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Una comisión que debería preocupar
27/2/2008
Donald A. Downs
Washington Times

Las comisiones de Washington típicamente provocan poco más que un bostezo. Sus numerosos informes no leídos juntan polvo en los estantes de las bibliotecas de toda la ciudad, desde Foggy Bottom a Capitol Hill. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos preocuparnos acerca de una ley, aprobada por la Cámara de Representantes en octubre y actualmente pendiente en el Senado, para establecer una bipartidista “Comisión Nacional Para la Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Interno”? ¿No deseamos evitar estas cosas?

Sí, lo deseamos. Pero también deseamos impedir que el gobierno se involucre en cazas de brujas ideológicas o en la violación de las libertades civiles, simplemente sobre la base de lo que la gente piensa.

Bajo la Primera Enmienda, la gente goza del derecho a mantener creencias extremas siempre y cuando esas creencias no sean usadas para incitar a una acción ilegal, o no estén conectadas de una manera demostrable con una acción ilegal o perjudicial. Desafortunadamente, el lenguaje de la ley que establece la nueva comisión podría poner en peligro a este derecho.

El proyecto de ley define a la “radicalización violenta” como “el proceso de adoptar o promover un sistema de creencias extremistas con el propósito de facilitar una violencia basada ideológicamente a fin de promover el cambio político, religioso o social”. El “terrorismo interno” es definido como “el empleo, el empleo planificado o la amenaza del empleo de la fuerza o la violencia de parte de un grupo” en los Estados Unidos “para intimidar o presionar” al gobierno o civiles a fin de alcanzar los objetivos del grupo.

La comisión se concentraría en la investigación y el análisis de información y no tendría facultades explicitas de hacer cumplir las leyes ni de realizar citaciones judiciales. Las tareas de la comisión incluirían la recolección de información, la coordinación y facilitación de la investigación y el análisis de los datos y la información reunida por los gobiernos locales, estaduales, nacional y extranjeros, las organizaciones no gubernamentales y las fuentes académicas. El proyecto de ley solicita el establecimiento de un “Centro de Excelencia” dentro de una universidad para el estudio de dichas amenazas.

El terrorismo jihadista al que enfrentamos se encuentra en verdad basado ideológicamente, así que una mejor comprensión de los vínculos entre la ideología y los actos terroristas es una actividad gubernamental legitima e importante. ¿Entonces por qué deberíamos preocuparnos de que ley amenace a las libertades civiles?

Primero, porque el mandato de la comisión no está del todo claro. Mientras que el proyecto de ley pendiente en el Senado (S.1959) parecería describir la misión de la comisión con considerable cuidado, también le otorga al parecer a la comisión propuesta un cheque en blanco para perseguir “otros propósitos”. ¿Qué otros propósitos? Esta es una invitación a la mala conducta.

La ley establece también que las actividades de la comisión “no deberían violar los derechos constitucionales, los derechos civiles ni las libertades civiles” de los ciudadanos y residentes permanentes legales. Esto también debería levantar una bandera de alerta: El proyecto de ley dice que la comisión “no debería” violar las libertades civiles, en vez de utilizar una prohibición más definitiva—tal como “no deberá”.

Además, el proyecto de ley deja afuera importantes detalles acerca de la comisión y sus deberes. ¿Cómo serán usados los descubrimientos de la comisión? ¿Estarán los grupos que sostienen creencias extremistas y utilizan una retórica intimidante sujetos a un escrutinio y presión inmerecidas, aun si no plantean ninguna amenaza significativa? ¿Se abocara la comisión a la tarea de “delatar” sin las provisores adecuadas a favor del debido proceso y la ecuanimidad básica? El proyecto S.1959 y sus compañera en la Cámara de representantes guardan silencio respecto de esas cuestiones.

Además, las definiciones de terrorismo y violencia radical del proyecto de ley—al igual que definiciones similares en la Ley Patriota de los EE.UU.—son amplias. No están limitadas a la violencia como la de al Qaeda que plantea un peligro existencial a los Estados Unidos. Tal como se encuentra definido actualmente, el mandato de la comisión podría también incluir a grupos tales como a las Personas por la Ética en el Trato de los Animales (PETA es su sigla en ingles), a las coaliciones violentas en contra del aborto y a grupos similares. A pesar de que tales grupos plantean legitimas inquietudes de aplicación de la ley, no constituyen una amenaza a la seguridad nacional que justifique medidas extraordinarias.

¿Es incluso necesaria una comisión así?

La Ley patriota de los EE.UU. ya facilita la coparticipación de la información entre las agencias gubernamentales, y la Constitución permite el monitoreo gubernamental de los grupos extremistas, siempre y cuando dicho monitoreo no viole la Primer y Cuarta Enmienda. Los tribunales han vuelto a la Cuarta Enmienda flexible en esta área; y si bien los estándares de la Primera Enmienda son fuertes, los tribunales por lo general no consideran al monitoreo extensivo una violación de sus protecciones. Mientras tanto, las investigaciones académicas y gubernamentales sobre el terrorismo ya han proliferado como hongos.

Antes de que el Senado se aboque al tratamiento de esta ley, el publico necesita mas evidencia acerca de si una comisión así resulta necesaria, su misión estará limitada a las amenazas a la seguridad nacional que sean significativas y que se implementarán salvaguardias para proteger el libre pensamiento y las libertades civiles.


Donald A. Downs es Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California y profesor de Ciencias Políticas, Derecho, y Periodismo en la University of Wisconsin, Madison. Es autor del nuevo libro Restoring Free Speech and Liberty on Campus (Cambridge).



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