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Nuestros más grandes criminales nunca son acusados por sus crímenes más grandes
31/10/2005
Robert Higgs

El fiscal especial Patrick J. Fitzgerald ha disipado actualmente, al menos por el momento, el suspenso respecto de hacia dónde estaba apuntando su dedo inquisidor. A pedido de Fitzgerald, un gran jurado ha acusado al jefe de personal del Vicepresidente Dick Cheney, I. Lewis “Scooter” Libby basándose en cinco cargos: un cargo de obstrucción de justicia, dos cargos de efectuar declaraciones falsas a los investigadores del FBI, y dos cargos de perjurio. Las ofensas por las cuales Libby ha sido acusado conciernen a los esfuerzos de la administración Bush para difamar y vengarse de sus críticos, en este caso al exponer que uno de dichos críticos, el ex embajador Joseph Wilson, estaba casado con la por entonces agente encubierta de la CIA Valerie Plame. Ninguna acusación fue incoada contra el hombre que es la mano derecha del presidente, Karl Rove, pero Fitzgerald afirma que continuará con su investigación, así que Rove y otros permanecen en riesgo de ser acusados más tarde, lo más probable por las mismas clases de ofensas.

Grande ha sido el éxito de estos procedimientos; reporteros y comentaristas han especulado durante meses acerca de qué podría hacer Fitzgerald y cuáles podrían ser las repercusiones de sus acciones. Sin embargo, a estas alturas, parecería que el elefante se ha esforzado eficazmente y dado lugar tan solo a un ratón. Libby no fue acusado de violar la ley que considera una felonía al hecho de exponer a sabiendas la identidad de un agente encubierto de la CIA—es demasiado difícil probar esa acusación ante un tribunal. Los cargos en su contra ciertamente no son triviales—de ser declarado culpable por todos los cargos, puede ser condenado a 30 años de prisión y multado por $1.250.000—no obstante en vistas de los crímenes mucho mayores en los cuales ha largamente desempeñado un papel integral, los cargos actuales son el equivalente moral de una multa por mal estacionamiento. Uno casi sospecha que tales procedimientos legales son poco más que el método probado del régimen para distraer y alejar la atención de sus más grandes criminales y de los más grandes crímenes de éstos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos se unió a los gobiernos del Reino Unido, la Unión Soviética, y Francia en el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional a fin de llevar ante la justicia a los líderes de los regímenes del Eje europeo. En una serie de juicios en la ciudad de Nuremberg de 1945 a 1949, ese tribunal juzgó a más de cien acusados de crímenes estipulados contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. La Carta del tribunal declaraba que los “líderes, organizadores, instigadores, y cómplices que participar en la formulación o ejecución de un Plan Común o una Conspiración para cometer cualquiera de los crímenes precedentes son responsables por todos los actos realizados por cualquier persona en la ejecución de tales planes.” En el más importante de los juicios de Nuremberg, el tribunal acusó a veintidós de los principales líderes sobrevivientes del gobierno de Hitler y encontró a diecinueve de ellos culpables de uno o más cargos en su contra. Doce fueron sentenciados a muerte en la horca y siete a largos periodos en prisión. Ninguna apelación fue permitida.

En Nuremberg, los crímenes contra la paz fueron definidos para incluir a la “planificación, preparación, iniciación o emprendimiento de una guerra de agresión, o una guerra en violación a los tratados internacionales.” En vistas de todo lo actualmente conocido por el mundo entero, ¿puede alguien negar que un basto número de líderes y de importantes porristas privados de la administración Bush constituye los “líderes, organizadores, instigadores, y cómplices que participan en la formulación o ejecución de un Plan Común o Conspiración para cometer” una guerra de agresión contra Irak? Toda justificación oficial para planificar, lanzar, y continuar esta guerra ha sido ahora revelada como falsa. La camarilla de Bush sencillamente deseaba una guerra con Irak, proyectó como emprender dicha guerra, y la realizó, sin considerar la ausencia de un jirón de evidencia confiable de que irak planteaba una amenaza seria para los Estados Unidos. ¿No es esta secuencia de acciones precisamente lo que se quiso significar con una “guerra de agresión”? De ser así, ¿por qué el mismo crimen por el cual los funcionarios alemanes fueron acusados no es un fundamento igualmente adecuado sobre el cual basar una acusación de los funcionarios estadounidenses? Después de todo, los alemanes también tenían excusas y justificaciones públicas.

La Constitución de los Estados Unidos establece en el Artículo VI, “Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país.” Uno de dichos tratados es la Carta de las Naciones Unidas, suscrita por los representantes de los Estados Unidos y ratificada por el Senado en el año 1945. Entre muchas otras estipulaciones relevantes, esa carta obliga a sus signatarios tal como sigue: “Todos los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.” Más adelante, “todos los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

La Carta de la ONU le reconoce a cada estado miembro el derecho a la defensa propia “si ocurre un ataque armado contra” ese estado, pero condena de manera explícita a las guerras preventivas, a las cuales la administración Bush ha vuelto el foco principal de su estrategia de seguridad nacional. En el actual lenguaje oficial de los Estados Unidos, “la mejor defensa es una buena ofensa.” Tal como el propio presidente lo ha declarado, “Los Estados Unidos actuarán contra . . . las amenazas emergentes antes de que las mismas estén totalmente desarrolladas.” En verdad, incluso antes de que existan—parecería que nunca se puede ser demasiado cuidadoso.

Al violar la Carta de la ONU, a la que la Constitución de los Estados Unidos hace parte de la ley suprema del país, el Presidente George W. Bush ha violado esa ley. Ha violado además su juramento de preservar, proteger, y defender la Constitución al llevar a las fuerzas armadas a una guerra sin una declaración de guerra parlamentaria. La falla del Congreso para protestar su impudencia resulta inmaterial a esta violación, en la que el propio Congreso ha escogido, al financiar la guerra, servir como cómplice del presidente en vez de controlar y equilibrar su ejercicio de una facultad inconstitucional tal como lo idearon los Padres Fundadores. Ya que el Presidente Bush ha violado tan claramente su juramento del cargo, excedido sus facultades constitucionales, y contravenido a la ley suprema del país, uno se pregunta por qué no ha sido sometido a juicio político por sus altos crímenes. ¿Puede ser la respuesta que en la actualidad vivimos en una sociedad sin leyes, en la cual el fuerte simplemente hace lo que le place, sin consideración por lo que sea contrario a la Constitución o a las leyes?

En Irak, las fuerzas estadounidenses han causado la muerte de decenas de miles, la mayoría de ellos no combatientes, y lesiones físicas a incontables otros. Han infligido vastos daños a la propiedad al bombardear, disparar, y emplear otros medios violentos. Han generado condiciones de vida para los iraquíes comunes signadas por el crimen rampante, el desempleo, el empobrecimiento, y la extrema inseguridad de la vida, salud, y propiedad, así como también los saqueos por parte de todos, desde los más altos funcionarios estatales hasta el más bajo de los maleantes callejeros. Esos son los frutos de la guerra de agresión del gobierno estadounidense—los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad yacen por encima de sus crímenes contra la paz.

Sin embargo, hasta la fecha, todo lo que podemos exhibir respecto del proceso legal contra los principales funcionarios estadounidense es una acusación por los sucios trucos cotidianos de un funcionario—la clase de cosas que los incontables lacayos del gobierno hacen cada día de la semana. Seamos agradecidos por las pequeñas bendiciones, deberíamos decirnos. De acuerdo: hasta ahora bien, Sr. Fitzgerald. Ha recorrido la primer yarda. Todavía tiene millas y millas por delante suyo si es que la justicia será atendida.

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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