Un proyecto de ley de inmigración de carácter punitivo sancionado por la Cámara de Representantes el pasado mes de diciembre ha provocado en los últimos días manifestaciones por todo el país. En respuesta a ellas, el Comité Judicial del Senado aprobó una medida bipartidista que le permitiría a los actuales inmigrantes ilegales permanecer en los Estados Unidos y abriría el camino para que más emigren en carácter de trabajadores temporarios. Desafortunadamente, ninguna de las reformas propuestas solucionarán por completo nuestros problemas relacionados con la inmigración ilegal y el proyecto de ley de la Cámara de Representantes podría en realidad empeorar esos problemas.

Existen alrededor de entre 10 y 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, quienes realizan tareas que resultan cruciales para nuestra economía. El Pew Hispanic Research Center estima que el 24% de todos los trabajos agrícolas, el 17% de las tareas de limpieza, y el 27% de los trabajos de carnicería son realizados por inmigrantes ilegales. Cualquier reforma que obligue a estos trabajadores a abandonar los Estados Unidos, de manera permanente o temporal, alterará nuestra economía. Los empleadores y consumidores estadounidenses sufrirán tanto como los inmigrantes que sean deportados. Las reformas que deportan a los inmigrantes ilegales son desaconsejables: por razones económicas así como también por motivos humanitarios y pragmáticos.

Más de un millón de inmigrantes fueron aprehendidos intentando ingresar a los EE.UU. de manera ilegal en 2004, y se estima que unos 500.000 al año tienen éxito en ingresar ilegalmente. Debemos reconocer que el hecho de incrementar la vigilancia en la frontera por s1 solo no eliminará el flujo de inmigrantes ilegales. Mientras las oportunidades sigan siendo mejores en los Estados Unidos que en México y otros países, los inmigrantes emplearán medidas crecientemente extremas a fin de eludir los controles fronterizos. Las reformas exitosas deben proporcionar un camino legal para que los trabajadores vengan a aquí.

Lamentablemente, las actuales reformas propuestas no resuelven en su totalidad a estas realidades. El proyecto de ley de reforma inmigratoria de la Cámara de Representantes convertirá a los inmigrantes ilegales en delincuentes, incrementará las sanciones contra los empleadores que contraten a ilegales, y erigirá un muro a lo largo de aproximadamente un tercio de la frontera con México. Este proyecto de ley será catastrófico para las industrias que actualmente emplean a grandes números de inmigrantes ilegales. El proyecto de ley de la Cámara no ofrece tampoco ningún plan alternativo tendiente a incrementar el ingreso legal. Resumiendo, el proyecto de ley trastornará nuestra economía, detendrá el flujo de trabajadores, y seguirá alentando la inmigración ilegal.

Los lineamientos generales del Presidente Bush para la reforma inmigratoria son algo mejores. Desea incluir un programa de “trabajadores temporales” junto con una seguridad fronteriza incrementada. La circunstancia de permitir trabajadores temporales es algo positivo, pero Bush exige de manera innecesaria que las empresas estadounidenses demuestren que ningún trabajador estadounidense está deseoso de aceptar un puesto antes de que una empresa pueda ofrecérselo a un trabajador temporal extranjero. La creación de empleo en los Estados Unidos se ha equiparado con los incrementos en el tamaño de nuestra fuerza laboral en los últimos 50 años. Permitir más inmigrantes en los Estados Unidos se traduce en realidad en más trabajos. A efectos de ser exitoso, un programa de trabajadores temporales debe mantener las cargas de tipo administrativo sobre los empleadores en un nivel mínimo y debe permitirle a los trabajadores la flexibilidad de cambiar de empleos fácilmente en una economía como la nuestra en constante evolución.

Bush tampoco ofrece garantía alguna de que los trabajadores no serán deportados al término de su período como trabajadores temporales. Una vez que un trabajador ha demostrado que se encuentra aquí para trabajar y que carece totalmente de antecedentes penales por los últimos seis años, ¿por qué no queríamos permitirle quedarse? Obligar a trabajadores productivos y respetuosos de las leyes a que abandonen el país solamente perjudicará a nuestra economía y generará desasosiego civil.

La medida aprobada por el Comité Judicial del Senado fue propuesta por los senadores John McCain y Edward Kennedy. Su proyecto de ley permitirá que los actuales inmigrantes ilegales permanezcan en los Estados Unidos y puedan solicitar la incorporación al programa de trabajadores temporales tras abonar una multa. El mismo permitirá también que aproximadamente 400.000 nuevos trabajadores temporales ingresen al país cada año y proporciona un camino hacia la residencia permanente después de transcurridos seis años como trabajador temporal.

Sin embargo, la propuesta de McCain y Kennedy debería ir más lejos. ¿Por qué permitir solamente 400.000 trabajadores temporales por año? Dado que ellos son beneficiosos para nuestra economía, ¿no deberíamos darle la bienvenida a tantos de ellos como los empleadores estén deseosos de contratar? Habiendo muchas más de 400.000 personas deseando emigrar a los Estados Unidos para trabajar, este proyecto de ley es tan solo una mejora parcial respecto del status quo. Seguirán habiendo muchos inmigrantes ilegales que intentarán ingresar a los EE.UU. para mejorar sus vidas una vez que sea alcanzado ese tope de 400.000 anuales.

La seguridad fronteriza por sí sola perjudicará a nuestra economía y falla en solucionar nuestro problema con la inmigración ilegal. El Senado en pleno haría bien en ampliar la medida aprobada por el Comité Judicial. Un programa de trabajadores temporales a gran escala con bajas cargas administrativas y flexibilidad laboral para los inmigrantes y con un sendero hacia la residencia permanente constituye una solución genuina si la misma permite el ingreso de un número suficiente de trabajadores. Ello podría mejorar nuestra economía y reducir el flujo de aquellos que intentan cruzar ilegalmente la frontera.


Benjamin Powell, es Asociado Senior en el Independent Institute y Director del Free Market Institute de la Texas Tech University.