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Respecto de Guantánamo, el simbolismo derrota ampliamente a la sustancia
11/3/2010
Ivan Eland

El Presidente Obama ha sido tan castigado por su fracaso en cumplir con la promesa de cerrar la prisión de Guantánamo dentro de un año que Rahm Emanuel, su jefe de gabinete, está tratando de negociar con el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) a efectos de conseguir el apoyo republicano para hacerlo. A cambio, Graham quiere que Khalid Sheikh Mohammed y otros supuestos atacantes del 11 de septiembre sean juzgados utilizando un tribunal militar en lugar de un tribunal civil y también desea la sanción de legislación inconstitucional que permita la detención indefinida de sospechosos de terrorismo sin juicio. El cierre de Guantánamo está pensado para reavivar la deslustrada imagen de los EE.UU. en el exterior antes que como un cambio sustantivo en la política, y al parecer puede ocurrir ahora a expensas de la utilización de medios inconstitucionales y desacreditados para la detención y el juzgamiento de sospechosos de terrorismo.

Aunque el cierre de Guantánamo sería importante simbólicamente, el santuario donde no impera la ley que la administración Bush había conseguido ya ha sido erosionado por la exigencia de la Corte Suprema de que los detenidos tengan algunos derechos legales. E incluso si la administración de Obama cierra Guantánamo, algunas de las políticas inconstitucionales de Bush seguirán vigentes en las cárceles de todos los Estados Unidos—por ejemplo, el uso de tribunales militares para algunos de los detenidos y la detención de algunos ex detenidos de Guantánamo de manera indefinida sin juicio. Así, el mundo debería, y probablemente lo hará, concentrarse en la continua violación del gobierno estadounidense de los derechos de los detenidos en lugar de dónde éstos son violados—anulando de ese modo cualquier beneficio positivo en materia de relaciones públicas originado en el cierre de Guantánamo.

¿Pero por qué deberían tener derechos los diabólicos sospechosos de ser terroristas? Porque los que están siendo pisoteados también son nuestros derechos. La palabra clave aquí es “sospechosos”. No importa cuán horrendo sea el crimen—y la matanza de inocentes por motivos políticos es de los más atroz—el presunto culpable merece un juicio justo porque él o ella podría en verdad no ser culpable. Los gobiernos, incluido el gobierno federal de los EE.UU., y los gobiernos estaduales y locales, habitualmente cometen errores y encarcelan por delitos a las personas equivocadas. Según Anthony Gregory, autor de un libro de próxima aparición sobre el cuestionamiento jurídico de los encarcelamientos, un estudio académico sobre los prisioneros de Guantánamo determinó que más de la mitad nunca había cometido un acto hostil contra los Estados Unidos. Y todos excepto un pequeño porcentaje no había sido detenidos por las autoridades estadounidenses, sino que habían sido entregados a las fuerzas de los EE.UU. en Afganistán por afganos para reclamar generosas recompensas. En otras palabras, personas inocentes habían sido entregadas a fin de obtener dinero en efectivo. Sólo el 8 por ciento de los detenidos de Guantánamo eran miembros de al-Qaeda.

¿Y por qué los tribunales militares son tan malos? Aunque han mejorado ligeramente desde que la administración Bush originalmente estableció sus tribunales militares irregulares, todavía carecen de las salvaguardias procesales de los derechos de los detenidos que están presentes incluso en los tribunales militares de guerra. Más importante aún, son inconstitucionales. La 6 Enmienda en la Declaración de Derechos de los EE.UU. exige un juicio por jurado para todos los delitos, sin excepción alguna para los casos que atañen a la seguridad nacional. Los partidarios de los tribunales militares mencionan su utilización para juzgar a los posibles espías y saboteadores alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero ellos no eran más constitucionales entonces que ahora. Además, la matanza de casi 3.000 personas el 11 de septiembre fue un crimen vergonzoso, y aquellos que presuntamente lo perpetraron no deberían ser elevados al estatus de “guerreros” al ser juzgados en un tribunal militar.

Obama está contemplando solamente abandonar los juicios civiles para los presuntos atacantes del 11/09 debido a la presión política contra la celebración de tales juicios allí donde ocurrieron los ataques—el sur de Nueva York, el este Virginia y el oeste de Pennsylvania. Es desalentador que el público en estas áreas atacadas no de brincos de entusiasmo ante la oportunidad de defender la justicia y el sistema legal estadounidense en sus propias comunidades.

En el extranjero, la gente sólo percibirá cualquier utilización de los tribunales militares irregulares como lo que es: intentos de comprar una jurisdicción para obtener condenas más fácilmente. La administración Obama ya seleccionó los casos más fáciles de probar—aquellos en contra de los atacantes del 11/09—para tramitarlos ante tribunales civiles y relegó a los más difíciles a permanecer en los tribunales militares. Esta política creó entonces la anomalía de que a los acusados más atroces se les respetarán más derechos. Por supuesto, llevar el caso de los supuestos atacantes del 11/09 nuevamente a los tribunales militares corregiría esta anomalía, pero a costa de violar la 6 Enmienda. Por lo tanto, todos los acusados en los casos de terrorismo deberían ser juzgados en tribunales civiles como potenciales criminales.

Por último, los tribunales civiles—al igual que en otros casos que involucran información sensible, como los de espionaje y los relacionados a la mafia—poseen un excelente historial respecto de la obtención de condenas. Los juicios civiles han dado lugar a cientos de exitosos procesos contra el terrorismo, mientras que los deficientes tribunales militares han arribado solamente a unas pocas condenas—y la mayor parte de ellas fueron revocadas.

Si se llega a un acuerdo con el senador Graham para cerrar Guantánamo a cambio de arrojar nuevamente la causa de los supuestos atacantes del 11 de septiembre a los tribunales militares, nuevamente la Constitución habrá sido pisoteada y el simbolismo positivo del cierre de Guantánamo habrá sido eclipsado por el uso de comisiones militares irregulares, que han sido justamente denostadas en todo el mundo.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Asociado Senior y Director del Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.



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