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La propiedad privada en peligro
1/7/2005
William J. Watkins Jr.
East Bay Business Times, Columbus Business First, Silicon Valley/San Jose Business Journal

Los propietarios deben andar con cuidado. Si un propietario no realiza el máximo empleo productivo de su propiedad, el gobierno se encuentra actualmente facultado para transferirle la misma a otra persona. Esta es la esencia del fallo producido la semana pasada por la Corte Suprema en la causa Kelo vs. City of New London (No. 04-108.)

La Quinta Enmienda a la Constitución solamente permite incautar la propiedad para su “uso público” pagándosele una “compensación justa” al propietario. Mediante su pronunciamiento en el caso Kelo, la Corte ha borrado las palabras “uso público” del Bill of Rights y volvió menos segura a la propiedad.

El caso Kelo se originó en un plan de desarrollo económico en la ciudad de New London, estado de Connecticut. La New London Development Corporation (“NLDC” como se la conoce en inglés), una corporación privada pergeñada para asistir al concejo municipal, creó un plan tendiente a revitalizar 90 acres de New London en conexión con una instalación farmacéutica de la firma Pfizer. Entre otras cosas, el plan demandaba la construcción de un hotel para conferencias en la costanera, restaurantes, centros comerciales, y estacionamientos.

La ciudad aprobó el plan en enero del año 2000 y autorizó a la NLDC a adquirir la propiedad mediante compras o a través del ejercicio en nombre de la ciudad de la facultad del dominio eminente. Algunos residentes se involucraron en transacciones voluntarias con la NLDC, pero otros residentes se rehusaron a vender. Uno de dichos residentes era Wilhelmina Dery. La Sra. Dery ha vivido en la misma casa desde su nacimiento en 1918. Su casa ha estado en la familia durante más de 100 años, se encuentra en buenas condiciones, y ofrece una vista de la costanera. El valor subjetivo de esta casa para la Sra. Dery era mucho más alto que la oferta de la NLDC; por consiguiente, inició una demanda judicial argumentando que el gobierno no puede apoderarse de la propiedad a fin de permitir el uso privado por parte de otros propietarios debido simplemente a que los nuevos dueños puedan hacer un uso más productivo de la misma.

En los años que siguieron a la ratificación del Bill of Rights, los Jueces de la Corte Suprema veían a la preservación de la propiedad como un objeto primario del derecho estadounidense. El Juez del Alto Tribunal William Paterson afirmó en la causa Vanhorne’s Lessee vs. Dorrance (1795) que, “el derecho de adquirir y de poseer propiedad privada, y de que la misma sea protegida, es uno de los derechos naturales, inherentes e inalienables del hombre .” El Juez Samuel Chase declaró en autos Calder vs. Bull (1798) que una ley que toma la propiedad de A para dársela a B “es contraria a toda razón y justicia” y de esa manera se encuentra prohibida por la Constitución.

Los jueces estaduales estaban de acuerdo con sus colegas federales. Por ejemplo, en la causa Bowman vs. Middleton (1792), la Corte Suprema de Carolina del Sur sostuvo que las leyes que transferían la propiedad de una persona a otra son “nulas” en virtud de que violan el derecho consuetudinario y la Carta Magna.

En la causa Kelo la Corte fingió estar de acuerdo con la opinión del Juez Chase, pero sostuvo la expropiación de la propiedad de la Sra. Dery porque la misma promueve los “fines públicos” de la comunidad. La expropiación de su propiedad, de acuerdo con la Corte, supuestamente creará más empleos e incrementará la basa tributaria en la ciudad de New London.

La frase “fin público” no aparece en la Quinta Enmienda pero sí lo hacen las palabras “uso público.” Tal como el miembro de la Corte Clarence Thomas lo destacara al votar en disidencia, el texto de la Enmienda permite la incautación de la propiedad “solamente si el público posee un derecho a utilizarla” (Ej., los caminos públicos, los parques públicos, etcétera). La expropiación de la casa de la Sra. Dery para que particulares puedan erigir un edificio de oficinas o un hotel no es un uso público.

Además de violar la ley fundamental de la Constitución, el fallo recaído en el caso Kelo subvierte al sistema de intercambios voluntarios del mercado libre. Antes del caso Kelo, si por ejemplo, la Corporación X deseaba adquirir una parcela de tierra para edificar un hotel, la misma tenía que hacerle una oferta satisfactoria al propietario. Si las partes se ponían de acuerdo en el precio, una transacción voluntaria tenía lugar, en la cual ambas partes sentían que se beneficiaban. Bajo el caso Kelo, si el propietario no llega a un acuerdo respecto de los términos planteados por la Corporación X, entonces la Corporación X tiene la opción de persuadir al gobierno para que ejercite la facultad del dominio eminente. La Corporación X precisa tan solo alegar que su propuesto hotel implicará un uso más productivo de la propiedad.

El caso Kelo es un importante contratiempo para la santidad del derecho de propiedad. Al borrar la exigencia del “uso público” de la Quinta Enmienda, la Corte Suprema invita a los poderosos y a los vinculados políticamente a influir sobre el gobierno a fin de que les transfiera la propiedad privada. A los legítimos dueños se los deja sin remedio alguno. La propiedad es colocada en una posición precaria.

Traducido por Gabriel Gasave


William J. Watkins, Jr. Es Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California y autor del libro del Instituto, Reclaiming the American Revolution.



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