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John G. Roberts y el Nuevo Federalismo
25/7/2005
William J. Watkins Jr.

Dos días después de que el Presidente Bush nominó al Juez John G. Roberts para a remplazar a la Jueza de la Corte Suprema Sandra Day O’Connor, ella participó de la conferencia judicial del Noveno Circuito. La conferencia es una reunión de magistrados y abogados occidentales organizada par discutir cuestiones significativas que afectan a los estrados judiciales y a los colegios de abogados. Durante su aparición, la Jueza O’Connor expresó preocupación acerca de usurpaciones federales contra las facultades reservadas de los estados. Describió a los estados como laboratorios de la democracia e hizo hincapié en la circunstancia de que el gobierno federal debería “dejarlos probar cosas y ver como resultan.” Este respeto por los estados como equiparados con el gobierno federal ha sido un sello distintivo de la jurisprudencia de la Jueza O’Connor. Durante la década pasada ha sido una líder del denominado Nuevo Federalismo de la Corte Suprema. El retiro de la Jueza O’Connor podría dar lugar a una Corte menos inclinada a proteger las facultades reservadas de los estados. Sus observaciones en la conferencia judicial subrayan cuanto es lo que está en juego con la nominación de Roberts.

Durante su permanencia en el cargo, la Corte fulminó varios estatutos federales que imponían infundados mandatos federales sobre los estados así como también estatutos que obligaban a los estados a someterse a demandar en sus propios sistemas de justicia. En estos fallos con una votación de 5 a 4, el de la Jueza O’Connor fue por lo general el voto decisivo.

En otra serie de casos que básicamente se referían a la autoridad del Congreso para reglamentar el comercio interestadual, la Corte ha impuesto restricciones constitucionales contra la facultad de legislar del Congreso.

Por ejemplo, en la causa United States vs. Lopez (1995), la Corte derribó un estatuto federal que prohibía la posesión de armas de fuego en las proximidades de los establecimientos escolares. El gobierno argumentaba que el estatuto era una reglamentación del “comercio” en razón de que las armas podían perturbar a las escuelas, perjudicar la educación, y dar así lugar a una fuerza laboral improductiva para la economía nacional. La Corte rechazó el argumento del gobierno, sosteniendo que tal interpretación amplia del “comercio” le permitiría al Congreso reglamentar casi toda actividad en los Estados Unidos e infringiría varias áreas tradicionalmente de incumbencia estadual.

Desafortunadamente, es difícil medir la postura del Juez Roberts sobre el Nuevo Federalismo. No posee antecedentes escritos al respecto a los que sus amigos puedan recomendar o sus enemigos atacar. Ya sea en el ámbito privado o trabajando para el gobierno, Roberts se ha desempeñado como uno de los máximos defensores de la nación. Y un defensor simplemente esgrime los argumentos más sólidos en nombre de su cliente. Cuando fue confirmado para el Tribunal de Apelaciones de D.C. en 2003, Roberts dejó en claro que los abogados deben verter argumentos incluso si no coinciden con ellos. Si un abogado dejase de hacerlo, destacó Roberts, “no estaría cumpliendo con su trabajo.” De aquí, que la miríada de escritos legales y de memos que Roberts ha escrito a través de los años proporcionan poca ayuda a efectos de evaluar su filosofía judicial.

Considerando que Roberts ha servido solamente dos años como juez federal, ha sido el autor de muy pocos fallos judiciales significativos. Sin embargo, una opinión que permite vislumbrar algo acerca de su actitud hacia el Nuevo Federalismo es la opinión en disidencia del Juez Roberts en la causa Rancho Viejo, LLC vs. Norton, 334 F.3d 1158 (2003). El caso de Rancho Viejo involucraba a una orden del Servicio de Pesca y Fauna federal que le imponía a un constructor la remoción de una cerca de su propiedad para adecuarla a los movimientos de los sapos de un arroyo. Un panel del Tribunal de Apelaciones de D.C. mantuvo la orden bajo la Cláusula del Comercio, pero el Juez Roberts urgió a que la totalidad del Tribunal volviese a escuchar este tema.

La opinión de Roberts indicó que la protección de un sapo local no-comercial, no era “comercio” sujeto a la reglamentación federal. La actividad que estaba siendo reglamentada (Ej., el levantamiento de una cerca) en una propiedad privada no afectaba sustancialmente, en la opinión del Juez Roberts, al comercio interestadual. El Juez Roberts describió al razonamiento del panel como “inconsistente con los fundamentos de la Corte Suprema en el caso United States vs. Lopez” y en otros casos del Nuevo Federalismo. Temía que el enfoque amplio del tribunal destruyese alguno de los limites verdaderos contra el poder federal conforme la Cláusula del Comercio.

El decoro le impide a la Jueza O’Connor realizar cualquier apreciación de la aptitud del Juez Roberts para reemplazarla. Sin embargo, si su opinión de Rancho Viejo sirve de alguna guía, la Jueza O’Connor y otros amigos del Nuevo Federalismo deberían ser cautelosamente optimistas con el candidato del Presidente.

Traducido por Gabriel Gasave


William J. Watkins, Jr. Es Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California y autor del libro del Instituto, Reclaiming the American Revolution.



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