños de justicia social o una mayor eficiencia por medio de la financiación estatal de la atención de la salud. El término ‘juticia social’ carece de todo significado real. Las leyes económicas indican que los programas gubernamentales no tienen un eficaz control de los costos y resultan en transferencias despilfarradoras hacia los influyentes grupos de intereses especiales. La industria del cuidado de la salud precisa una reforma. Deberíamos considerar movernos en la dirección del único sistema que controla eficazmente los costos: la libre empresa competitiva.

Notas

  1. Hayek, F.A. 1945. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, Septiembre: 519–30.

  2. Hayek, F.A. 1974. Law, Legislation, and Liberty: The Mirage of Social Justice. Chicago: University of Chicago Press.

  3. Black, Duncan. 1958. The Theory of Committees and Elections. Cambridge: Cambridge University Press; and Arrow, Kenneth. 1963. Social Choice and Individual Values, Second Edition. New York: John Wiley & Sons.

  4. Tullock, Gordon. 1967. The Welfare Effects of Tariffs, Monopolies, and Theft. Economic Inquiry, Junio: 224–232.

Traducido por Gabriel Gasave



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