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China devuelve el fuego contra los abusos de los derechos humanos de los EE.UU.
12/3/2007
Ivan Eland

En su recientemente publicado informe anual sobre el estado de los derechos humanos alrededor del mundo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desacredita a una larga lista de naciones por sus violaciones de las libertades individuales. El informe destaca que los países en los cuales el poder está concentrado en las manos de gobernantes irresponsables, ya sean totalitarios o autoritarios, siguen siendo los más sistemáticos violadores de los derechos humanos del mundo. Estos países incluyen a Corea del Norte, Irán, Birmania, Zimbabwe, Cuba, China, Bielorrusia e Eritrea.

“Nos estamos comprometiendo nuevamente a pedirle una explicación a todo gobierno que todavía amenace los derechos básicos de sus ciudadanos como opciones en lugar de, en palabras del Presidente Bush, las demandas no negociables de dignidad humana”, dijo la Secretaria de Estado Rice al difundir el informe.

El gobierno autoritario de China respondió alegremente a la censura estadounidense de sus políticas devolviendo el fuego contra el abismal antecedente de la administración Bush en materia de libertades civiles. Las cosas se están poniendo malas cuando una autocracia reprende a una república por sus abusos de los derechos humanos y la crítica posee mérito. Los chinos condenaron las prácticas estadounidenses de secuestros, torturas y detenciones indefinidas sin la oportunidad de una defensa legal. También hizo notar al gobierno de los EE.UU. el espionaje cada vez mayor sobre los ciudadanos estadounidenses. Por supuesto, se trata de los mismos abusos por los que el gobierno de los Estados Unidos ha criticado al gobierno chino. China también citó a Martin Sheinin, el secretario especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como afirmando que partes de la Ley de Comisiones Militares de los EE.UU. violan las Convenciones de Ginebra.

En 2004, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló que el habeas corpus—el antiguo derecho de un prisionero a cuestionar su detención—no podía ser negado a los detenidos en la prisión estadounidense de Guantánamo, Cuba, simplemente porque no estaban siendo detenidos en territorio de los EE.UU.. A pesar de este pronunciamiento, a finales de 2006, el Congreso republicano sancionó, a instancias del Presidente Bush, la Ley de Comisiones Militares precedentemente mencionada, la cual prohibía a los tribunales federales atender a las peticiones de habeas corpus de prisioneros en Guantánamo y en otras partes. La negación de los derechos del habeas corpus para estos prisioneros—a pesar del fallo de febrero de 2007 emitido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. confirmando a la ley—es claramente inconstitucional. La Constitución claramente declara que el derecho de habeas corpus no deberá ser suspendido, excepto en épocas de rebelión o invasión—ninguna de las cuales se aplica en este caso. Además, no hace ninguna excepción para los no-ciudadanos o personas detenidas por el gobierno de los EE.UU. fuera del territorio estadounidense.

La crítica china tiene mérito. Si el habeas corpus puede ser denegado de ese modo, el gobierno estadounidense puede secuestrar a individuos por las calles de cualquier parte del mundo, declararlos “combatientes enemigos” y detenerlos secreta e indefinidamente sin ser acusados, sin tener acceso a asistencia legal, sin ser capaces de cuestionar su detención, y sin tener un juicio. De hecho, extranjeros han sido secuestrados, enviados a países extranjeros para que los torturen, y se encuentran actualmente pudriéndose a perpetuidad en Guantánamo y otras prisiones secretas alrededor del mundo. En Guantánamo, algunos prisioneros ya han sido mantenidos durante cinco años sin el debido proceso adecuado.

Algunos dirán que sutilezas legales, tales como el habeas corpus, impiden la guerra contra los viles terroristas. Pero para que la batalla contra al Qaeda tenga éxito, la gente correcta debe ser aprehendida. El propósito del habeas corpus es detectar las equivocaciones que el gobierno podría cometer al detener a la persona equivocada. Una persona acusada de un atroz ataque terrorista podría no ser culpable, mientras que el verdadero perpetrador camina libre y ataca nuevamente. Y el asecho gubernamental sobre la persona equivocada no es un acontecimiento raro—especialmente cuando el gobierno estadounidense ofreció grandes recompensas de dinero para los sospechosos de terrorismo en la pobre nación de Afganistán, motivando a la gente a entregar a inocentes para hacerse del dinero. Como resultado, un significativo número de prisioneros en Guantánamo fueron arrestados por error y no son terroristas. Así, los sospechosos de incluso los crímenes más atroces necesitan que un tribunal revea sus solicitudes de habeas corpus. El Congreso de los Estados Unidos debería sancionar el proyecto de ley presentado por el demócrata Patrick Leahy de Vermont y el republicano Arlen Specter de Pennsylvania que restauraría los derechos de habeas corpus para los detenidos.

Los chinos estuvieron también acertados respecto del flagrante desprecio por la ley del Presidente Bush al llevar a cabo espionaje interno sin autorizaciones aprobadas por un tribunal. Nuevamente la administración Bush intentó remover un contralor judicial sobre las actividades del Poder Ejecutivo—un principio que está en el corazón de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la presión pública, la administración prometió obtener las autorizaciones, pero aún puede tratar de minimizar el escrutinio judicial.

De modo similar, la draconiana Ley Patriota de los EE.UU., impulsada a través del Congreso por la administración durante la histeria posterior al 11 de septiembre, expandió el uso de las “Cartas de Seguridad Nacional”. Empleando a estas cartas inconstitucionales, las autoridades federales encargadas de aplicar las leyes pueden obtener registros telefónicos, de correos electrónicos, crediticios y financieros sin solicitar una orden emitida por un tribunal. Aún peor, estos registros pueden ser obtenidos respecto de personas que ni siquiera estén sospechados de ser terroristas. Los jefes de las correspondientes oficinas del FBI pueden aprobar procurar la información de cualquier persona, mientras los datos resulten “relevantes” para una caso de terrorismo o espionaje.

El propio Inspector General del Departamento de Justicia descubrió recientemente que el FBI estaba “usando de manera indebida seriamente” a las cartas e intentando eludir también incluso las mínimas salvaguardias contra el abuso al declarar una dudosa “emergencia”. Que sorpresa, una burocracia encargada de hacer cumplir la ley extendiendo incluso leyes permisivas para expandir su poder y abusar de la libertad de sus ciudadanos. Esto suena como algo que ocurriría en...bien...China.

Los gobiernos se comportan en gran medida igual en todas partes—buscan expandir su jurisdicción, autoridad y recursos con los cuales ejercitarla. Lo que se supone hace únicos a los Estados Unidos es un gobierno divido en ramas independientes, que escudriñan y limitan recíprocamente al poder. Desafortunadamente, ese sistema de controles y contrapesos ha sido en la actualidad seriamente erosionado.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




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