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La Proposición 87: Pagando en el surtidor y encausando mal a la innovación
4/10/2006
Benjamin Powell

Los californianos pagan más de $3,20 por galón (3,78541 litros) de gasolina común sin plomo en promedio. Muchos consumidores se encuentran preocupados en razón de que los precios han subido más de un dólar por galón desde comienzos de año. El cierre en Alaska de la producción de British Petroleum solamente ha incrementado la inquietud. Desdichadamente, si resulta sancionada, la Proposición 87, la Ley sobre la Energía Alternativa Limpia (CAEA es su sigla en inglés), solamente empeorará las cosas. La ley incrementará los precios de la gasolina y nuestra dependencia del petróleo extranjero, y al mismo tiempo crea una vasta y novedosa burocracia que es improbable que acelere el desarrollo exitoso de combustibles alternativos.

La Proposición 87 aplicará un impuesto sobre la producción de petróleo en California, a efectos de financiar una nueva burocracia encargada de alentar el desarrollo y la adopción de combustibles alternativos. Se prevé que la nueva agencia existirá durante un mínimo de 20 años, y deberá gastar unos $4 mil millones dentro de sus diez años primeros de vida.

Los partidarios de la Proposición 87 afirman que la misma no incrementará los precios de la gasolina para los californianos, debido a que se trata de un tributo sobre las ganancias de las compañías petroleras—no sobre la producción. La proposición llega inclusive a ordenar que ningún puede ser trasladado a los consumidores. Pero los autores de esta proposición no son más capaces de derogar a las leyes económicas de lo que son aptos para revocar a la ley de gravedad. El profesor de la University of Oregon, Philip Romero, estimó que después de que el gravamen esté plenamente implementado y en vigor durante varios años los precios subirán tanto como un 13 por ciento.

Gravar las ganancias originadas en la extracción de petróleo desalienta la actividad—la producción—que genera esos beneficios. La producción petrolera en California cayó 3,8 por ciento en 2005, y la producción ha disminuido cada año desde 1996. La aplicación de tributos a la producción de petróleo acelerará esta tendencia, al desalentar nuevas exploraciones petrolíferas e incentivar el cierre prematuro de los yacimientos de petróleo existentes. A medida que los yacimientos envejecen, su petróleo se torna más costoso de extraer. La mayoría de los yacimientos posee petróleo que permanece en ellos cuando son cerrados, debido a que resulta demasiado costoso extraerlo. Cuando estos yacimientos son afectados con impuestos, el momento óptimo de cerrar la producción se adelanta, y más petróleo queda abandonado en el terreno.

Los consumidores todavía serán capaces de adquirir petróleo al precio del mercado mundial, pero no tan barato como el petróleo californiano. Un barril de petróleo de Arabia Saudita debe ser transportado hasta California. Un barril de petróleo californiano ya se encuentra aquí, de modo tal que los productores no precisan pagar los mismos costos por el flete. La Proposición 87 sostiene que disminuirá nuestra dependencia del petróleo extranjero. No obstante, paradójicamente, incrementará nuestra dependencia de él dado que disminuirá la producción petrolífera en California.

Mientras el impuesto incrementará los precios para los consumidores, la nueva agencia gubernamental probablemente no alentará al mercado para desarrollar y adoptar de manera eficiente combustibles alternativos. Esta burocracia será administrada por encargados políticos y cuenta con fondos garantizados, sin consideración alguna por su desempeño. Si la nueva agencia no realiza ningún progreso significativo en el desarrollo de combustibles alternativos, nada previsto en la Proposición 87 limitará su financiamiento. Esta es una receta para el derroche. Sin embargo, el problema es más profundo que el de la estructura de la proposición. Las burocracias gubernamentales inherentemente carecen de los mismos incentivos, mecanismos de selección, y acceso a la información que poseen los mercados privados.

En el mercado, quienes toman la decisión de en qué tecnología de combustible alternativo invertir fundamentan su decisión en la ganancia esperada de la inversión. Es su propio dinero el que está en riesgo si se equivocan. Quienes cuentan con los fondos para hacer las inversiones son aquellos que han sido exitosos tomando este tipo de decisiones anteriormente. En contraste, los burócratas del gobierno son seleccionados mediante el proceso político; no arriesgan su propio dinero; y carecen del mismo mecanismo de retroalimentación que ofrecen las ganancias y las pérdidas y que sí poseen las empresas privadas.

Las formas más útiles de adoptar combustibles alternativos no son conocidas de antemano. Deben ser descubiertas. Esto conlleva flexibilidad, innovación, y el constante cambio de planes a medida que nueva información es hallada. No exactamente las palabras que nos vienen a la mente cuando pensamos en las burocracias gubernamentales.

Los participantes en el mercado ya han comenzado a investigar y adoptar tecnologías para combustibles alternativos. En la medida que el petróleo se torna más escaso y los precios de los combustibles se incrementan, la demanda de los consumidores por combustibles alternativos también subirá. Las empresas de automóviles, los capitalistas de riesgo, y los inventores tendrán todos los incentivos que necesitan para desarrollar un transporte que emplee combustibles alternativos que sirvan de la mejor manera posible a las exigencias del consumidor. Una burocracia de California dispensando miles de millones de dólares a los investigadores solamente distorsionará esos incentivos, y es probable que aleje al mercado de la atención de las demandas de los consumidores.

La Proposición 87 es un mal negocio para los productores de petróleo, los consumidores, y aquellos que desean que eficientes vehículos impulsados con combustibles alternativos sean desarrollados. Mediante la aplicación de impuestos a la producción petrolífera, los consumidores se verán obligados a pagar más en el surtidor. Mientras tanto, la nueva burocracia es más probable que obstaculice el desarrollo de una tecnología eficiente para lograr combustibles alternativos que lo que ayude a la misma.

Traducido por Gabriel Gasave


Benjamin Powell, es Investigador Asociado en The Independent Institute, un centro de estudios sobre políticas públicas con sede en Oakland, California y Profesor de Economía en la Suffolk University.




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