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La demanda judicial de una bailarina pone en alerta a los abogados corruptos
1/8/2006
Wendy McElroy

¿Qué haría usted si un abogado lo amenazase diciéndole, "Déme un millón de dólares o mi cliente y yo públicamente lo estigmatizaremos como un violador y destruiremos su vida?"

El 27 de julio, la Corte Suprema de California expandió el abanico de posibilidades que se le presentan a un hombre al que le hacen una amenaza de esa índole.

La fama del fenómeno del baile Michael Flatley de la obra Riverdance puede continuar no solamente con una demanda judicial por difamación contra su acusadora sino también con una por extorsión contra el abogado de la misma.

El propio hecho de que el abogado se enfrente a una posible responsabilidad civil puede impactar en cuán agresivamente los abogados procederán ante las querellas que alegan un comportamiento sexual indebido. Un motivo común para el inicio de demandas de ese tenor es el temor a la publicidad.

Los abogados de Flatley sostienen que el drama se inició cuando su cliente logró riqueza y renombre como creador y bailarín principal de la obra teatral Riverdance. En ese momento, se convirtió en un blanco como celebridad.

En octubre de 2002, Flatley y su acusadora Tyna Marie Robertson mantuvieron una relación sexual en un hotel de Las Vegas. Veinte y cinco días después, ella llamó desde Illinois a Nevada para denunciar una violación.

Según el Teniente Jeff Carlson de la Policía de Las Vegas, una denuncia por violación fue recibida pero las autoridades declinaron continuar con los cargos. Flatley insiste con que el acto sexual fue consentido por ella.

Robertson inició entonces una demanda civil de $33 millones por agresión sexual contra Flatley en Illinois.

(Robertson apareció también en las noticias el año pasado por un pleito relacionado con que Brian Urlacher, defensor del equipo de fútbol americano de los Chicago Bears, era el padre de su hija y, de ese modo, debía pagar por su manutención; los exámenes de ADN confirmaron su paternidad. Según un investigador privado, Ernie Rizzo, quien trabajó tanto para Flatley como para Urlacher, Robertson había mantenido otras relaciones con hombres acaudalados y famosos que terminaron en litigios).

La demanda de Robertson no prosperó. No obstante, en el ínterin, Flatley inició una contra-demanda por $100 millones contra ella, la cual incluía como co-demandado al abogado Mauro por la labor que desempeñó en representación de Robertson. La de extorsión, la cual comúnmente es denominada chantaje, se encontraba entre las acusaciones incoadas contra ambos.

¿Por qué fue incluido el abogado?

En enero de 2003, Mauro le envió a Flatley una carta en nombre de Robertson en la cual exigía un acuerdo de "siete cifras "; sus honorarios serían del 40 por ciento.

Sin un acuerdo, Mauro declaró que Robertson efectuaría una acusación criminal. Además, él iniciaría una demanda civil y "haría públicas" alegaciones que "arruinarían "a Flatley.

Documentos tribunalicios demuestran que el abogado amenazó con enviar gacetillas de prensa a medios noticiosos tales como Fox News y el Chicago Tribune. El letrado continuó, "Toda clase de información, incluida la relacionada con el Servicio de Inmigración, las entregas y usos de la Seguridad Social, y el Servicio de Rentas Internas y los distintos gravámenes e información atinente a los impuestos estaduales será ventilada. Estamos confiados de que la prensa de todo el mundo se regocijará con lo que encuentren".

John Brandon, uno de los abogados de Flatley, declaró además que Mauro le advirtió, "Conozco las fechas de las giras [de los espectáculos de Flatley]; no estoy bromeando sobre esto; la información será publicitada en cada sitio al que [el bailarín] concurra durante el resto de su vida".

La cuestión que surge ahora es sí un abogado puede ser demandado por la representación que degenere en actos criminales. (Presumiblemente, debido a que las amenazas fueron enviadas a los abogados de Flatley en Los Angeles, el tema pasó a los tribunales de California).

En un intento por hacer que la demanda en su contra fuese desistida, Mauro no negó las comunicaciones. En su lugar, sostuvo que se trataron de comunicaciones entre letrados patrocinantes y que las mismas constituían una "oferta de acuerdo pre-judicial " y, como tales, estaban protegidas por la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense.

Mauro invocó los estatutos anti-SLAPP (sigla en ingles para Strategic Lawsuits Against Public Participation): es decir, estatutos que prohíben las “Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública”, las cuales están pensadas para proteger la libertad de expresión y el derecho de los individuos a peticionar al gobierno.

El tribunal falló en contra de Mauro, quien apeló.

El 2 de septiembre de 2004, el Tribunal de Apelaciones del 2º Distrito de California sostuvo que "El Sr. Mauro ha en efecto admitido y que resulta incontestable que sus dichos y conducta constituyen crímenes. Ninguna exposición prima facie ha sido efectuada de que las manifestaciones y la conducta del Sr. Mauro sean alguna otra cosa que actos de extorsión no amparados".

El tribunal también señaló que "El demandante, Michael Flatley, debe recuperar las costas de la apelación del demandado, E. Dean Mauro".

En diciembre de 2004, la Suprema Corte de California acordó rever sí una causa podía o no proceder.

Al redactar el fallo de la semana pasada para el Alto Tribunal, el Juez de la Corte estadual Carlos R. Moreno declaró, "Una amenaza que constituye una extorsión criminal no queda limpia de su ilegitimidad meramente en virtud de que la misma sea blanqueada mediante su transmisión a través de las oficinas de un abogado".

Flatley planea continuar.

James Holmes, uno de los abogados a favor de Mauro, afirma que espera que éste triunfe.

Holmes había sostenido anteriormente ante la Corte Suprema que los abogados deben estar libres del temor a una represalia si es que el "sistema contradictorio estadounidense se supone que funciona". Considera ahora que los abogados enfrentan "un dilema" creado por el fallo de la Corte Suprema. Los abogados se encuentran obligados éticamente a defender celosamente a sus clientes pero demasiado celo puede resultar en una responsabilidad civil.

La causa no es probable que se haga humo ni que sea resuelta tranquilamente. Una enorme suma de dinero y un importante precedente legal están en juego. Además, Flatley es un demandante que posee tanto las finanzas como la determinación para una larga contienda judicial; desea recuperar su reputación.

Una causa de alto perfil sobre la responsabilidad de los abogados sería una buena noticia. Al menos lo sería para aquellos que, como yo, creen que algunos letrados parecen estar fuera de control y ser casi inmunes a las consecuencias de sus actos inapropiados intencionales .

Un tribunal que se manifieste en contra de Mauro sería incluso mejor.

Traducido por Gabriel Gasave


Wendy McElroy es Investigadora Asociada en the Independent Institute y directora de los libros del Instituto, Freedom, Feminism and the State y Liberty for Women: Freedom and Feminism in the Twenty-first Century.




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