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Repercusiones del huracán: Solucionar los fiascos de los seguros
23/3/2007
Dominick T. Armentano

Los propietarios de viviendas requieren seguros de propiedad a precios razonables para obtener hipotecas y proteger sus inversiones. No obstante en muchos estados afectados por huracanes, las tasas de los seguros de propiedad se han elevado enormemente, tornando a la cobertura casi impagable. Además, muchas compañías de seguros privadas importantes han abandonado enteramente la cobertura en ciertos estados. E irónicamente, los recientes intentos gubernamentales para procurar remediar la situación han sido en el mejor de los casos poco entusiastas, y contraproducentes en el peor de ellos.

Considérese al estado de Florida. En enero, la legislatura de Florida exigió que Citizens Insurance, la compañía estadual que asegura actualmente a más del 20% de las propiedades en Florida, reduzca sus precios para ser más “competitiva” con las tasas de los seguros privados. Segundo, el estado legisló una “reducción” de las tasas de los seguros privados para 2007 del orden del 25% desde los niveles actuales. Finalmente, el Florida Hurricane Catastrophe Fund (Fondo de Catástrofe por Huracanes de la Florida o FHCF según su sigla en inglés) del estado fue expandido para proporcionar menores tasas de reaseguro para las compañías de seguros privadas que puedan permitirles disminuir las pólizas para los asegurados.>/p>

Ahora todo esto suena bueno para los propietarios de casas, ¿pero reducirán realmente estas modificaciones los precios e incrementarán la disponibilidad de los seguros de propiedad? La historia de la industria de los seguros de propiedad regulada por el estado hace que esto sea muy dudoso.

La industria de los seguros de propiedades y accidentes estadounidense es privada, pero está en el nivel estadual reglamentada por diferentes comisiones de seguros. (La Ley McCarran–Ferguson de 1945 exceptúa a la industria de la reglamentación federal, incluidas las leyes antimonopólicas). No obstante, decir que los estados “reglamentan” a las tasas de los seguros ha sido siempre ambiguo. Lo que en verdad ocurre en la mayor parte de los estados (incluido Florida) es que las “agencias encargadas de las tasas” de la industria del seguro recogen información sobre experiencias de “daños” (digamos, sobre incendios), y luego sugieren tasas “de referencia” para las compañías miembro. Estas compañías entonces declaran a estas tasas recomendadas (precios) y a la política de requisitos ante las distintas comisiones aseguradoras estaduales bajo el denominado método de “declaración y aplicación”. Normalmente estos precios determinados por la industria y las modificaciones de precios entran en vigor automáticamente a menos que sean directamente cuestionados por los reglamentadores en materia de seguros del estado. Recientemente estos cuestionamientos se han vuelto más frecuentes, y la reglamentación directa de los precios sobre las compañías se ha expandido.

El problema con el establecimiento directo de los precios de los seguros (o de cualquier precio) por parte del gobierno ha sido conocido por los economistas durante décadas. Fijar por ley demasiado bajos a los precios simplemente llevará a las compañías de seguros a retirarse del mercado y exacerbará el problema de la disponibilidad: los controles de precios provocan faltantes. Ello ha sucedido con el seguro automotor (Ej. Massachusetts), y está aconteciendo actualmente con la cobertura para los propietarios de viviendas en varios de los estados afectados por huracanes. Disminuir los precios mediante la ley no es una solución de largo plazo.

Las modificaciones legislativas promulgadas en enero son improbables de alcanzar sus objetivos. Primero, las rebajas de precios y el incremento del control gubernamental y judicial sobre el negocio del seguro creará incentivos para que las firmas privadas abandonen el mercado del seguro de propiedades de Florida. Segundo, la empresa estadual Citizens Insurance, inicialmente diseñada como un “asegurador de última instancia” se volverá de manera creciente el asegurador de “primera” instancia y realizará incluso más negocios a las tasas más bajas ordenadas por el estado. Tercero, Citizens, que perdió una tonelada de dinero cobrando precios “altos”, perderá aún más dinero cobrando tasas más bajas; así los riesgos por las pérdidas de propiedad serán desplazados de manera creciente hacia aquellos propietarios sin pérdidas, mediante crecientes sobrecargos en sus pólizas. Finalmente, los cambios en el reaseguro son improbables que tengan algún efecto importante sobre las firmas de seguros privadas ya dispuestas a abandonar el mercado.

¿Mi recomendación? Crear incentivos económicos y legales apropiados para que las compañías existentes se queden y para que nuevas compañías ingresen al mercado, mediante la desreglamentación de la totalidad del mercado del seguro de propiedades y accidentes. Remover todas las barreras legales de entrada. Poner fin a todas las fijaciones de precios de las comisiones y la legislatura de los productos aseguradores. Reducción paulatina de toda la reglamentación gubernamental de los contratos de pólizas de seguros, y exigir que los tribunales hagan cumplir—no que modifiquen—a los contratos legítimos entre las compañías aseguradoras y los clientes asegurados. Resumiendo, moverse para crear un mercado abierto y legalmente seguro para la venta de seguros de propiedad y accidentes en Florida. ¿Cómo es posible que esto pueda ser peor que el fiasco actual?

Traducido por Gabriel Gasave


Dominick T. Armentano es Profesor Emérito en Economía en la University of Hartford (Connecticut) e Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California. Es autor de Antitrust & Monopoly (Independent Institute, 1998)



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