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Enjuicien a George W. Bush por actos ilegales
26/1/2009
Ivan Eland

La administración Obama es renuente a remover demasiadas piedras relacionadas con la conducta de la administración Bush en la Guerra contra el Terror. Obama ha prometido alcanzar un nirvana post-partidista, y los republicanos podrían condenar cualquier investigación del abuso de la república de parte de la administración Bush como si se tratase una caza de brujas partisana. También, la administración Obama tiene un conflicto de intereses para llevar a cabo investigaciones y procesos legales contra los funcionarios de la administración Bush debido a que ahora que Obama es presidente, puede no desear desacreditar por completo a los precedentes de Bush, que expandieron de manera significativa las facultades del Poder Ejecutivo.

Sin embargo a lo largo de la historia humana, la existencia del gobierno republicano ha sido en comparación rara y de corta vida. Incluso en años recientes, cuando el republicanismo se ha esparcido bastamente, nos olvidamos de cuan frágil es el experimento. Los riesgos son altos, y la administración Obama precisa acabar con los precedentes autocráticos dejados por la previa administración. El único modo en que puede hacerlo es iniciando causas penales contra los perpetradores de alto nivel.

Esta acción no será bipartidista, y los republicanos aunarán fuerzas y sostendrán que Bush y sus colaboradores tenían buenas intenciones y tan solo estaban procurando proteger al país tras los ataques del 11 de septiembre. Pero el Estado de Derecho y las protecciones constitucionales son necesarias para fundamentalmente proteger a los ciudadanos cuando el gobierno está blandiendo el poder para responder a una crisis de seguridad. Además, aún si usted roba un banco y hace caridad con el botín (y las intenciones de la administración Bush ni siquiera fueron tan caritativas), sigue siendo culpable de robar el banco.

Dick Cheney todavía sostiene que la administración Bush no torturó a nadie. Pero la definición del vicepresidente de ese término es escueta y, si, torturó. Ahora que incluso Susan J. Crawford, la funcionaria senior de la administración Bush a cargo de las comisiones militares irregulares de la administración, utilizó la palabra “tortura” para describir lo que la administración le hizo a un prisionero, la administración admitió la comisión de un crimen de guerra conforme el derecho internacional.

Por lo tanto, una investigación criminal debe ser lanzada porque las mismas técnicas utilizadas contra ese prisionero—aislamiento, privación del sueño, amenazas con perros de ataque, exposición prolongada al frío y humillaciones sexuales y de otra clase—fueron empleadas contra muchos otros detenidos en custodia de los EE.UU.. Y la investigación debe involucrar a todos los funcionarios relevantes, incluidos George W. Bush y Dick Cheney.

Asombrosamente, Bush admitió recientemente que él había aprobado todas las técnicas “extraordinarias” utilizadas contra los detenidos. Los Estados Unidos han cometido actos ilegales de tortura antes—por ejemplo, durante la contrainsurgencia filipina a comienzos del siglo pasado y por parte de la CIA durante la era de Vietnam—pero este episodio es único y peligroso debido a que el presidente ha admitido que contaba con su aprobación. Por lo tanto, no solamente un funcionario de la administración ha admitido un crimen de guerra sino que también lo ha hecho el presidente. El “waterboarding”— hacer sentir al detenido que se está ahogando—no fue mencionado por Crawford en el caso de ese prisionero en particular, pero la administración lo ha utilizado contra al menos tres detenidos de alto perfil, y ha sido considerado un crimen de guerra durante siglos. Las técnicas de interrogación que el presidente Bush admitió aprobar incluían el “waterboarding”.

Bush efectuó esta confesión para defender descaradamente su historial sobre el tema y probablemente se creyó seguro al hacerlo en virtud de que se siente inmune a un enjuiciamiento. Después del horrible e inconstitucional precedente de Gerald Ford de perdonar a Richard Nixon incluso antes de que pudiese ser acusado por su delitos en el caso Watergate (la Constitución sostiene que usted debe ser condenado por un delito antes de ser perdonado), no puede culparse a los presidentes y ex presidentes por sentir que son inmunes al enjuiciamiento. Esto demuestra los perniciosos efectos de un pésimo precedente anterior.

¿Y qué hay respecto de la investigación y posible enjuiciamiento de Bush por violar intencionalmente otro estatuto con sanciones penales—la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA como se la conoce en inglés). La ley sostenía que todo el espionaje sobre aquellos que viven en los Estados Unidos se realizará con una autorización obtenida del tribunal secreto de la FISA. El presidente Bush deliberadamente despreció a la ley y la Constitución (la Cuarta Enmiendo en el Bill of Rights implica que esas autorizaciones son necesarias para todas las requisas, sin mencionar ninguna excepción para los casos de seguridad nacional) al no procurar autorizaciones y seguir ignorando la necesidad de hacer esto incluso después de quedar públicamente expuesto.

Bush perpetró este crimen y luego lo defendió haciendo referencia a una teoría expansiva del poder presidencial denominada la teoría del ejecutivo unitario. Bush considera que en épocas de guerra (la legitimidad de esta denominación está también sospechada porque, después del 11/09, ninguna declaración de guerra contra bando alguno jamás fue aprobada por el Congreso), un presidente puede ignorar las leyes sancionadas por el Congreso. Si al presidente se le permite hacerlo sin ser enjuiciado, ello implícitamente implica arrojar por la venta los frenos y contrapesos constitucionales y coloca en efecto al país en el sendero de una dictadura.

Por supuesto, violar la Constitución es más serio que violar una ley con sanciones penales, pero curiosamente, en los Estados Unidos, los presidentes pueden meterse en problemas más severos por violar la ley. Así, aunque pueda parecer radical, el único modo de evitar que futuros presidentes, incluido Obama, capitalicen los precedentes ilegales e inconstitucionales de Bush para expandir la autoridad ejecutiva hacia la dictadura es investigar, enjuiciar y desacreditar a estos abusos del Poder Ejecutivo.

La administración Obama, con la complicidad del Congreso, tratará probablemente de establecer una comisión para la verdad que dejará al descubierto, pero no enjuiciará, dichos crímenes. Pero esto no es suficiente para desacreditar a estos viles precedentes. La investigación y el enjuiciamiento son necesarios, y ahora con las confesiones públicas de la señora Crawford y la administración Bush son más difíciles de evitar.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Asociado Senior y Director del Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.



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