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La FISA y la Ley Patriota son el abuso
10/5/2006
Anthony Gregory
San Diego Union Tribune

En el verano de 2001, la policía local de Tempe, Arizona, sospechó que un almacén mayorista estaba organizando una red dedicada al robo de alimento para bebes. Después del 11 de septiembre, la policía de Phoenix sostuvo que habían “confirmado” que el sospechoso “tenía conexiones significativas con organizaciones terroristas, incluida al Qaeda.” Las autoridades locales fueron capaces de obtener una autorización de la seguridad nacional conforme la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA como se la conoce en inglés). La evidencia que obtuvieron en virtud de la instalación de micrófonos ocultos en la oficina del sospechoso y de intervenir su teléfono llevó al enjuiciamiento del hombre y a una sentencia a diez años de prisión. En verdad el mismo nunca fue acusado de un delito relacionado con el terrorismo.

Seguramente la policía de Tempe podría haber esperado y obtenido las autorizaciones estándar. Pero seguramente, eso hubiese sido menos conveniente para los investigadores. Hubiesen tenido que demostrar fehacientemente la causa probable ante un juez ordinario, en vez de ante un tribunal federal secreto de la FISA, el cual rubrica prácticamente toda autorización que le es solicitada y que virtualmente no es responsable ante nadie.

Parecería que todo lo que el gobierno tiene que hacer es afirmar que alguien posee conexiones terroristas y las salvaguardas consuetudinarias del debido proceso son barridas, independientemente de si existe o no alguna evidencia de una conexión terrorista. El caso de la comida para bebes ilustra cuan amplia se ha vuelto la guerra contra el terror. Recientes informes del espionaje federal sobre activistas políticos pacíficos tales como los cuáqueros y los miembros de la ACLU (Unión Americana para las Libertades Civiles), y del empleo de la Ley Patriota para combatir a las apuestas online también ilustran el problema.

Desde que el secreto de la administración Bush, el espionaje no autorizado de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) se hiciera público, sus defensores han sostenido que Bush ni siquiera necesita acatar los débiles limites de la FISA sobre su poder. Insisten en que el presidente tiene toda la autoridad que necesita gracias a la cláusula del Comandante en Jefe de la Constitución y la autorización del Congreso para usar la fuerza contra los perpetradores del 11/09, sancionada poco después del 11 de septiembre. El Fiscal General ha implicado que esta autorización le concede a Bush incluso más poder de lo que lo haría una más limitada y precisa Declaración de Guerra contra un estado extranjero específico. En realidad, según este argumento, el mundo entero es un campo de batalla en esta nueva clase de guerra, y el presidente no puede ser limitado en su poder o los Estados Unidos podrían ser atacados nuevamente por terroristas. Y dado que el presidente posee la autoridad aprobada por la Corte Suprema para detener a los “combatientes enemigos” sin juicio, seguramente puede escuchar algunas llamadas telefónicas.

Pero si el presidente en verdad tiene toda esta “autoridad inherente” para detener y espiar a cualquiera sin revisión judicial, entonces ¿por qué necesita la Ley Patriota? ¿Por qué insiste en que la Ley Patriota es una herramienta crucial e indispensable en la guerra contra el terror? ¿Qué es lo que ella le permite hacer a Bush que él no posea la “autoridad inherente” para hacer sin ella? La posición republicana sobre esto es completamente incoherente y sugiere que el propósito de toda esta legislación anti-terror no es en verdad para permitirle hacer al presidente lo que debe hacer pero que no podría hacer sin ella. En cambio, la misma es para hacerle creer al pueblo estadounidense que el gobierno está actuando correctamente al hacer lo que en realidad intenta hacer sin tener en cuenta a la ley.

Los demócratas más importantes tienen una respuesta perturbadora. Sostienen que las facultades ejecutivas concedidas por el programa de la FISA, y ampliadas adicionalmente por la Ley Patriota, deberían haber sido suficientes para la guerra contra el terror. Si no lo fueran, nos aseguran los demócratas, hubiesen estado tan felices como los republicanos de expandir los poderes de Bush solamente si él lo pedía. Resumiendo, el problema con lo que hizo Bush es meramente de procedimiento, no moral. La primera prioridad, de todos modos, es volver legal a cualquier cosa que Bush haya estado hacienda mediante un ajuste de la ley.

Si alguna ley debe ser válida, el Bill of Rights y la Constitución (todavía las Leyes Supremas de la nación) deberían imponerse por sobre la ley allí donde exista conflicto. La Cuarta Enmienda es clara sobre el tema de las autorizaciones. Exigen una causa probable, deben estar respaldadas por el juramento o la afirmación, y deben describir con detalle el lugar a ser requisado y las personas o cosas a ser incautadas. En cada caso el oficial debe proporcionarle al magistrado las evidencias y circunstancias suficientes para demostrar la causa probable. Debe jurar ante el tribunal que la persona que será requisada merece ese accionar. Si brinda el juramento de manera deshonesta, es culpable de perjurio. Y el agente gubernamental es mejor que tenga una muy pero muy buena idea de lo que espera encontrar.

Los tribunales secretos de la FISA no cumplen con este estándar, y tampoco lo hacen las ordenes para fisgonear autorizadas por la Ley Patriota. En su lugar, le permiten a los investigadores entrometerse con los estadounidenses sin una autorización de un tribunal tradicional, solamente una orden administrativa o judicial secreta y no responsables ante nadie. Leyes como la FISA y la Patriota abusan de nuestra privacidad, del sistema de controles y contrapesos y del gobierno constitucional. Estas leyes abusivas deben ser derogadas por el bien de la libertad estadounidense.

Los defensores de Bush tienen todavía que demostrar cuan eficaces han sido en verdad las nuevas facultades para luchar contra el terror. Hasta ahora tan solo han sido eficaces para arrestar a delincuentes comunes y espiar a los estadounidenses corrientes. En vez de una prueba del éxito, proporcionan la afirmación de que el presidente obviamente posee estas facultades, e implican que cualquier discusión crítica de temas tan importantes es una amenaza a la seguridad nacional. Y todavía se supone que tenemos que creer que no se encuentran abogando por el poder por el poder mismo.


Anthony Gregory es Investigador Editor en The Independent Institute. Obtuvo su título de bachiller en Historia Estadounidense de la University of California en Berkeley y brindó el discurso sobre historia como no graduado en la ceremonia de graduación de 2003. Además de su labor en el Independent Institute, escribe regularmente para numerosos websites de noticias y comentarios, incluidos LewRockwell.com, Future of Freedom Foundation y el Rational Review.



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