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Quitemos a la política de la asistencia ante los casos de desastres
30/9/2005
Matt E. Ryan

En tiempos de un desastre natural, la gente a menudo mira al gobierno en busca de soluciones. Tristemente, pareciera que los políticos utilizan a los desastres para avanzar en sus carreras políticas.

Un artículo profético publicado en Economic Inquiry dos años atrás, por Thomas Garrett de la filial del Banco de la Reserva Federal de St. Louis y Russell Sobel de la West Virginia University, muestra cuan alarmantemente política es en verdad la ayuda ante los desastres. Garrett y Sobel hallaron que desde 1991 a 1999 los estados que eran políticamente más importantes para el presidente tuvieron un índice más alto de declaraciones de los mismos como zonas de desastre natural. Además, el número promedio de desastres declarados en los años electorales era un 66 por ciento más elevado que el número durante los años en los que no se celebraban comicios, no obstante que existen pocos motivos para considerar que las malas condiciones meteorológicas imitan a los ciclos políticos.

Ellos encuentran también que los estados que tenían un representación parlamentaria en los comités de contralor de la Agencia Federal Para el Manejo de las emergencias (FEMA es su sigla en inglés) recibían mayores desembolsos ante un desastre. Su modelo estima que por cada miembro de la Cámara de Representantes en un comité de vigilancia, el estado de origen de ese representante recibe $31 millones como excedente de los desembolsos por desastres. Estiman que casi la mitad de la asistencia por desastres otorgada desde 1991 a 1999 estuvo dedicada a promover objetivos políticos.

El economista Alan Krueger destacó recientemente en un artículo en el New York Times que el Presidente Bush declaró 61 desastres importantes en el año electoral de 2004, un incremento de 10 respecto de 2003. En los estados que fueron un campo de batalla y en los que la elección fue decidida por cinco puntos porcentuales o menos, el número de desastres importantes ascendió a 17 en 2004 de 8 que eran en 2003—90 por ciento de aumento en el año electoral.

Las declaraciones de desastre proporcionan una oportunidad única para que los funcionarios gubernamentales afecten con negociados a los electores sin el escrutinio habitual. Mientras las medidas dispendiosas mal concebidas son por lo general especialmente informadas en los medios, el gasto en ayuda ante un desastre rara vez es cuestionado. Por ejemplo, en diciembre pasado, el estado de Ohio fue declarado zona de desastre tras recibir solamente sesenta y un centímetros de nieve, y sin embargo muy pocos cuestionaron esa decisión.

La asistencia ante los desastres financiada federalmente no es empleada de manera eficiente debido a que los funcionarios no hacen frente a la misma disciplina a la que si son sometidos los individuos que operan en los mercados privados. El recorrido de un camión de hielo suministrando ayuda a las victimas del huracán Katrina ilustra la incapacidad de la FEMA para coordinar y su ceguera para con la relación costo/eficacia. Tras abandonar Wisconsin y arribar en Louisiana, el camión fue enviado a Georgia pero luego asignársele una nueva ruta hacia Carolina del Sur. Luego de terminar en Maryland, el hielo del camión quedo varado durante días, mientras le costaba dinero a los contribuyentes y dejaba a los necesitados de ayuda con menores provisiones.

La ceguera de la FEMA ante los costos se ha tornado incluso más evidente con la adjudicación de los contratos de reconstrucción a las firmas favoritas del gobierno, tales como Halliburton y Bechtel, sin un proceso licitatorio competitivo. Aquellos que emiten los contratos citan la necesidad de un tramite expeditivo, y sostiene que los contratos no licitados les fueron otorgados a contratistas “probados” capaces de asistir rápidamente en la reconstrucción. Desafortunadamente, la única cosa que la contratación gubernamental sin licitación ha “probado” es que la misma logra tener gastos despilfarradotes y precios inflados.

Las empresas en el sector privado tienen ganancias y pérdidas para asegurarse que los bienes están siendo asignados eficientemente; el sector público no posee dicha información mediante la cual tomar decisiones económicamente válidas. Cuando los precios se incrementan tras un desastre, las compañías reciben la información y el incentivo para enviar más de los productos necesitados. En cambio, la FEMA funciona sobre la base de que sus acciones impactan sobre las carreras políticas de aquellos que designan a sus directores y asignan su presupuesto.

A fin de lidiar mejor con los desastres, el papel de la FEMA debería ser reducido tanto como sea posible—idealmente eliminada—y las organizaciones privadas deberían ser alentadas a asumir los deberes de asistencia. El Presidente Bush ha sugerido recientemente que el Pentágono debería desempeñar un mayor rol en la asistencia ante casos de desastres, pero difícilmente pareciera ser adecuado que el gobierno juegue un papel más grande en la asistencia al desastre cuando en la actualidad lo hace tan pobremente.

El desempeño del Ejército de Salvación y de la Cruz Roja ilustra cómo el sector privado puede suministrar una asistencia efectiva y evidente ante un desastre y de una manera eficiente. A diferencia de la FEMA, el Ejército de Salvación está obligado a ser efectivo en su distribución de la ayuda en virtud de que la vitalidad del Ejército de salvación proviene de las donaciones voluntarias. Si no hace bien su trabajo, los donantes enviarán sus donaciones a otra parte. La FEMA no enfrenta tal restricción porque obtiene su dinero a través del sistema político. No debería sorprender entonces que la política motive sus decisiones.

A la FEMA se le ha asignado también la responsabilidad de proporcionar seguridad. La actividad vandálica y pandillera entorpeció los esfuerzos iniciales de ayuda en Nueva Orleans, y una fuerza de seguridad eficaz hubiese acelerado a los mismos. Lamentablemente, la FEMA estaba ocupada deteniendo a otro movimiento—el de las caridades privadas en el área del desastre. La FEMA obligó al Ejército de Salvación y a la Cruz Roja a permanecer fuera de Nueva Orleans durante los primeros días inmediatamente siguientes a la ira de Katrina. Quizás, también la seguridad hubiese sido mejor manejada por otros.

La revista The Economist denominó al desastre de Katrina la “Vergüenza de los Estados Unidos,” pero se equivocaron. El flujo de la caridad privada ha sido destacable y los estadounidenses deberían sentirse orgullosos. Lo que ha sido vergonzoso es el catastrófico manejo por parte de nuestro gobierno de la ayuda al desastre.

Traducido por Gabriel Gasave


Matt Ryan es Asociado Adjunto con The Independent Institute en Oakland, California y posee una Maestría en Economía de la San Jose State University.



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