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La regulación de la TV por cable perjudica a los consumidores
10/3/2006
Benjamin W. Powell

Las reglamentaciones gubernamentales obligan a millones de estadounidenses a pagar en exceso por la televisión por cable. Si usted vive en una ciudad que cuenta solamente con un proveedor hogareño de televisión por cable, es probable que sea uno de ellos. Mientras los consumidores de telecomunicaciones se han visto beneficiados por la caída de los precios provocada por la competencia durante los últimos diez años, ese no es el caso de los abonados de las empresas de cable. En verdad, las tarifas del cable se han incrementado casi un 60 por ciento desde 1999. Según Gene Kimmelman, vicepresidente de la Consumers Union, desde la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones de 1996, las tarifas de la televisión por cable han aumentado aproximadamente unas dos veces y medias la tasa de inflación.

Las reformas al proceso de otorgamiento de licencias están siendo actualmente discutidas en los comités de la Cámara de Representantes y del Senado de los EE.UU.. Se encuentran considerando reformas tales como una reglamentación de la licencia a escala nacional, el licenciamiento estadual, y formando comités conjuntos con los estados a fin de disminuir las cargas reglamentarias. Pese a que estas reformas podrían dar lugar a más competencia y pueden beneficiar a los consumidores en el corto plazo, es necesaria una más sistemática desreglamentación.

Un obstáculo para reducir las barreras gubernamentales a la competencia es la percepción del público: Los consumidores ven que los mercados de las telecomunicaciones son más competitivos e innovadores que lo que eran diez años atrás, pero no ven que estos mercados podrían ser aún más competitivos e innovadores, asegurando mayores beneficios en el largo plazo.

La competencia acrecentada de los proveedores de televisión por cable e Internet impulsaron las recientes fusiones de Verizon y MCI y de SBC y AT&T. Al mismo tiempo, el surgimiento del Protocolo de Voz Sobre Internet (VoIP es su sigla en ingles) trajo aparejada una nueva competencia en materia de las comunicaciones de voz por parte de firmas como Cox Cable, Comcast, America Online, y Microsoft. Como resultado de ello, desde 1999 los precios de la telefonía de larga distancia han declinado un 30 por ciento y los precios de la telefonía celular han caído un 20 por ciento.

A medida que la tecnología se desarrollaba, permitía incluir a nuevos competidores en el negocio telefónico, y ha posibilitado también que las empresas de telefonía tradicionales ingresen al mercado de la oferta televisiva. Desafortunadamente, los gobiernos locales han protegido a las empresas de televisión por cable de la competencia, y los consumidores están pagando el precio.

A efectos de ofrecer el servicio de televisión, las empresas de cable deben obtener una licencia autorizante de cada gobierno local en cada región a la que desean atender. Algunos gobiernos locales desean crear monopolios mediante la limitación de la provisión del servicio de televisión por cable a un solo proveedor local.

Incluso cuando los gobiernos permiten nuevos participantes en el mercado, el proceso de asegurarse la autorización en múltiples comunidades es tan embarazoso que el mismo constituye una barrera significativa a la competencia. Ed Whitacre Jr., el Gerente General de AT&T, sostiene que el proceso de aprobación insume rutinariamente entre 12 y 18 meses en cada comunidad. El hecho de asegurarse la autorización de las aproximadamente 2.000 franquicias locales que desean atender demorará siete años y medio ísí es que logran suscribir un acuerdo cada día laborable a lo largo del año!

La justificación original para la limitar una región a un solo proveedor de cable era la de que una solo empresa podía atender a una región de un modo más económico que múltiples empresas, debido al alto costo de instalación de las líneas de transmisión. Los gobiernos podrían luego regular las tarifas de modo tal que los consumidores se beneficien. Sin embargo, la limitación de la competencia y la regulación de las tarifas han en verdad servido para sofocar las innovaciones e incrementar los costos.

El estado de Texas ha sido líder en la nación en reformar el proceso de otorgamiento de las licencias del servicio de TV por cable. El año pasado el gobierno estadual ofreció otorgar licencias con alcance para todo el estado de modo tal que las empresas no tuviesen que negociar ciudad por ciudad. El 2 de marzo el American Consumer Institute publicó una encuesta de los resultados. Hallaron que en los mercados recientemente competitivos, las nuevas compañías han ya capturado un 20 por ciento del mercado. La mitad de todos los individuos que cambiaron de proveedor ahorró en promedio $22,30 mensuales, y aquellos que se quedaron con su proveedor original y declararon ahorrar dinero después de que fuera introducida la competencia, reportaron ahorros de $26,83 por mes en promedio. En un estudio más sistemático de las tarifas de cable en la nación publicado en abril pasado, la Oficina de Contabilidad del gobierno de los Estados Unidos encontró que la introducción de la competencia en la televisión por parte cable redujo las tarifas en un 16,9 por ciento.

Las regulaciones gubernamentales no pueden mantenerse a la par del cambio tecnológico. La Ley de Desregulación de las Telecomunicaciones de 1996 no podía anticipar los desarrollos tecnológicos que tuvieron las comunicaciones integradas de voz, video, y datos durante los 10 últimos años. El gobierno simplemente no puede adaptar sus regulaciones y políticas lo suficientemente rápido. Para la competencia en el largo plazo en la industria de la televisión por cable, el otorgamiento de licencias debería ser abolido y la industria debiera ser echada a la competencia abierta de cualquier proveedor de cable o de satélite capaz de atraer a los consumidores. La competencia abierta les traerá a los consumidores precios más bajos y les permitirá a las fuerzas del proceso competitivo del mercado promover nuevas innovaciones tecnológicas.


Benjamin Powell, es Investigador Asociado en The Independent Institute, un centro de estudios sobre políticas públicas con sede en Oakland, California y Profesor de Economía en la Suffolk University.



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