In English

El sexo y el Estado
1/6/1998
Wendy McElroy

Bill Clinton ha disfrutado por mucho tiempo del apoyo de prominentes feministas. Ellas no sólo conocen a un aliado político cuando lo ven; ellas reconocen que muchos de los detractores de Clinton se encuentran actualmente atacando las leyes sobre el acoso sexual. Pero, a la luz de los escándalos sexuales de Clinton, algunas, como Anita Hill, temen que las leyes puedan ser debilitadas. De hecho, este podría ser el único resultado feliz de un episodio por otra parte lúgubre.

Cuando el gobierno castiga actitudes sexuales, en lugar de crímenes contra la persona y la propiedad, el mismo interfiere con la libertad personal y avanza más allá de la buena ley. Más aún, cuando el gobierno impone una agenda social en el ámbito empresarial, el mismo priva a cada uno del derecho a contratar libremente. En una economía verdaderamente libre, estas leyes simplemente no existirían.

Otros comentaristas ofrecen una reacción diferente. Lorna Brett, presidente del Capítulo de Chicago de la National Organization for Women (NOW según sus siglas en inglés), ha tenido que defender a la organización del cargo de ser “el perro faldero del presidente” por omitir denunciar a Clinton. Y cuando el New York Observer reimprimió una cándida conversación acerca de Monica Lewinski entre “las feministas del lápiz labial” Nancy Friday y Katie Roiphe, la escucha telefónica no autorizada no reveló preocupación alguna por las mujeres sino risitas lascivas.

A medida que las acusaciones contra Clinton se volvieron más creíbles con las afirmaciones de Kathleen Willey de haber sido acosada, la risita se suavizó. Si sus cargos son ciertos, dijo luego la vocera de NOW Patricia Ireland, Clinton no es sólo culpable de acoso sexual (comentarios y propuestas abusivas), sino también de agresión (contacto físico no deseado), el cual es un cargo criminal.

En medio de la cacofonía creciente, una declaración feminista sobre el escándalo de Clinton asume particular importancia: a saber, un trabajo en el New York Times de la profesora de derecho de Chicago Catharine A. MacKinnon (“Harassment Law Under Siege”). Por más de una década, MacKinnon ha sido una voz distintiva dentro de la teoría feminista. Por ejemplo, ella fue central para convencer al establishment legal de que el acoso sexual debería ser visto como discriminación sexual bajo el Título VII, la cláusula del “empleo justo,” de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

El artículo de MacKinnon, una defensa de las leyes sobre el acoso sexual, exige un análisis y refutación. Al filtrar la debacle de Monica Lewinski, MacKinnon hace una distinción esencial repetitivamente clara. En un breve editorial emplea las frases “acoso sexual en el lugar de trabajo,” “abuso sexual en el trabajo,” “acoso sexual en el trabajo,” “subordinada al mismo hombre en el trabajo,” y “acoso en el trabajo mediante la ley.”

La distinción aquí es entre el acoso en el trabajo y el acoso en la “escuela.” Pese a que MacKinnon reconoce que “ser una pasante en la Casa Blanca implicaba más estar en una escuela que en un trabajo,” afirma que tanto Lewinski como Jones “eran mujeres subordinadas al mismo hombre en el trabajo.”

El acoso en el lugar de trabajo es definido de una de dos maneras: (1) un quid pro quo (trato de una cosa a cambio de otra), mediante el cual los favores sexuales son directamente negociados a cambio de un beneficio profesional o contra la amenaza de una pérdida profesional; y (2) “un ambiente laboral hostil”—una frase acuñada por MacKinnon—en el cual las mujeres son amenazadas y “desautorizadas.” Ninguna definición parece cubrir los favores sexuales rendidos ansiosamente, el cual es el peor escenario sugerido hasta ahora en la telenovela de Bill y Mónica.

El acoso en el ambiente escolar es definido de manera diferente.

En la obra Sexual Harassment: Confrontations and Decisions—una antología que incluye dos ensayos de MacKinnon—Nancy Tuana afirma que incluso las inocentes reuniones académicas pueden ser coercitivas debido a la diferencia de poder entre un profesor y una estudiante. Tuana denomina a este acoso una “amenaza implícita no deseada, sin ninguna intención de lastimar.”

Las universidades han hecho esfuerzos para prevenir dicho perjuicio. Por ejemplo, en septiembre de 1989, Harvard publicó una guía señalando que comentarios inocentes podrían constituir acoso: “Mensajes alienantes pueden ser sutiles y a veces no intencionales, pero los mismos sin embargo tienden a comprometer la experiencia del aprendizaje de ambos sexos.... Por ejemplo..., llamando solamente a las mujeres en una clase sobre temas tales como el matrimonio y la familia.”

En una ambiente escolar, el acoso tiende a estar divorciado de la intención; en cambio, el mismo habla de diferenciales de poder. Si una pasantía en la Casa Blanca puede ser vista como una relación estudiantil en vez de una laboral, la cuestión del acoso sexual en el escándalo de Lewinski se vuelve mucho más debatible. Es un debate del cual MacKinnon desea escapar.

