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Sociedad vigilada
7/11/2005
Ivan Eland

Desde el 11 de septiembre, el FBI, organizado en otros tiempos para combatir el crimen, ha estado sufriendo una transformación tendiente a centrar sus esfuerzos en la prevención de futuros ataques terroristas. Para ayudar a la agencia en sus esfuerzos, en el año 2001 el Congreso precipitadamente sancionó, y está ahora por renovar, la Ley PATRIOTA de los EE.UU., la cual incrementó de manera dramática las facultades de vigilancia de las agencias encargadas de aplicar las leyes. No obstante ello, lo cierto es que el del terrorismo (aún incluidos los ataques del 11/09) es un fenómeno raro en América del Norte que mata a mucha menos gente que los delitos comunes, los accidentes automovilísticos, o los problemas médicos. Tan trágico como lo fueron las 3.000 muertes de los aberrantes ataques del 11/09, el peor efecto de esos incidentes fue la herida auto inflingida de la conversión de los Estados Unidos de la “tierra del libre” a la “tierra del vigilado.”

La Ley PATRIOTA le otorga al FBI la facultad de recoger información sobre individuos que no están sospechados de la comisión de un crimen. Por ejemplo, el FBI puede emitir una “carta de seguridad nacional” a fin de obtener los registros financieros, bibliotecarios, telefónicos y del correo electrónico de una persona, así como también su historial como cliente y empleado de parte de empresas, mediante la mera certificación de que la información es “buscada para” o “relevante para” una investigación “tendiente a protegernos contra el terrorismo internacional o actividades de inteligencia clandestinas.” De esta manera, el FBI puede husmear en los asuntos de cualquiera que entre en contacto con alguien sospechado de terrorista y ahora retendrá en su base de datos, incluso después de que la investigación sea cerrada, la información reunida sobre personas inocentes. Vienen a la mente visiones de agentes del FBI examinando detenidamente listados generados por computadora de alguien que haya asistido alguna vez a un concierto de Cat Stevens.

Aún peor, dichas cartas de la seguridad nacional pueden ser emitidas por supervisores del FBI en el cumplimiento de sus tareas y no precisan de aprobación alguna por parte de un fiscal, gran jurado, o juez. Las cartas de la seguridad nacional parecerían directamente darse de bruces con la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la que establece que “no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil [de que la persona haya cometido un crimen], estén corroborados mediante juramento o protesta...” A efectos de garantizar a esta libertad civil vital en el Bill of Rights, los fundadores de la nación no hicieron ninguna excepción ni siquiera por supuestas consideraciones de “seguridad nacional.” Además, aquellas empresas o bibliotecas involucradas en las cartas no pueden comentarle a quienes son objeto de las pesquisas acerca de las mismas, sobre lo cual algunos tribunales se han pronunciado fallando que ello viola los derechos a la libertad de expresión de la Primera Enmienda. El FBI tiene también investigaciones parlamentarias bien armadas de cómo las cartas secretas están siendo utilizadas. Finalmente, según el Washington Post, el FBI tiene todavía que brindar algún ejemplo de un complot terrorista que haya sido desbaratado por una carta de la seguridad nacional.

La carta de la seguridad nacional, sin embargo, es solamente una de las varias provisiones de la Ley PATRIOTA de los EE.UU. que amplia las facultades de vigilancia del gobierno a la vez que tiene poco efecto demostrable sobre la prevención del terrorismo. Al mismo tiempo, estas provisiones erosionan, al disminuir la supervisión judicial o parlamentaria, los controles y contrapesos de la Constitución. Y esta no es la primera vez que facultades expandidas para la aplicación de las leyes han probado ser ineficaces. En 1996, La Ley sobre el Anti-Terrorismo y la Pena de Muerte Efectiva restringió severamente las libertades civiles en los Estados Unidos pero no evitó los ataque contra el Pentágono y el World Trade Center cinco años más tarde. Por qué el pueblo estadounidense reiteradamente premia al fracaso al tolerar incrementos en la autoridad y en los presupuestos de las agencias de seguridad del gobierno es un misterio.

Además de los perniciosos efectos directos de toda esta vigilancia gubernamental amplificada sobre el público estadounidense, los efectos indirectos pueden ser aún peores. En una era de gobierno grande, las empresas y los sectores sin fines de lucro tienden a juzgar lo que es aceptable según lo que haga el gobierno. La vigilancia gubernamental incrementada crea una norma societaria general a favor de una vigilancia incrementada en los ámbitos laborales. Por ejemplo, hasta que el Congreso hizo que su utilización por parte de las empresas fuese ilegal, los empleadotes privados estaban siguiendo el ejemplo de las agencias de seguridad gubernamentales al administrarle pruebas de polígrafo, las que son demostrablemente no confiables, a sus empleados. Incluso en la actualidad, algunas empresas, que al menos de manera retórica defienden la libertad económica, y algunas organizaciones sin fines de lucro que proponen la libertad individual, monitorean regularmente la correspondencia electrónica de sus empleados y abren su correo. Uno puede sostener que existe una diferencia legal entre el gobierno y las entidades privadas involucradas en tales practicas orwellianas, pero el sector privado está innegablemente reaccionando, ya sea conciente o subconscientemente, a las normas sociales fuertemente influenciadas por la acción gubernamental. Uno esperaría que los sectores privados y sin fines de lucro fuesen más ilustrados que el gobierno. Después de todo, tal vigilancia opresiva de empleados comunes—allí donde no existe evidencia alguna de mal comportamiento—provoca enojo y problemas en el estado de ánimo entre los empleados, lleva a algunos trabajadores talentosos a “votar con sus pies” hacia empleadores que sean menos intrusos, y malgasta valioso tiempo de los ejecutivos y recursos en un innecesario control de los empleados.

El comunismo en las naciones del bloque oriental fracasó debido a que muchos recursos de la sociedad eran desperdiciados en el control, dejando pocos de ellos disponibles para la iniciativa individual y la creatividad. La libertad y la privacidad hacen a los individuos felices, creativos, productivos, y ricos. El gobierno estadounidense—y las empresas y las agrupaciones sin fines de lucro que están siguiendo las normas sociales “orientadas hacia el control” fomentadas por la acción gubernamental—deberían prestar atención y dejar que la libertad repiquetee.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




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