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Las ejemplares reformas de Lituania precisan ser reformadas
22/9/2005
Monika Kacinskiene

Las reformas han definido a toda una década de la historia de europea central y del este. El sentido común sugiere que las reformas pobremente concebidas son algo peor que la ausencia de ellas, y aún aquellas decretadas a través de la región desde la caída del comunismo han sido por lo general inferiores a lo ideal.

Lituania no es ninguna excepción. Desde que recuperó su independencia en el año 1991, el proceso legislativo del país a menudo se ha retraído durante largos períodos, absteniéndose por completo de efectuar reformas. El rápido crecimiento económico de los últimos dos años (en 2003, el PBI creció casi el 10%) le brindó al gobierno el empuje político para costosas reformas estructurales, pero el mismo falló en seguir dicho derrotero.

Una muestra de esa amplia reforma, aunque todavía relativamente modesta y cauta, avanzó no obstante de manera significativa durante 2004. Hasta fines del año 2003, Lituania dependía de un simple mecanismo redistributivo para atender a la vejez. Este sistema tradicional de reparto, empleado en la mayoría de los países europeos, se basa en una transferencia de dinero de los trabajadores a los jubilados. El sistema representa el 90% del ingreso total en concepto de pensiones en los países de la Unión Europea. No obstante su uso difundido, el sistema es defectuoso en varios sentidos. Coloca la exclusiva responsabilidad por las futuras pensiones en manos de los políticos, alienta un retiro anticipado mientras que desalienta la movilidad en el empleo, e impone una elevada carga sobre el trabajador, a pesar de que excluye a los trabajadores autónomos.

Los más importante, un sistema jubilatorio de reparto implica un esfuerzo para el gasto social gubernamental que no es sustentable. Algunos países de la UE se encuentran actualmente acumulando obligaciones del tamaño de las deudas de la guerra. En base a las tendencias actuales, nueve países de la UE acumularán deudas brutas del 150 al 300% del PBI para 2050, provocando el eventual colapso de un sistema al cual los pensionados han contribuido diligentemente a lo largo de su vida laboral.

Reconociendo lo inevitable, el gobierno lituano comenzó en el año 2000 a modelar lo que se convertiría en una reforma provisional de tres pilares, conocida como la Ley Lituana sobre la Reforma del Sistema de Pensiones. El sistema existente se convirtió en el primer pilar. Un segundo pilar fue eventualmente agregado al primero en enero de 2004, las contribuciones de la nómina salarial, y un tercer pilar—los ahorros voluntarios—está siendo implementado en 2005. Aunque Lituania fue el último de los tres estados bálticos en emprender esta reforma, su implementación tuvo lugar de un modo relativamente fácil.

El segundo pilar le permitió a cada empleado socialmente asegurado dirigir el 2,5% de su salario a un fondo de pensiones privado de su elección a partir del 1º de enero de 2004. Esta tasa de contribución está siendo incrementada anualmente (a expensas de la parte que le corresponde al primer pilar) hasta que alcance el 5,5% en 2007. Un proyecto de ley ha sido enviado recientemente al parlamento lituano proponiendo un mayor aumento en los incrementos de la tarifa, alcanzando el diez por ciento en el año 2010.

Bajo la ley actual, aquellos que formen parte del nuevo sistema pueden acumular fondos que serán de exclusiva propiedad de cada individuo, y pueden también elegir el fondo y la administradora que mejor los satisfaga en base a la relación riego/ganancia.

Estas reformas en Lituania posibilitan también que los empleados de todos los grupos etarios participen del segundo pilar, una estipulación única dentro de Europa. En la mayoría de los países, se ha discriminado en contra de los trabajadores sobre en base a su edad. Los beneficios de participación deberían depender de las contribuciones individuales, no de imprecisas categorías etarias.

Las ganancias garantizadas y la seguridad de la inversión solamente puede ser asegurada a través de la competencia. La Ley Lituana sobre la Reforma del Sistema de Pensiones es bastante complaciente al respecto—permite la participación tanto de intermediarios financieros como también de las compañías de seguros de vida, promoviendo las condiciones para la competencia. En efecto, la competencia podría ser adicionalmente fortalecida sí, por ejemplo, un individuo pudiese ahorrar para su jubilación básica en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

El modelo tiene algunas ventajas económicas. El mismo aumenta el crecimiento económico (los ahorros extras conducen a una mayor inversión y de esa manera fomenta el crecimiento); proporciona un incentivo para permanecer en el mercado laboral por más tiempo; e implica una utilización más eficiente del capital. También motiva a la gente a involucrarse activamente en decisiones acerca de sus jubilaciones.

La reforma ha tenido también un efecto sobre el monto de las transacciones salariales en el sector informal. Las estadísticas oficiales sugieren que el 30% de los asalariados lituanos reciben pagos adicionales a sus salarios por debajo de la mesa, y un reciente sondeo de los participantes del mercado sugiere que uno de cada cuatro personas que perciben el salario mínimo reciben adicionales salariales de manera informal. El pilar del modelo de capitalización alienta a que los individuos declaren sus verdaderos ingresos.

Por otra parte, un defecto esencial de la reforma es el de las restricciones sobre el tamaño de las cuotas que pueden ser dirigidas al segundo pilar—los importes son demasiado chicos como para permitir grandes retornos sobre las inversiones. En sí, pueden estar limitando los niveles de participación dado que el incentivo a ahorrar permanece insuficiente. Una reforma adicional del sistema de pensiones debe posibilitar que se incremente el tamaño de estas contribuciones a fin de que los trabajadores de ingresos bajos y medios acumulen verdadera riqueza.

Esta reforma previsional es un paso significativo, aunque pequeño, hacia una sociedad libre. Ciertamente, las firmas administradoras de fondos han adoptado el sistema de manera entusiasta— en la actualidad, doce diferentes compañías estén ofreciendo sus servicios. El interés público ha sido similarmente impresionante. Tantos como un 48% de los lituanos han elegido participar en el nuevo sistema, mientras que en Latvia y Estonia, los índices de participación rondan cerca del 6 al 7% durante los dos primeros años de la adopción del pilar del modelo de capitalización. Los temores acerca de una escasez de competencia entre las prestatarias del servicio y de una falta de participación pública han probado de esta forma que eran infundados. Considerando que esa participación no es obligatoria, el número de participantes es extraordinario.

El peligro es que el gobierno ahora se duerma en sus laureles. Reformas adicionales serán pronto necesarias a fin de asegurar la voluntad del público de apoyarlo, para facilitar el éxito del tercer pilar, los ahorros voluntarios, y fundamentalmente, para alentar las reformas en otros sectores de los servicios públicos.

Traducido por Gabriel Gasave


Monika Kacinskiene es Analista de Políticas Públicas en el Instituto Lituano de Libre Mercado en Vilnius, Lituania.




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