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La esquizofrénica política agrícola estadounidense
1/10/2007
Ernest C. Pasour Jr., Randal R. Rucker

Con el proyecto de Ley Agrícola 2007 temporalmente varado en el Senado, este es un buen momento para reconsiderar los esquizofrénicos programas de los Estados Unidos en materia de agricultura y cómo a menudo funcionan con objetivos contrapuestos.

Considérense por ejemplo los subsidios gubernamentales. Bajo la actual Ley Agrícola, promulgada en 2002, los pagos del gobierno a los agricultores promediaron alrededor de $175 mil millones al año desde 2003 hasta 2006. El proyecto de Ley Agrícola 2007 aprobado por la Cámara de Representantes costará unos $286 mil millones adicionales durante cinco años, incluidos tanto los pagos directos como otras disposiciones.

Los políticos afirman ser amigos de la pequeña “familia agraria” pero la mayor parte de los pagos gubernamentales se destinan a los grandes establecimientos agrícolas. La mitad de todas las granjas de los EE.UU. no reciben absolutamente nada debido a que no cultivan maíz, trigo, algodón ni otros cultivos importantes que califican para los pagos por “commodities”.

En virtud de que la mayoría de los pagos están basados en el historial de la producción pasada de la granja, probablemente tengan poca incidencia en los precios actuales de los productos de campo. Pero provocan que los precios de la tierra se vean elevados, lo que implica que aquellos que poseen la mayor parte de la tierra reciban los mayores beneficios.

La escalada de los precios de la tierra, a su vez, eleva el costo de ingresar en la actividad agrícola, perjudicando una vez más al hombre común. El gobierno responde ofreciendo créditos agrícolas subsidiados, los cuales proporcionan $3 mil millones al año en préstamos para la adquisición de una propiedad y operarla a los agricultores y rancheros que no califican para los préstamos privados. Estos subsidios incrementan la rentabilidad de la agricultura. Esto, a su vez, alienta más producción y resulta en precios más bajos para los cultivos y el ganado en pie.

El entremetimiento del gobierno en el manejo del riesgo ayuda también a que los precios disminuyan. Por ejemplo, se alienta a los agricultores a adquirir un seguro sobre las cosechas subsidiado gubernamentalmente, el cual cuesta a los contribuyentes $4 mil millones al año. Pero muchos agricultores son renuentes a adquirir seguros de cosechas porque por lo general se puede contar con que el Congreso proporcionará una ayuda ad hoc cuando las sequias, heladas, inundaciones y otros problemas relacionados con el clima tengan lugar.

¿Así que para qué adquirir un seguro? Dicho gasto ad hoc totalizó más de $35 mil millones durante la pasada década.

Al igual que los programas de préstamos, el seguro de cosechas subsidiado y la asistencia ad hoc ante un desastre también aumenta la rentabilidad de la agricultura, alienta una mayor producción y da lugar a una reducción en los precios—tal como lo hacen los programas de investigación y extensión agrícola del gobierno.

Mientras que el crédito subsidiado, el seguro de los cultivos, las medidas de ayuda ad hoc y los programas de investigación y extensión estimulan la producción y retardan los precios, otros programas gubernamentales los hacen subir.

Por ejemplo, el programa de estampillas de alimentos, de desayuno y almuerzo escolar subsidiado y el programa para las Mujeres, Infantes y Niños incrementan todos ellos la demanda por productos agrícolas. Una demanda incrementada hace subir los precios. Estos programas costaron a los contribuyentes más de $50 mil millones en 2006.

Los subsidios a las exportaciones, que cuestan a los contribuyentes unos $4 mil millones adicionales por año, también elevan los precios. Gran parte del apoyo político en favor del programa de ayuda exterior Alimentos por la Paz, por ejemplo, se basa en el hecho de que incrementa la demanda en el exterior de los productos agrícolas estadounidenses.

Una demanda incrementada genera precios más altos.

A través de los años, el gobierno también ha elevado los precios agrícolas con programas para dejar a extensiones de tierra fuera de la producción. El actual Programa de Reserva para la Conservación (CRP es su sigla en inglés), que cuesta a los contribuyentes $2 mil millones al año, remueve de la producción agrícola a tierra sensible medio ambientalmente y la mantiene bajo la “protección” de una conservación de recursos a largo plazo.

Pero otros programas funcionan con objetivos enfrentados: en este caso, un programa de “costos compartidos” de certificación orgánica que suministra asistencia financiera a los productores de cultivos y ganado orgánico. Debido a que los rendimientos orgánicos son más bajos, los aumentos en la agricultura orgánica incorporan más tierra a la producción, reduciendo el hábitat de la vida silvestre y compensando parcialmente los efectos del CRP.

Los programas lácteos y del azúcar merecen una atención especial, elevan los precios de la leche y el azúcar mientras el gobierno, a través de las estampillas de alimentos y otros programas subsidian la compra de leche y azúcar y de productos que contienen estos ingredientes.

No precisa ser un economista agrícola para darse cuenta que nada de esto tiene sentido. Es el momento de un nuevo enfoque.

Traducido por Gabriel Gasave


Ernest C. Pasour es Profesor de Economía en la North Carolina State University y autor de Plowshares & Pork Barrels: The Political Economy of Agriculture y Agriculture and the State del The Independent Institute.
Randal R. Rucker es Investigador Asociado en el Independent Institute, profesor de economía agrícola y economía en la Montana State University, y coautor de Plowshares & Pork Barrels: The Political Economy of Agriculture.




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