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¿Salvarán los demócratas nuestras libertades civiles?
20/12/2006
Anthony Gregory

Muchos comentaristas han denominado a la victoria demócrata en los comicios de noviembre un referendo sobre la política en Irak de la administración Bush. Han destacado también que el publico votante está preocupado por los ataques contra las libertades civiles tan lealmente defendidos por casi todos los legisladores republicanos al librar la guerra contra el terror. Los demócratas, presumiblemente, tienen ahora un mandato para revertir las actuales tendencias tanto en la política contra el terror interna como externa.

Existen pocos motivos para el optimismo de que los demócratas cumplirán con este supuesto mandato y nos libren del mal del creciente estado policíaco de allanamientos no autorizados, detenciones indefinidas, vigilancia arrolladora y otros ataques contra las libertades civiles.

Por un lado, los demócratas han apoyado las peores políticas de Bush. Solamente un demócrata en el Senado, Russ Feingold, se opuso a la Ley Patriota cuando fue propuesta por vez primera. Precisamente este año, los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de manera abrumadora, y los senadores demócratas de modo unánime, aprobaron la Ley de Autorización para la Defensa para 2007, que contiene aterradoras modificaciones a la Ley de Insurrección y nuevas excepciones al Posse Comitatus*, facultando al presidente a convocar a la Guardia Nacional, sin autoridad gubernativa, y a imponer la ley marcial durante “emergencias” que van desde desastres naturales a crisis de la salud. Más del 25 por ciento del Senado demócrata votó incluso a favor de la Ley de Comisiones Militares, haciendo que sea la primera vez desde la Guerra Civil que el gobierno federal suspende el Habeas Corpus.

A pesar de que los demócratas atacarán en ocasiones una propuesta indignante de Bush, no han utilizado el poder de la cartera o del filibustero para hacer algo al respecto. Tampoco deberíamos asumir que serán tan considerados de las libertades civiles ahora que son la mayoría parlamentaria y tienen sus ojos puestos sobre la presidencia. El poder corrompe, y los demócratas en el poder han evidenciado durante largo tiempo una voluntad de hacer pedazos al Bill of Rights.

Woodrow Wilson arrestó a cientos de estadounidenses antibelicistas, incluido un candidato presidencial, por quejarse del servicio militar obligatorio; deportó a los anarquistas a la Rusia comunista; y encarceló a un productor cinematográfico por retratar a los británicos como un enemigo estadounidense en su film acerca de la Revolución Estadounidense. (Bajo la Ley de Sedición de 1918, era un delito federal criticar a un aliado de los EE.UU., lo que era Gran Bretaña.) Franklin Roosevelt supervisó una Oficina de Censura, hizo planes para detener a cientos de enemigos políticos pacíficos, encarceló a los oponentes a la guerra, y recluyó a 110.000 japoneses estadounidenses inocentes. Lyndon Johnson hizo que el FBI espiase a reporteros y utilizó al FBI y la CIA para realizar escuchas telefónicas, monitorear e infiltrar la campaña de su rival presidencial, Barry Goldwater.

Pero no necesitamos retrotraernos tan lejos para inculpar a los demócratas sobre cuestiones atinentes a las libertades civiles. Bajo Bill Clinton, el estado policiaco creció quizás tanto como le fue factible durante un periodo de relativa paz. Según la ACLU, Clinton expandió la vigilancia sigilosa de la ciudadanía mucho más allá de cualquier cosa vista en alguna administración anterior. Clinton procuró permitirle a los federales espiar en la cuenta bancaria de cualquiera, tener una llave para toda la encriptación y correo electrónico privado, y censurar a Internet. Después del ataque con bombas en la ciudad de Oklahoma, Clinton suscribió la draconiana Ley de Antiterrorismo y Pena Capital Efectiva de 1996, expandiendo la autoridad de los tribunales secretos, dándole rienda suelta al FBI para investigar actividades protegidas por la Primera Enmienda, y permitiéndole al INS deportar a ciudadanos estadounidenses.

Bajo Clinton, hubo también la operación militar sobre suelo estadounidense en las afueras de Waco, Texas, donde cerca de 80 civiles estadounidenses murieron cuando un sitio de 51 días culminó en un fuego producido después de que un tanque federal embistiera a través del hogar de una secta religiosa y rociara a sus mujeres y niños con el venenoso e inflamable gas CS. En este caso, un imaginario laboratorio de metanfetaminas fue la justificación original para evadir las prohibiciones del Posse Comitatus sobre la participación militar en la aplicación de la ley—la guerra contra las drogas, a la que los demócratas han apoyado consistente y entusiastamente, ha sido también un desastre para las libertades civiles y el Estado de Derecho.

Cuando los demócratas controlaron tanto la presidencia como la legislatura, tal como lo hicieron durante gran parte del gobierno de Wilson, y todo el de FDR y Johnson, las libertades civiles padecieron enormemente. Cuando, bajo Clinton, compartieron el gobierno con los republicanos, el estado policial no obstante creció—lo que significa que tampoco ni el Partido Republicano ni una congestión partidista son nuestra salvación.

Si los demócratas desean ganar puntos como mejores guardianes de la libertad estadounidense que los republicanos, pueden comenzar por abolir enormes porciones de la infraestructura de la guerra contra el terror—la Ley Patriota, la Ley de Comisiones Militares, y las nuevas facultades presidenciales sobre la ley marcial. Deberían luego cuestionar a Bush respecto del principio del ejecutivo unitario, bloquear el financiamiento para la vigilancia militar no autorizada de la población, y quitar al Departamento de Justicia y a las fuerzas armadas la facultad de detener a personas de manera indefinida sin el debido proceso.

Los demócratas, sin embargo, han tenido un antecedente tan vergonzoso en todo esto como el de los republicanos, incluso cuando eran el partido opositor. Ahora que tienen una mejor ubicación a la mesa del poder, ¿quién cree que harán algo para controlar al estado policial que tanto ayudaron a construir?

*Nota del Traductor: La Ley de Posse Comitatus del 18 de junio de 1778 establecía entre otras cosas, que desde su sanción no sería legal emplear a alguna parte del Ejército de los Estados Unidos, como un posse comitatus, o con el propósito de ejecutar las leyes, excepto en aquellos casos y bajo aquellas circunstancias en las que el empleo de dicha fuerza estuviese expresamente autorizado por la Constitución o mediante una ley del Congreso.

Traducido por Gabriel Gasave


Anthony Gregory es Investigador Editor en The Independent Institute. Obtuvo su título de bachiller en Historia Estadounidense de la University of California en Berkeley y brindó el discurso sobre historia como no graduado en la ceremonia de graduación de 2003. Además de su labor en el Independent Institute, escribe regularmente para numerosos websites de noticias y comentarios, incluidos LewRockwell.com, Future of Freedom Foundation y el Rational Review.



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