The Independent Institute The Independent Institute Home

Visite nuestro blog.

 

Imprimir
Enviar a un amigo

Contribuya

Su contribución promoverá la libertad. Conviértase en miembro para afianzar sus libertades.

E-Newsletter

The Lighthouse
Boletín Semanal en Inglés

Contactenos

The Independent Institute
100 Swan Way
Oakland, CA  94621-1428
510-632-1366 Teléfono
510-568-6040 Fax




In English

¿Existe en el Congreso estadounidense alguien que realmente desee eliminar el “clientelismo político”?
23/8/2006
Winslow T. Wheeler

Desde que ha existido un Congreso, nuestros legisladores nacionales han venido canalizando dólares federales a sus estados y distritos. Consideran que el gasto ayuda a la economía local—para no mencionar a sus posibilidades de ser reelectos. Sin embargo, esta añeja práctica se ha tornado tan abusiva, que algunos políticos están empezando a declararse opuestos a ella. Sus reformas varían desde las deshonestas a las sinceras, pero tristemente todas ellas tan solo son cosméticas.

El alcance del abuso queda mejor demostrado en los proyectos de ley atinentes a la defensa. En la Ley de Apropiaciones Para el Departamento de Defensa de 2006, actualmente vigente, el Congreso añadió $9.300 millones en concepto de gastos para rubros tales como la celebración del Día de los Difuntos, la atención de la salud en las islas hawaianas, las pesquerías de Alaska, la investigación sobre el cáncer de mama, y mucho más. El Servicio Parlamentario de Investigaciones descubrió 2.847 de estas “asignaciones”—o “negociados” en un lenguaje menos eufemístico.

Entusiastamente promocionadas como buenas noticias entre los votantes de sus localidades de origen, los diversos parlamentarios demócratas y republicanos patrocinantes omiten explicar que atracaron otras partes del presupuesto de defensa para pagar por esos votos. Su “pagador de proyectos de ley” favorito es el presupuesto de Operación y Mantenimiento del Pentágono, que incluye gastos para el mantenimiento de armamentos, entrenamiento, combustible, y todos los demás rubros que resulten esenciales para librar una guerra.

Nadie en el Congreso ha hecho algo al respecto. El autoproclamado “demoledor de negociados” del Senado, el senador John McCain (republicano por Arizona), ha ofrecido un discurso tras otro enumerando la compra de votos en los proyectos de ley del área de defensa, pero apenas ha levantado un dedo para emprender alguna verdadera acción parlamentaria al respecto. En una institución específicamente diseñada para hacer posible que una minoría, aunque esté integrada tan solo por un miembro, lleve a la totalidad del cuerpo colegiado a una parálisis a menos que él o ella preste su conformidad, el senador McCain ha decidido, en cambio, apaciguar a los más voraces compradores de votos del Senado. Esto incluye a su correligionario republicano Ted Stevens (Arkansas), y al compinche democrático de Stevens en el Subcomité de Apropiaciones Para la Defensa del Senado, el demócrata Daniel Inouye (Hawaii). McCain desempeña el papel de un facilitador de negociados al ofrecer rutinariamente su breve discurso “demoledor de componendas” y luego simplemente tomando asiento o abandonando por completo la sala del Senado.

Típicamente, hay dos respuestas: La prensa se deslumbra y alaba a McCain como una especie de disidente, y el Senado procede a cebar a los proyectos de ley sobre la defensa con incluso más negociados de los que fueron sazonados antes de las advertencias de McCain.

Más recientemente, el doble escándalo que involucra al representante Duke Cunningham (republicano por California), (actualmente cumpliendo una condena en una prisión federal por comportamiento delictivo en virtud de los negociados que incorporó a los proyectos de ley de la defensa), y al cabildero Jack Abramoff, (en la actualidad también en prisión por hacer funcionar al sistema desde el otro extremo), han motivado al Congreso a realizar una defectuosa auto-reforma.

Los cambios que están siendo considerados resuelven el tema de las “asignaciones” mediante la exigencia—excepto por los vericuetos—de que los negociados sean más transparentes. La teoría es la de que la circunstancia de poner al descubierto a los autores parlamentarios de las asignaciones y describir el gasto, importará una restricción contra el abuso. Estas tonterías no conseguirán nada de eso.

