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Los dispositivos de interrupción de encendido no son una panacea
1/12/2008
Charles V. Peña
Courier-Post, Milwaukee Journal Sentinel, Patriot-News

La tecnología ha permitido que los automóviles sean más seguros—los frenos con sistemas antibloqueo para evitar el bloqueo y el derrape, las bolsas de aire para proporcionar protección en un choque y el Bluetooth para permitir las llamadas telefónicas manos libres son apenas unos pocos ejemplos. Los dos primeros son por estos días dos equipamientos bastante estándares, y el último se está volviendo muy difundido.

Pero algunos fabricantes de automóviles están considerando otra opción en nombre de la seguridad: dispositivos de interrupción de encendido, o sensores de alcohol, para evitar que alguien conduzca ebrio.

En principio, esta parecería ser una idea sobradamente razonable. Después de todo, nadie es partidario de que se conduzca estando alcoholizado, lo cual ha dado lugar a casi 13.000 muertes en accidentes de tránsito en 2007 (un favorable descenso del 38% desde 1982). ¿Pero deberían dichos dispositivos ser ubicuos y tendría todo el mundo—independientemente de su historial como conductor—que estar obligado a pasar una prueba de alcohol para ser capaz de conducir su vehículo?

Algunos defensores de la seguridad, tales como la Governors Highway Safety Association, las Mothers Against Drunk Driving (MADD) y varios estados (Nuevo México, Nueva York, Pennsylvania y Oklahoma) parecen considerar que una aplicación más universal del dispositivo sería una buena idea.

Ciertamente, los dispositivos de interrupción de encendido tienen sentido para los conductores ebrios más peligrosos—aquellos con alto contenido de alcohol en sangre (el límite legal es de 0,08 BAC -siglas en inglés para Blood Alcohol Content, es decir la concentración de alcohol en la sangre - y el BAC promedio para un conductor ebrio involucrado en un accidente fatal es más del doble de ese), quienes también suelen ser los más proclives a reiterar sus infracciones. Pero exigirle al resto del público que conduce que pase la misma prueba nos convierte en una sociedad de sospechosos y viola el principio fundamental de la presunción de inocencia.

Incluso todavía más complicado, una vez que esta tecnología—la cual ha avanzado hasta incluir mecanismos pasivos como sensores en el volante, escaneo de la retina y olfateadores de alcohol—se convierta en un equipamiento estándar en todos los vehículos, el mismo estará establecido bien por debajo del límite legal de 0,08.

Veintidós estados cuentan con los que se conocen como los “niveles de intoxicación presunta”, que implican que un conductor puede ser arrestado y condenado por manejar en estado de ebriedad en niveles tan bajos como 0,04 y 0,05 BAC. En todos los estados, los dispositivos de interrupción de encendido obligatorios serán establecidos por debajo de esos niveles, en virtud de inquietudes acerca de la responsabilidad del producto y variaciones en la tecnología. Interruptores instalados en todos los automóviles establecidos en niveles tan bajos, eliminarán en los hechos la capacidad para conducir tras haber consumido tan solo un trago para muchos adultos.

Imagine que usted está en su casa bebiendo un vaso de vino y recibe una llamada de que sus hijos se encuentran heridos o enfermos y en una situación de emergencia. Imagínese viéndose imposibilitado de ir a buscarlos debido a que su auto decidió que el vino que acaba de consumir fue suficiente como para impedirle manejar. Ese no es un dispositivo de seguridad contra los conductores borrachos; ese es un dispositivo de aplicación de un neo prohibicionismo—evidencia de que agrupaciones tales como las MADD se han desviado de su propósito original de combatir la conducción en estado de ebriedad.

Existe también un aspecto práctico al hacer que sean obligatorios en todos los automóviles los dispositivos de interrupción de encendido. Asumamos que la tecnología de interrupción de encendido es casi perfecta—99.99% veraz (lo cual es generoso y altamente improbable) en medir correctamente el BAC. Si la mitad de todos los conductores matriculados (120 millones de personas) conducen hacia y desde sus trabajos cada día, el número de falsos positivos—Ej. personas identificadas de manera incorrecta como excediendo el limite BAC establecido—sería de 12.000 personas tratando de encender sus autos. De modo tal que 24.000 veces por día, conductores que simplemente estén tratando de manejar al trabajo o recoger a sus hijos de la escuela se verán imposibilitados cada día de conducir sus vehículos debido a que fueron erróneamente identificados como ebrios.

En lugar de que sean obligatorios para todo el mundo, ¿por qué no ordenar los bloqueadores de encendido para todos aquellos condenados por manejar ebrios? Porque un principio importante de la jurisprudencia es que el castigo debe ajustarse al delito. Cualquiera que exceda el límite de velocidad en 25 millas por hora – 40,2 kilómetros - (usualmente considerado un manejo temerario) recibe un castigo distinto que alguien que lo hace a tan solo 5 millas por hora - 8 kilómetros - por encima del límite establecido.

Por lo tanto, alguien—especialmente un infractor primerizo—en el límite legal de 0,08 BAC no debería recibir automáticamente el mismo castigo que alguien que maneja con el doble de ese nivel y con condenas previas. Para el primero (y es importante destacar la perspectiva de que muchos trabajos de investigación señalan que conducir mientras se habla por un teléfono celular resulta más peligroso que hacerlo con un nivel de 0,08 BAC), el tribunal debería tener la discrecionalidad de determinar el castigo apropiado. Esto no excluye a un dispositivo de interrupción de encendido si las circunstancias lo ameritan.

Una de las muchas frases memorables de Mark Twain es: "Si la única herramienta que tiene es un martillo, pensará que todo lo que surge es un clavo". En definitiva, ese es el problema con los que proponen los dispositivos de interrupción de encendido. Puede ser un mecanismo efectivo para utilizar con conductores con un elevado BAC y ebrios consuetudinarios. Pero es una solución en busca de un problema para el resto de la sociedad.


Charles V. Peña es Asociado Senior en el Independent Institute así como también Asociado Senior con la Coalition for a Realistic Foreign Policy, Asociado Senior con el Homeland Security Policy Institute de la George Washington University, y consejero del Straus Military Reform Project.



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