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¿Guardianes de la paz?
17/12/2009
Jonathan Wyse

El cuerpo de policía de Irlanda, An Garda Síochána (Guardianes de la Paz), está amenazando con tomar medidas ante una eventual reducción de los salarios públicos, según lo informado por el Irish Times. Aunque dicha medida es ilegal según la Constitución, entre los ejemplos anteriores de desobediencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes en Irlanda se incluye la huelga policial o “Blue Flu” (“gripe azul”) de 1998.

La “Blue Flu” fue descrita como un “día negro” por el Comisionado de la Garda de aquella época, el jefe de la policía nacional de Irlanda. A pesar de no ser aprobada por los líderes de los guardianes, los oficiales de bajo rango y el personal administrativo se declaró masivamente enfermo. Las Fuerzas de Defensa irlandesas fueron convocadas para que permanecieran alertas, dado que el ausentismo alcanzaba el 85% en algunas áreas.

La incapacidad del gobierno para castigar a los guardianes por tales acciones se deriva de su poder monopólico. Sencillamente no existe ninguna otra alternativa disponible a la fuerza nacional, situación que genera incentivos para coludir respecto de los salarios y las condiciones laborales. Por este motivo, es probable que las fuerzas públicas reciban salarios más altos y horarios menos arduos que los que medianamente podría conseguir cualquier colega en el libre mercado.

La realidad es que ningún gobierno o individuos libres pueden negociar adecuadamente en pie de igualdad con una fuerza de policía nacional, siempre y cuando no exista una alternativa real. ¿Podría la seguridad privada ser la respuesta? Ciertamente, al suplantar a la aplicación de la ley nacional, rindiendo cuentas de sus actos, promoviendo la competencia entre los proveedores de servicios, y asegurando que la sociedad no pueda ser chantajeada por los trabajadores públicos que amenazan con el caos.

Existen numerosos ejemplos de fuerzas privadas exitosas en todo el mundo. The Wall Street Journal informó durante el verano boreal sobre los movimientos en la ciudad de Oakland en California a favor de reemplazar a su fuerza pública, que ha estado acosada por la controversia y falta de confianza pública, con una alternativa más barata y privada. Los ahorros podrían ser inmensos para una ciudad que sigue padeciendo un enorme déficit presupuestario.

Por supuesto, una plena transición hacia la seguridad y protección privada es poco probable que ocurra de la noche a la mañana en Irlanda. No obstante, cabe señalar que gobiernos de otros países se encuentran considerando nuevas formas de luchar contra el crimen, mediante la apertura del mercado de la seguridad a las fuerzas competitivas que han proporcionado tantos beneficios en otras áreas.

Mientras tanto, vale la pena cuestionar el monopolio que los guardianes tienen respecto de la aplicación de la ley en Irlanda. No hay ninguna razón para considerar que la regulación del tránsito, el control de las multitudes en los eventos públicos, y muchas otras tareas requieran necesariamente de la participación de una Garda plenamente entrenada.

Si grupos específicos de electores fuesen los encargados de licitar los contratos a empresas privadas de aplicación de la ley, habría una razón de peso para creer que la aplicación de la ley sería mucho más eficiente. ¿Qué pasaría con los abusos? Es cierto que a los guardianes les son concedidas muchas facultades, pero cualquier empresa que no pudiese controlar los abusos allí donde acontezcan, sencillamente no obtendría la renovación de su contrato a su vencimiento.

Dado que el mal desempeño empaña la reputación de toda la compañía y hace peligrar el trabajo de todos, es más probable que los abusos sean erradicados, en lugar de ser tácitamente tolerados. Asimismo, las empresas privadas—con la supervisión del público y los medios de comunicación—son menos capaces de encubrir institucionalmente los abusos.

La competencia entre los proveedores de servicios precipitaría una mayor transparencia en todos los casos, y crearía incentivos para que las empresas encuentren maneras innovadoras de eliminar los abusos. Mientras que la aplicación pública de las leyes se encuentra basada en simples salarios, las empresas privadas en competencia son más propensas a crear distintas modalidades de remuneración a fin de alentar un comportamiento apropiado entre sus empleados.

Los empleados solamente pueden bloquear nuevas medidas en el lugar de trabajo para mejorar la eficiencia cuando detentan un poder monopólico. Si varias empresas de aplicación la ley se encuentran compitiendo para prestar el servicio, los empleados deben adaptarse a los tiempos que corren, de lo contrario o bien perderán sus empleos o continuarán siendo empleados de una empresa carente de clientes.

¿Cómo exactamente las fuerzas competitivas garantizan una mejor calidad de servicio? Si usted no se está desempeñando bien en un área, ello afecta a la reputación de la empresa a nivel nacional y usted pierde negocios. Mientras las diferentes jurisdicciones se encuentren en distintos momentos renovando sus contratos, las empresas deben producir resultados oportunos o persuadir al público de que su programa dará frutos a largo plazo. De lo contrario, corren el riesgo de ser reemplazadas por un competidor.

La gente está en lo correcto al sentirse inquieta respecto de concederle la facultad de aplicar las leyes a firmas privadas, pero la experiencia demuestra que los gobiernos no están menos propensos a abusar de este poder. La aplicación de la ley privada, incluso en formas muy limitadas y para fines específicos, incrementaría la eficiencia de la prestación del servicio al reducir los costos y aumentar la calidad. La competencia del mercado ha demostrado rendir mejores resultados en todas las demás esferas de la economía. ¿Por qué no extenderlo a la regulación del tránsito, el control de multitudes y la solución de controversias? Entonces, en vez de tener que lidiar con una huelga, Irlanda simplemente podría encomendarle a otros su negocio.

Traducido por Gabriel Gasave




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