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Una tercera vía para tratar las tribulaciones del presupuesto de Mississippi
19/1/2003
William F. Shughart II

Los legisladores reunidos en la sesión regular del año 2003 enfrentan una “crisis” presupuestaria estadual de su propia autoría. Aunque unas débiles economías nacional y regional seguramente han contribuido a que los ingresos en concepto de impuestos estaduales no crecieran tan enérgicamente como fuera pronosticado por los planificadores legislativos del presupuesto, Mississippi se encuentra fiscalmente comprometido debido a pasadas faltas de perspicacia legislativas.

Al igual que en varios otros estados, la legislatura de Mississippi respondió al robusto crecimiento de la recaudación que tuvo lugar a mediados de los años ''''90 embarcándose en una parranda derrochadora, incurriendo en obligaciones del servicio de la deuda y expandiendo los programas del gobierno estadual y la nómina salarial pública como si no existiese un mañana.

Ahora que los pollos han regresado a casa para descansar, solamente dos opciones parecieran estar sobre la mesa: elevar los impuestos o recortar el gasto. En virtud de que los aumentos impositivos generales nunca son políticamente populares, están siendo consideradas propuestas para equilibrar el presupuesto sobre las espaldas de los pobres mediante la suba dramática de los tributos estaduales al consumo sobre los productos tabacaleros y la cerveza. Mientras tales impuestos al “pecado” les interesan a los entrometidos cuyas sensibilidades se ven ofendidas por el fumar y el beber, la verdad de la trama es que su carga recae más fuertemente sobre los consumidores de bajos ingresos, muchos de los cuales pagarán, si el impuesto estadual al consumo sobre los cigarrillos es incrementado en un 50% por paquete, más anualmente en razón de los impuestos sobre el tabaco de lo que pagan en concepto del impuesto a las ganancias.

Careciendo de la voluntad política para priorizar las categorías de gastos, la legislatura parece feliz de obligar al gobernador a resolver los déficits de los ingresos ordenando reducciones presupuestarias en todos los ámbitos. El absurdo de que todos los programas financiados públicamente son igualmente importantes, de modo tal que a ninguna agencia debería pedírsele recortar su gasto en mayor medida que el de alguna otra—u, horror de horrores políticos, de ser todas juntas consideradas para su eliminación—se ha aproximado peligrosamente a suprimir la provisión de aire para las instituciones de educación superior del estado.

Felizmente, existe una tercera vía para lidiar con la crisis presupuestaria de Mississippi. Esa solución no es la de atacar al fondo fiduciario del tabaco de Mike Moore, sino la de liquidar algunos de los activos no rentables del estado. Durante la administración del Gobernador Kirk Fordice, me desempeñé en una fuerza de tareas designada por el Auditor Estadual para estudiar iniciativas de privatización. A esa fuerza de tareas le fue asignada la responsabilidad de identificar las oportunidades para reducir el gasto estadual mediante la renuncia a realizar las operaciones y actividades que pudiesen ser llevadas a cabo más eficientemente en el sector privado de lo que lo son en el sector público.

La fuerza de tareas desarrolló una lista de tales oportunidades, ninguna de las cuales que yo sepa ha sido alguna vez implementada (véase “Stop the Waste: The Report of ''''Initiatives for the Nineties''''”.) Uno de los principales candidatos de la fuerza de tareas para la privatización era el Veterans Memorial Coliseum de Mississippi, una instalación deportiva que permanece inactiva la mayor parte del tiempo y que una década atrás se encontraba generando pérdidas operativas anuales de aproximadamente $450.000. Los terrenos de la feria estadual de Jackson, ubicados en un inmueble de primera calidad a corta distancia de la cúpula del capitolio e igualmente una monstruosidad regularmente vacía, eran otro candidato importante: el promedio anual de las pérdidas operativas de la Mississippi Fair Commission asciende a $216.000.

Ningún propósito legítimo del gobierno estadual es servido en la actualidad, si es que alguna vez lo fue, mediante la propiedad pública de un estadio de fútbol o de una propiedad urbana cuyo uso primario es el de albergar a una feria una vez al año. Vender estos y otros activos mal administrados, incluido el Mississippi Coast Coliseum y el sistema estadual de telecomunicaciones de la Central Data Processing Authority, no solamente le permitirá al estado evitar las pérdidas crónicas en las que incurre al operarlos, sino que implicaría una transfusión de decenas de millones de dólares para el anémico presupuesto.

También otro inmueble valioso a lo largo de la carretera Interestatal 55 en Jackson se encuentra ocupado por la Mississippi School for the Blind and Deaf (Escuela para Ciegos y Sordos de Mississipi,) la primera institución de ese tipo establecida en los Estados Unidos. Los dineros recaudados con la venta de esa propiedad generarían casi seguramente suficiente efectivo como para financiar la construcción de nuevas instalaciones de última generación en alguna otra localidad, con una suma sustancial como remanente para rentas generales.

Los miembros de la fuerza de tareas se quedaron estupefactos al conocer que el Estado de Mississippi posee y opera una estación de servicio en Jackson. La empresa falla en cubrir sus costos operativos al ritmo de $25.000 al año, y no resulta sorprendente que sea más conveniente para los empleados públicos utilizar las tarjetas de crédito emitidas por el estado para cargar combustible en sus vehículos estaduales en las estaciones Shell o Chevron más cercanas.

Hay muchos otros activos propiedad del Estado de Mississippi que actualmente representan partidas del gasto público, pero que podrían ser transformados en fuentes de ingresos. Por supuesto, la privatización ofrece un medio de complementar al presupuesto público que puede ser aprovechada solamente una vez. Pero épocas presupuestarias extraordinarias exigen medidas extraordinarias. Además de evitar recortes del gasto o incrementos impositivos adicionales en el corto plazo, la privatización también tiene el beneficio de largo plazo de quitar al estado del negocio de administrar activos en el cual nunca debería haberse involucrado.

Traducido por Gabriel Gasave


William F. Shughart II es Director de Investigaciones e Investigador Asociado Senior en the Independent Institute, J. Fish Smith Professor in Public Choice en el Jon M. Huntsman School de Business en Utah State University, dirigió Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination (Transaction, 1997) y The Economics of Budget Deficits (Edward Elgar, 2002).




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