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El Senado no debe ratificar a la CEDAW
13/8/2002
Wendy McElroy

Tras más de dos décadas de rechazo por parte del Senado de los Estados Unidos a ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW es su sigla en inglés), el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el tratado el 30 de julio, remitiendo a la CEDAW una vez más para una votación general de la Cámara.

¿Qué es la CEDAW? El tratado requiere que todas las naciones signatarias condenen el sexismo y establezcan mecanismos legales, tales como una legislación, para proteger a las mujeres contra la discriminación.

La ratificación de la CEDAW podría ser desastrosa para los Estados Unidos. La CEDAW le otorgaría a un cuerpo extranjero entremetido, corrupto, y no elegido—la ONU—la facultad de esculpir a las leyes y a las instituciones estadounidenses conforme la imagen del feminismo del género.

El tratado es objetable en base a dos elementos: el contenido y el método a través del cual el mismo sería aplicado.

En primer lugar, el contenido. El Artículo 1 define al sexismo de una manera amplia, aunque vaga, como “cualquier distinción, exclusión o restricción ... que tenga el efecto o el propósito de impedir o invalidar el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las mujeres ... de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo civil o en cualquier otro campo.”

El Artículo 7 enfatiza que las naciones signatarias “le asegurarán a las mujeres, en términos idénticos a los de los hombres, el derecho ... a ocupar cargos públicos y a cumplir con todas las funciones públicas en todos los niveles de gobierno.” Esto le abre la puerta a las cuotas dentro de los cuerpos gubernamentales, incluso en aquellos “libremente” elegidos, a efectos de asegurar un “correcto” equilibrio. Así, muchos partidos políticos en Europa imponen actualmente proporciones de genero para la selección de candidatos a los cargos públicos.

La ONU ha anunciado un pedido de sistemas de cuotas políticas durante años. Por ejemplo, bajo las normas que controlaron las elecciones de noviembre de 2001 en Kosovo—normas dictadas virtualmente por la ONU—todo tercer candidato en las listas partidarias debía ser una mujer. Resumiendo, la selección de los candidatos fue puesta en manos de ingenieros sociales y el gobierno fue tornado menos receptivo a la presión del populacho.

Segundo, la aplicación propuesta del tratado seria una debacle.

El Artículo 17 establece un panel de 23 expertos quienes fiscalizarán la imposición de la política del genero dentro de los EE.UU.. Los 23 burócratas serán “elegidos” dentro de la ONU mediante una votación secreta, y cada nación signataria de la CEDAW es elegible para nominar a un candidato. Especial “consideración” le sería dada al establecer el panel a “la equitativa distribución geográfica y a la representación de las diferentes formas de civilización así como también a los principales sistemas legales.” En síntesis, los 23 expertos casi con certeza consistirán en al menos 22 expertos extranjeros sobre políticas del genero de sistemas legales que pueden entrar en conflicto de manera directa con el derecho consuetudinario y las tradiciones constitucionales que definen en gran medida al derecho y a las instituciones norteamericanas.

El Artículo 5 describe lo que los 23 expertos fiscalizarían. Las naciones signatarias “tomarán todas las medidas apropiadas ... para modificar los patrones sociales y culturales de la conducta de los hombres y mujeres” a efectos de eliminar “los prejuicios” y “los roles estereotipados.” Los niños están incluidos en esa modificación. “La educación familiar”- es decir, la enseñanza—implica incluir una “adecuada comprensión” de la “responsabilidad común de los hombres y mujeres en la formación y el desarrollo de sus hijos.”

Si bien sus defensores sostienen que la CEDAW no cambiará una sola ley dentro de los EE.UU. ¿Ha respetado el tratado las leyes y las culturas de las otras naciones signatarias?

En febrero de 2001 la Heritage Foundation emitió un informe intitulado “How U.N. Conventions on Women''s and Children''s Rights Undermine Family, Religion, and Sovereignty” (“Como las Convenciones de la ONU sobre los Derechos de las Mujeres y los Niños Quebrantan a la Familia, a la Religión y a la Soberanía”) elaborado por Patrick F. Fagan. Según este informe, la ONU exigió que los hospitales católicos en Italia ofrezcan abortos aún si el personal médico tuviese objeciones religiosas. Presionó a China (sin éxito) para que legalice la prostitución. (La posición de la ONU sobre la prostitución es la de que el legalizarla, y el reconocerla como una profesión legítima, protegerá a las mujeres de la explotación y abuso de los traficantes de sexo.) Bielorrusia fue criticada públicamente por mantener “símbolos tales como el Día de la Madre y un Premio a las Madres” los cuales promueven estereotipos femeninos. Se le dijo a Libia “que reinterprete el Corán de manera que el mismo caiga dentro de las pautas del comité” sobre las mujeres. De las “medidas apuntadas a la reconciliación de la familia y el trabajo” de Alemania se dijo que “consolidan expectativas estereotípicas.”

Detrás de sus “recomendaciones,” la ONU flexiona cualquier músculo que la misma puede. En 2000, en la Conferencia de la Mujer Beijín + 5 de la ONU, las agencias de desarrollo europeas amenazaron con suspender los fondos prometidos y muy necesitados de Nicaragua debido a que Max Padilla, titular del Ministerio para la Familia nicaragense, insistió en definir al género por su significado usual de “varón y mujer” en vez de incluir categorías propiciadas por la ONU tales como la de “transexual” dentro de la fraseología del derecho nicaragense. Padilla fue echado de su puesto en el gabinete gubernamental.

Aquellos que consideran que la CEDAW apunta a proteger a las mujeres, en vez de a imponer una ideología, deberían preguntarse porqué la ONU se encuentra silente respecto de la política de un solo hijo de China que obliga a abortar a las mujeres embarazadas y que se oponen a ello. Deberían hablar con Kathryn Bolkovac, la ex mujer policía de Nebraska que trabajó como oficial dentro de la Fuerza de Tareas de la Policía Internacional de la ONU. Bolkovac le informó a sus superiores que adolescentes en Bosnia, forzadas a la prostitución, estaban siendo abusadas por los propios oficiales de policía de la ONU pagados para protegerlas. Fue despedida: las autoridades de la ONU hicieron oídos sordos a sus informes y suplicas. A comienzos de este mes, el reclamo de Bolkovac de un “despido injusto” fue llevado ante los tribunales. En efecto, algunos representantes de la ONU estaban involucrados en el tráfico sexual. Eso es mucho para la preocupación de la ONU por las mujeres.

El Senado no debe concederle a un panel no elegido de expertos extranjeros sobre “políticas del genero” ninguna facultad para determinar las leyes y las políticas de la sociedad estadounidense. El Senado no debe ratificar a la CEDAW.

Traducido por Gabriel Gasave


Wendy McElroy es Investigadora Asociada en the Independent Institute y directora de los libros del Instituto, Freedom, Feminism and the State y Liberty for Women: Freedom and Feminism in the Twenty-first Century.




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