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Los disparates del gobierno generan más demanda por sus servicios
13/8/2007
Ivan Eland

Si un restaurante, tintorería o negocio de reparaciones hogareñas proporciona bienes inferiores o servicios de mala calidad, es probable que el negocio desaparezca. Sin embargo, cuando el gobierno de los Estados Unidos comete algún disparate, la mayoría de sus ciudadanos premia su fracaso con más dinero y poder.

Por ejemplo, después de que la administración Bush exacerbó la amenaza a nivel mundial de los terroristas islámicos mediante la invasión y ocupación de dos naciones musulmanas, espió a los estadounidenses sin autorización—lo que es tanto ilegal como inconstitucional—para combatir “urgentemente” a dicho terrorismo y luego vio a su Procurador General fingir respecto del programa de espionaje, el Congreso ha en verdad recompensado a la administración por sus acciones. Temerosos de ser tildados de “suaves contra el terrorismo” después de que un informe de la administración hábilmente alimentó el temor público al exagerar sobre la reagrupación de al Qaeda, los legisladores no solamente concedieron a la administración la autoridad legal para dicho espionaje interno no autorizado, sino que la ampliaron para incluir casos en los cuales se sospecha de terrorismo. Ahora, el gobierno puede escuchar todas las conversaciones telefónicas realizadas por los estadounidenses hacia o desde el exterior. Nancy Pelosi, vocera de la Cámara de Representantes, ha prometido que esta parodia será rectificada cuando el Congreso reanude sus sesiones en septiembre; pero ahora que es ley, el presidente Bush solamente precisa vetar el proyecto y conseguir los votos de un tercio de una de las cámaras del Congreso para bloquear cualquier modificación a las horripilantes clausulas.

A esta altura, la única esperanza remota parecería ser que una Corte Suprema más conservadora fuese en verdad un “estricto construccionista” y falle que la Cuarta Enmienda a la Constitución—que protege al pueblo de allanamientos y confiscaciones injustificadas—no autoriza excepción alguna al requerimiento de que las autorizaciones de escuchas telefónicas estén sujetas a la aprobación judicial. Ni siquiera por razones de “seguridad nacional” la Cuarta enmienda exceptúa las autorizaciones. De hecho, la protección de los derechos de los ciudadanos durante situaciones especialmente tensas fue considerada muy adrede en el diseño de la Constitución.

Este ejemplo no es la única demanda autogenerada en favor del activismo gubernamental que ha surgido a raíz de la invasión estadounidense de Irak. A pesar de que al Qaeda carecía de presencia en Irak bajo el gobierno de Saddam Hussein, la rama mesopotámica surgió como oposición a la ocupación de los EE.UU. y actualmente está provocando una matanza al lanzar numerosos ataques suicidas tanto contra blancos militares como civiles. Sin embargo con cara seria, George W. Bush sostiene que los Estados Unidos deben seguir desperdiciando vidas estadounidenses e iraquíes y cientos de miles de millones de dólares en Irak para dar batalla a una amenaza a la que ayudó a generar. También se encuentra armando a ex enemigos en Irak—los guerrilleros sunitas—para ayudar a combatir al grupo destructivo. Confiar en los guerrilleros puede ser algo erróneo, y podría regresar más tarde para asechar a los Estados Unidos o exacerbar a la guerra civil en curso.

Además, tras la eliminación del régimen de Saddam Hussein en Irak—el mayor rival del Irán chiita—era predecible que la fortaleza del más grande competidor estratégico de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico crecería. Resulta desaconsejable llevar a cabo una acción militar que es probable que ayude a tu principal rival, pero la entusiasta administración Bush hizo exactamente eso. Después de que los Estados Unidos crearon un gorila regional iraní de 800 libras de peso, sintieron luego la necesidad de vender armas por valor de $20 millones de dólares para apuntalar a sus aliados sunitas del Golfo, asustadizos y ricos en petróleo, y para intentar conseguir algo de cooperación de su parte en el apoyo a un gobierno chiita-kurdo en Irak. Estas ventas a su vez significaban que los Estados Unidos tenían su billetera abierta—elevando un 25 por ciento los ya enormes subsidios de ayuda militar a Israel, el nervioso rival de los estados del Golfo, a un promedio de $3.000 millones por año. Finalmente, en la cadena de regalos, la ayuda a Egipto, un potencial rival de Israel, tuvo también que ser incrementada a un promedio de $1.300 millones por año. Así, para compensar su chapucería, los Estados Unidos están alimentando una carrera armamentística en un volátil región, que podría llevar a nuevas catástrofes.

La mayoría del público estadounidense parece no haber advertido que las acciones de su gobierno han exacerbado o incluso creado amenazas extranjeras, a las que ese mismo gobierno luego afirma que precisa de más recursos a fin de contrarrestarlas. En vez de exigir que su gobierno cese sus excesivas intervenciones y ocupaciones militares, las ventas de armas y la ayuda militar al exterior, e insistir en que el Congreso interrumpa el financiamiento para dichas acciones, el público de los EE.UU. premia al gobierno que no solo se desempeña pobremente contra esas amenazas, sino que en verdad las exacerba. El público nunca avalaría un fracaso similar por parte de las empresas privadas.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Asociado Senior y Director del Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.



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