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Los “derechos adquiridos” federales deben ser disminuidos
17/3/1995
Robert Higgs

El presupuesto federal vs. el bienestar económico

A menos que el Congreso resista firmemente a los clamorosos grupos de interés y recorte severamente el gasto federal, las perspectivas económicas de los Estados Unidos se oscurecerán. Bajo las actuales leyes impositivas y de derechos sociales, una inminente crisis fiscal amenaza al bienestar económico y físico de millones de estadounidenses.

En esta batalla, Bill Clinton ya se ha rendido. El propuesto presupuesto del presidente para el año fiscal 1996 requiere un aumento del gasto de casi el 5 por ciento y pronostica un gran déficit de casi $200 mil millones (billones en inglés). Un funcionario de la Casa Blanca dice, “La gente no se preocupa por la reducción del déficit. Lo redujimos en los dos primeros años. Miren a donde nos llevó. Perdimos la Cámara de Representantes y el Senado”.

Clinton intenta dejar que el Partido Republicano pague las consecuencias por los recortes del gasto. ¿Harán los republicanos de peleles políticos? Quizás lo hagan, pero cuando tengan que tomar decisiones difíciles, su coraje puede vacilar y su anhelo por la reelección imponerse. En el inicio del proceso presupuestario, los republicanos están mostrando poco entusiasmo por derribar items inexcusables como los proyectos que implican negociados en materia de defensa y los subsidios a los agricultores ricos.

Si el Congreso carece del coraje para realizar estos fáciles recortes, ciertamente se amilanará cuando trate de la Seguridad Social, el Medicare, y el Medicaid. Pero a menos que estos programas sean recortados, realizar recortes en el resto del presupuesto ayuda escasamente. Solamente estos tres programas representan actualmente el 70 por ciento de todos los desembolsos federales en materia de “derechos”—el 38 por ciento de todos los gastos federales—y están creciendo rápidamente. En el presupuesto del presidente los mismos se incrementan en $90 mil millones (billones en inglés) en los próximos dos años. Tan solo el incremento del gasto para los tres grandes programas de derechos entre 1995 y 1997 equivaldrá al monto que actualmente es gastado en concepto de asuntos internacionales, agricultura, transporte, y justicia combinados.

El envejecimiento de la población intensificará esta tendencia. A medida que los aquellos nacidos tras la Segunda Guerra Mundial (“baby boomers” como se los conoce en inglés) empiecen a reunir los requisitos para jubilarse después de 2007 y la creciente proporción de los jubilados en la población magnifique la demanda por los servicios del cuidado de la salud, el gasto en los tres grandes programas se acelerará.

Según la Comisión Bipartidista sobre la Reforma de los Derechos y los Impuestos, el Fondo Fiduciario del Medicare será insolvente en 2001. Incluso si los costos del cuidado de la salud no suben más rápido que el producto bruto interno (PBI) después de 1999, los gastos por el Medicare y el Medicaid se incrementarán del 3,3 por ciento del PBI en 1993 al 7,2 por ciento en 2030.

Las proyecciones de la Comisión muestran también que para el año 2013 los pagos en concepto de beneficios de la Seguridad Social superarán a los ingresos, y el Fondo Fiduciario estará agotado para 2029. Por lo tanto la Seguridad Social quebrará dentro de los 10 años de los primeras jubilaciones para el grupo más grande de “baby boomers”, los nacidos en 1957.

Los cambios demográficos que provocan estas desastrosas tendencias son plenamente visibles—no hay duda de ellos. A menos que el Congreso altere las políticas actuales, un fiasco fiscal tendrá seguramente lugar. ¿Qué podría hacer el Congreso?

Los impuestos de la Seguridad Social podrían ser elevados, pero gravar los ingresos más enérgicamente desalienta el empleo al insertar una cuña más grande entre el costo del empleo para el empleador y los ingresos que los empleados se llevan a casa. De manera persistente la alta desocupación en Europa, debida en parte a los altos tributos al trabajo, sirve como una lección. Frenando el crecimiento del empleo solamente aumentará los déficits de los ingresos de la Seguridad Social y del Medicare.

El endeudamiento podría cubrir la brecha. Pero el endeudamiento federal ya absorbe dos tercios de los ahorros privados en los Estados Unidos, dejando solamente el 1,7 por ciento del PBI disponible como ahorros privados netos. A menos que los estadounidenses ahorren más para invertir en nuevo capital privado, nuestra productividad y estándar de vida se estancará. No podemos seguir dependiendo de los extranjeros para aumentar nuestros fondos de inversión, dado que la crecientemente precaria condición fiscal del gobierno llevará a los extranjeros a temerle al recurso del Tío Sam de inflar las existencias de dinero, la cual hará subir los precios y bajará el tipo de cambio.

Tal como lo discutimos en el nuevo libro de The iNdependent Institute, Beyond Politics, solamente una solución genuina se presenta: los compromisos de derechos sociales deben ser drásticamente recortados. El gobierno federal ha prometido más de lo que puede dar, y el hecho de tratar de cumplir con sus promesas extravagantes lleva a la ruina económica.

La American Association of Retired Persons (Asociación Estadounidense de Jubilados o AARP según su sigla en inglés), el grupo de presión más poderoso en Washington, no desea hacer frente a esta realidad. Según un importante cabildero de la AARP, “Proteger al Medicare y mantener a la Seguridad Social fuera de este debate son la prioridad número 1”. Atentos a las legiones de votantes jubilados, pocos políticos desean asumir la responsabilidad por las necesarias reducciones.

El pasado otoño, los electores rechazaron no a un partido que bajaría el déficit sino a uno cuyas propuestas para el cuidado de la salud y otras áreas evitaban cualquier posible reducción en las cargas del gobierno. A menos que los líderes parlamentarios cumplan sus promesas de tomar decisiones duras, se unirán a sus predecesores demócratas en la derrota, como en verdad deberían hacerlo. Tienen que enfrentar la realidad y reducir los compromisos existentes a la Seguridad Social, el Medicare, y el Medicaid.

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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