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Hacer que las ventas en Internet paguen impuestos es una receta para el “gobierno grande”
13/7/2009
William F. Shughart II

No deseosos de reducir los gastos ante una reducción de sus ingresos, los gobiernos estaduales de todo el país se están tornando creativos respecto de hacer que las compras realizadas a través de Internet paguen impuestos.

Carolina del Norte, que anunció que su formulario para realizar la declaración personal del Impuestos a las Ganancias de 1999 exigiría que los contribuyentes informen y paguen impuestos sobre los artículos adquiridos fuera del estado, tiene pendiente un proyecto de ley que interpretaría a las leyes existentes como que exigen a las empresas tener “filiales comerciales” locales para recaudar los impuestos a las ventas locales sobre los artículos comprados a minoristas remotos. De inmediato Amazon.com se deshizo de sus afiliados en Carolina del Norte; y otras empresas de Internet, tales como Overstock.com y Blue Nile, Inc., han amenazado con acciones similares.

La creatividad legislativa es necesaria en virtud de que la Corte Suprema se expidió en el caso “Quill Corp. vs. North Dakota” estableciendo que el hecho de exigirle a los minoristas ubicados en un estado recaudar impuestos de clientes que residen en otros implica gravar de manera inconstitucional el comercio interestatal. A raíz de ese pronunciamiento judicial, se debe abonar el impuesto a las ventas realizadas por correo y las compras por Internet solamente si el vendedor tiene una “presencia física” sustancial en el estado de residencia del cliente. Si bien los compradores de todos los estados que imponen un impuesto a las ventas minoristas se encuentran obligados a informar y abonar impuestos al “uso” sobre los artículos adquiridos en otras partes, esa clausula es difícil de aplicar y, por lo tanto, pocos consumidores están deseosos de cumplirla.

Los proponentes de hacer tributar al comercio por Internet sostienen que sencillamente se trata de una cuestión de “justicia”. Bajo el actual régimen de un Internet libre de impuestos, los minoristas tradicionales supuestamente se encuentran en una situación de desventaja competitiva debido a que deben recaudar el impuesto a las ventas de sus clientes, mientras que sus rivales ubicados en otros estados no tienen que hacerlo.

¿Y qué? Los minoristas tradicionales tienen ventajas competitivas particulares. Ofrecen a los clientes oportunidades de “tocar y sentir” sus productos, efectuar comparaciones in situ, aceptar una entrega inmediata y evitar en ocasiones el pago de fuertes recargos por envió.

El objetivo de promover un campo de juego nivelado no es otra cosa que un arrebato de dinero: El senador estatal de Carolina del Norte David Hoyle lo admitió cuando sostuvo que la recaudación del impuesto a las ventas de los minoristas de fuera del estado rendiría entre 150 y 200 millones de dólares en concepto de ingreso adicional por año.

Pero la “nivelación del campo de juego del impuesto a las ventas” tiene serias consecuencias para nuestro sistema federal de gobierno. Un minorista, digamos, del estado de Washington, que vende un producto a un cliente ubicado en Carolina del Norte, impone pocas, si acaso alguna, cargas sobre el sector público local. El hijo de un minorista remoto no asiste a las escuelas públicas de Carolina del Norte, ni sus empleados utilizan las carreteras del estado ni demandan alguno de los demás bienes o servicios públicos del estado. Por otra parte, el transportista común y corriente que despacha los pedidos del minorista remoto ya paga impuestos locales.

El meollo del asunto es que los impuestos a Internet quiebran el vínculo entre los beneficios recibidos y los impuestos abonados. Un minorista electrónico ubicado en el estado de Washington, al que se le exigió recaudar el impuesto a las ventas de Carolina del Norte sobre un artículo enviado a un cliente allí, no recibe nada a cambio. Además, ese minorista electrónico de Washington carece de voz política en Carolina del Norte y por ende no tiene influencia respecto de cuán elevados serán sus tributos o cuán prudentemente es gastado el ingreso impositivo. Aislados de las fuerzas competitivas del mercado por una política que les exija a todos los minoristas, sin importar dónde estén situados, recaudar el impuesto a las ventas de Carolina del Norte sobre los artículos enviados allí, los minoristas locales, a su vez, tienen pocos incentivos para oponerse a incrementos en las tasas impositivas locales. Enfrentando una menor oposición política a niveles de gasto más altos e impuestos más elevados para financiarlos, los políticos de Carolina del Norte de manera predecible tienen sus manos más libres para perseguir sus propios intereses parroquiales.

Cuando el campo de juego es nivelado mediante la obligación de las empresas de Internet de elevar sus precios mediante la recaudación del impuesto a las ventas y remitirla a la tesorería del estado donde reside el comprador, la competencia interjurisdiccional por la tasa tributaria entra en cortocircuito y los contribuyentes se vuelven más vulnerables a la explotación por parte del “gobierno grande”.

Tal como lo expresara alguna vez el juez de la Corte Suprema John Marshall, “la facultad de cobrar impuestos es la facultad de destruir”. Internet es una restricción crucial sobre esa facultad.

Trtaducido por Gabriel Gasave


William F. Shughart II es Director de Investigaciones e Investigador Asociado Senior en the Independent Institute, J. Fish Smith Professor in Public Choice en el Jon M. Huntsman School de Business en Utah State University, dirigió Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination (Transaction, 1997) y The Economics of Budget Deficits (Edward Elgar, 2002).




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