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Traición en la Corte Suprema
24/6/2005
Tibor R. Machan

Allá por el año 1840, se puso en boga un debate acerca de si los huelguistas debía ser castigados como saboteadotes económicos en virtud de que perjudicaban el comercio. Algunos sostenían que el poder de policía del gobierno autorizaba a prohibir las huelgas sobre la base de que el gobierno existe para mantener al comercio en movimiento y para prohibir los paros laborales. Esta es en efecto la teoría del gobierno monárquico en el cual el rey o la reina o el zar decidían cómo deben vivir los individuos y qué propósitos deben perseguir.

En esos albores de la república estadounidense, sin embargo, los tribunales finalmente afirmaron el principio de la libertad de asociación al invalidar el empleo del poder de policía siempre que dicho ejercicio implicase la violación de los derechos individuales. Los huelguistas, sostuvieron los tribunales, estaban ejerciendo su derecho a apartarse de sus empleadores—el derecho a la libre asociación—y éste primaba por sobre cualquier poder de policía paternalista que hubiese sido importado a la sociedad estadounidense desde el exterior, desde lugares en los cuales, por supuesto, los reyes y otros mandatarios supremos, no los individuos, eran considerados como quienes detentaban la soberanía. Este es aún uno de los motivos por el cual muchos individuos alrededor del mundo son considerados, estrictamente hablando, sujetos en vez de ciudadanos—la falta de soberanía, o de auto gobierno.

La Corte Suprema de los Estados Unidos actualmente se ha contradicho a si misma respecto de qué es más relevante en este país, si los derechos individuales o el poder estatal. En un fallo emitido con la votación favorable de 5 de sus integrantes contra 4 de ellos que lo hicieron en contra, de fecha 23 de junio y recaído en la causa Kelo vs. City of New London, la Corte sostuvo que la ciudad de New London, en el estado de Connecticut, tenía la autoridad legal para situar a su idea de desarrollo económico por encima de los derechos individuales de los ciudadanos, en este caso de su derecho de propiedad privada. Decidieron expandir el poder de policía del gobierno, en este caso su facultad de dominio eminente, más allá de lo que la Constitución de los EE.UU. especificaba en su Quinta Enmienda.

En esa Enmienda, la propiedad privada era considerada como encontrándose sujeta a las medidas atinentes al dominio eminente solamente allí donde el propósito de su apoderamiento era publico e incluso en esa circunstancia, los individuos tendrían que ser adecuadamente compensados por aquello que les era enajenado. Un uso público es aquel que sirve a los intereses de todos en la comunidad en relación con su ciudadanía. Como ciudadanos, todos necesitamos de estaciones de policía, de tribunales, de bases militares y de cosas por el estilo, dado que todo ello sirve al propósito de resguardar nuestros derechos básicos frente a aquellos que pudiesen violarlos. (Es decir, los propósitos públicos de los gobiernos son instituidos para protegernos a todos, tal como lo deja en claro la Declaración de la Independencia. La Constitución, en este caso, meramente lo que hizo fue codificar esta idea dentro del derecho del país.)

Pero la ciudad de New London, Connecticut, al igual que lo han hecho otras ciudades a través de los EE.UU., ha decidido violar el derecho de propiedad privada a efectos de promover la concepción del desarrollo económico de los funcionarios de la ciudad. (Por supuesto, que esta idea del “desarrollo económico” es tan extraña como lo es la meta de un funcionario de tener un orden político basado en los derechos individuales, dado que algo que puede ser un desarrollo económico para un individuo o para un grupo, al mismo tiempo puede no serlo para otros, dependiendo de quién se trate, cuáles sean sus metas en la vida, etc. Nociones colectivistas tales como la del “desarrollo económico de una ciudad” resultan incompatibles con las sociedades libres.) Los individuos cuyos derechos fueron violados, incoaron una demanda judicial que llegó hasta la Corte Suprema. Esperaban que este cuerpo demostrase lealtad tanto para con el espíritu como para con la letra de la tradición legal estadounidense, al seguir la línea del tribunal que falló en contra del poder de policía en el caso de los trabajadores huelguistas y en favor de los derechos individuales.

Lamentablemente, no fue así. Y ello en verdad no es una gran sorpresa, pese a sí ser, no obstante, una terrible decepción y una parodia de la justicia estadounidense. El fallo de 5 contra 4 sigue en gran medida los pasos de otros pronunciamientos recientes en los cuales los derechos individuales han sido pisoteados—el caso de la marihuana para uso medicinal, el caso que involucra la obligación de los agricultores de financiar servicios de propaganda publica en la cual ellos no creen, etc., etc.

Muchas personas que dicen profesar un amor por la libertad en verdad defienden esta decisión de la Corte basándose en que la Constitución de los Estados Unidos solamente debería ser utilizada para limitar las facultades del gobierno federal. Mediante esta línea de razonamiento, el gobierno de su ciudad, condado o estado podría ignorar por completo el Bill of Rights y así censurar películas, periódicos, y libros, establecer una iglesia gubernamental, y violar los derechos individuales, si solamente el gobierno federal tuviese prohibido hacer todo eso. Pero esta línea de razonamiento no funciona en un país que se supone vive en base a los principios de la Declaración de la Independencia, aquellos que afirman los derechos inalienables de cada ciudadano a, entre otras cosas, la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad.

Por lo tanto, en verdad, el fallo de la Corte es otro clavo en el ataúd de los derechos individuales en los Estados Unidos de América. Se suponía que la protección de los derechos individuales constituía el principal propósito público en este país. Actualmente, en cambio, los diversos y dispares propósitos de los grupos de presión que son atendidos por los distintos cuerpos políticos han copado el centro de la escena, y los derechos individuales se encuentran legalmente muertos.

Lo cual implica decir que pronto podremos decirle “adiós” a los bellos Estados Unidos, dado que es su santidad de los derechos individuales—no la del Gran Cañón, del edificio Empire State, de las películas de Hollywood o de las costas del Pacífico—la que hizo hermoso a este país.

Traducido por Gabriel Gasave


Tibor R. Machan, es Investigador Asociado en The Independent Institute y Profesor de Filosofía en la Chapman University. Para más información sobre el tema de esta columna, véase su libro, Private Rights and Public Illusions (The Independent Institute, 1995).



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