¿Qué hay, entonces, respecto de Willey? Ella era una voluntaria cuando el supuesto abuso ocurrió. Eso deja abierto el interrogante de si las feministas deberían aplicar el criterio del ámbito laboral o el del aprendizaje a fin de determinar la presencia de acoso sexual. Pese a que Ireland denomina de forma precisa al supuesto abuso como “agresión sexual” y no acoso, esto está lejos de quedar claro. Algunas definiciones comúnmente citadas de acoso incluyen la agresión (véase el informe de F.J. Tilly de 1980 al National Advisory Council of Women''''''''''''''''s Educational Programs).

Enfrentada con la posible extinción intelectual de las leyes sobre el acoso sexual, MacKinnon desea protegerlas definiendo a la situación de Lewinski como un medio ambiente laboral, aún cuando ella no era una empleada. Ireland protegería las leyes sobre el acoso sexual definiendo la situación de Willey como agresión sexual.

Pero ninguna aproximación es satisfactoria. Déjenme seguir a MacKinnon en lo que, para ella, es la base menos sólida del acoso en el lugar de trabajo y argumentar por la derogación de las leyes actuales. Detesto las actitudes que algunos hombres expresan hacia las mujeres en los lugares de trabajo. Pero la cuestión esencial es ésta: ¿debería el gobierno asignar por mandato actitudes sociales y sexuales y costumbres?

Más fundamentalmente: ¿cuál es el propósito de la ley en la sociedad? ¿Debería la misma hacer cumplir una perspectiva conducida políticamente sobre qué constituye el pensamiento y la acción virtuosa? Ese es un mandato demasiado amplio para ser compatible con la libertad. La ley debería proteger los derechos: es decir, la ley debería prevenir y compensar los actos de violencia contra la persona y la propiedad. La misma no debería dirigir ninguna conducta pacíficamente expresada, mucho menos presumir vigilar actitudes, sin importar cuan ofensivas las mismas puedan ser.

Las leyes sobre el acoso Invaden la privacidad. Glorifican al gobierno como un guardián paternal. Y los costos económicos son inmensos. Un estimado 75 por ciento de las compañías estadounidenses han instituido políticas sobre el acoso sexual. Estas empresas gastan enormes sumas de dinero para educar a los empleados sobre esta cuestión, interponer demandas judiciales y evitar que tales demandas ocurran. Existen también costos sutiles de las leyes sobre el acoso sexual. Las leyes moldean a las mujeres como víctimas permanentes, y les hace perder a mentores varones quienes temen el enjuiciamiento. Las leyes tienden a endurecer las actitudes a las que están intentando cambiar.

El verdadero acoso sexual involucra un comportamiento físicamente invasivo. Cuando la agresión o las lesiones ocurren, las mujeres deberían tener la oportunidad de presentar cargos criminales. Cuando el acoso es verbal, las mujeres deben ser libres para confrontar el abuso verbal y negarse a tolerarlo. Y las mujeres deberían emplear los remedios que casi toda empresa posee como un asunto de política interna. En una economía de mercado, existe competencia por los ambientes laborales entre las firmas. Pero con los reglamentos super impuestos sobre el mercado, la mayoría de las mujeres que informan de un acoso a los investigadores y al gobierno afirman que ellas nunca se quejaron ante sus empleadores.

Una clave para resolver la cuestión del acoso sexual es la de devolverlo al ámbito de la ley del agravio, el cual provee una compensación civil para los perjuicios privados. Los tribunales poseen una larga historia de ver al contacto sexual no querido como tortuoso—usualmente cuando el mismo es expresado en la forma de lesiones o de agresión, como lo constituiría el las caricias forzadas a Willey por parte de Clinton. La mayoría de las feministas, sin embargo, se resisten al retorno de la ley del agravio porque la misma tornaría a los comentarios y proposiciones sexuales no sancionables a menos que estuviesen acompañados de abuso físico.

¿Qué implica para las leyes sobre el acoso sexual cuando la mayoría de la gente cree que Clinton ha cometido alguna forma de agresión sexual pero que el agraviador debería permanecer sin ser castigado? ¿Qué le ocurre a la ley cuando la gente simpatiza más con el abusador sexual que con las víctimas?

En oposición al grupo de presión de la corriente mayoritaria feminista, las leyes sobre el acoso sexual no son ya más defendibles. No obstante, subsiste el innegable problema de las mujeres que no son tratadas correctamente en muchos ámbitos, incluido el laboral. El gobierno no es la solución; es el problema. ¿Precisamos mirar más allá de Clinton para ver a este principio en acción?

Traducido por Gabriel Gasave


Wendy McElroy es Investigadora Asociada en the Independent Institute y directora de los libros del Instituto, Freedom, Feminism and the State y Liberty for Women: Freedom and Feminism in the Twenty-first Century.




  • MyGovCost.org
  • FDAReview.org
  • OnPower.org
  • elindependent.org