Si la exposición pública del negociado pudiese abochornar al Congreso por su abuso actual, la corrupción hubiese terminado hace mucho tiempo. Desde mediados de los años 90, McCain ha venido ofreciendo sus discursos identificando, incluso satirizando, a miles de escandalosos ejemplos en los proyectos de leyes de la defensa. ¿El resultado? El Congreso incrementó los negociados en esos mismos proyectos de $4.200 millones en 1994 a los $9.300 millones en 2006.

De hecho, en el Congreso los corruptos consideran que publicitar su labor es una excelente idea. Virtualmente todo miembro del Congreso fustiga a su personal para que se movilice emitiendo gacetillas de prensa a fin de asegurarse que los votantes en sus localidades de origen sepan todo al respecto. Por ejemplo, para el proyecto de Ley de Apropiaciones del Departamento de Defensa 2006, la senadora Hillary Rodham Clinton (demócrata por Nueva York) emitió no menos de ocho comunicados de prensa hacia cada rincón de su estado transmitiendo las buenas nuevas. Así, intentar avergonzar a los sinvergüenzas resulta una tarea improductiva.

Cualquier propuesta seria de reformar los negociados parlamentarios debería incluir lo siguiente:
  • Una descripción del rubro y de su necesidad, si es que la hay, no por parte de alguien en el Congreso, sino por un entidad objetiva, tal como la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
  • Una estimación del costo pasado, presente, y futuro de la idea, nuevamente no de parte de sus defensores sino por la independiente Oficina Parlamentaria Para el Presupuesto.
  • Fundamentalmente, a toda asignación que el Congreso apruebe debería otorgársele dinero federal solamente tras una competencia a nivel nacional para hallar al mejor contratista para la misma. Si la idea tiene algo de buena, ¿por qué conferírsela a una empresa preseleccionada por un político en vez de por el mercado abierto?

A pocos, si es que existe alguno, en el Congreso le agradarán estas ideas; ellas precisan de un vigoroso defensor: específicamente, un miembro que utilice los mecanismos parlamentarios a su disposición para frustrar que las cosas sigan igual a menos que sean adoptadas reformas genuinas.

Tiene que haber alguien así en el Congreso. El senador Tom Coburn (republicano por Oklahoma) ha evidenciado ya una voluntad de obstruir el sistema clientelista del Senado con correcciones no deseadas para remover a algunos de los rubros más desvergonzados y para formular preguntas poco amables respecto de qué se encuentra en los proyectos de leyes sobre gastos.

Siendo un recién llegado al Senado, en verdad Coburn no ha utilizado todavía la mayor parte de las herramientas que están a su disposición en esa Cámara, y ha dedicado cierta energía importante a la defensa de la que en última instancia es la ineficaz idea de exigir apenas alguna clarificación sobre los proyectos destinados a la compra de votos. Aún no se ha percatado de su potencial para ser el verdadero primer “demoledor de negociados” del Senado. Así es que Coburn necesita algo de estímulo.

En la película clásica de Frank Capra, El Sr. Smith va a Washington, el héroe desafía a un Senado corrupto empleando uno de los mecanismos parlamentarios que la normativa del Senado faculta—las tácticas obstructivas del filibustero. Prevalece, pero solamente después de darse cuenta de que seguir con las cosas tal como son no es ninguna solución. Quizás, deberíamos hacer llegar al senador Coburn copias de la película del Sr. Capra.

Nota del traductor:


El título original en inglés del presente artículo alude a la expresión “pork-barrel” (o como en este caso, a su uso abreviado de “pork”), que en la jerga política estadounidense es utilizada para referirse a aquellas partidas incluidas en el presupuesto federal destinadas a solventar gastos locales, con el propósito de conseguir en futuros comicios, votos para los legisladores que apoyaron favorablemente esas erogaciones.

Es decir se trata de la utilización de los dineros públicos para comprar la voluntad de los electores del distrito en el cual se pretende obtener más votos. Esta práctica, frecuente en muchos países, es conocida también como “compra de votos”, “manipulación electoral”, “clientelismo político”, etc.

El concepto tiene su origen en una deleznable costumbre de los esclavistas sureños, que dejaban rodar un barril repleto de carne de cerdo salada (de allí lo de “pork-barrel”) en el lugar donde habitaban los esclavos, para luego observar con regocijo el modo en que aquellos se abalanzaban sobre él a fin de procurarse algo de alimento.

Traducido por Gabriel Gasave


Winslow T. Wheeler es Ex Investigador Asociado en el Independent Institute, y Director del Proyecto Straus Para la Reforma Militar del Center for Defense Information en Washington, D.C.



Copyright 2014 The Independent Institute