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Una reforma migratoria a la que ambas partes puedan apoyar
18/5/2005
Benjamin W. Powell
San Francisco Business Times, Phoenix Business Journal

Grupos de ciudadanos privados autodenominados “Minutemen” (vigilantes) se encuentran patrullando la frontera estadounidense con Méjico, procurando evitar que los inmigrantes ilegales ingresen al país. Mientras tanto, los agricultores y otros empresarios sostienen que precisan de la oferta de trabajo que los inmigrantes proporcionan. Ambas partes tienen algunas inquietudes legítimas. La buena noticia es que una adecuada reforma migratoria podría satisfacer a las preocupaciones válidas de los dos lados. La mala noticia es que las visas para trabajadores temporarios propuestas por Bush no lo harán.

Entre los reclamos habituales en contra de los inmigrantes, se encuentran los de que los mismos deprecian los salarios y les quitan empleos a los estadounidenses. Ambas afirmaciones son infundadas. Los economistas que estudian el impacto de la inmigración no han hallado evidencias contundentes de que una mayor oferta de trabajadores inmigrantes haga disminuir los salarios estadounidenses. Además, los inmigrantes no generan desempleo. El número total de puestos de trabajo en nuestra economía y el tamaño de nuestra fuerza laboral han permanecido muy próximos el uno con el otro durante los últimos 50 años, a pesar de cambios significativos acaecidos en las políticas de inmigración. Cuando tenemos más trabajadores, encontramos más trabajos para que los mismos realicen.

Pese a que existe poca evidencia de que perjudiquen a los trabajadores de los EE.UU., los inmigrantes proporcionan beneficios económicos. Las ganancias en general para la economía de los Estados Unidos, a causa de la inmigración actual, están estimadas en alrededor de los $20 mil millones (billones en inglés), incluso por parte de quienes critican a la inmigración. Algunas estimaciones son mucho más altas. De cualquier manera, el hecho de permitir que más inmigrantes ingresen a los Estados Unidos incrementará aún más estos beneficios.

En verdad, aún cuando la mayor parte del debate respecto de la inmigración se centra en los trabajadores poco capacitados, son los inmigrantes con mayores habilidades quienes enfrentan algunas de las restricciones más estrictas. No más de 65.000 visas H1-B por año son otorgadas a inmigrantes que poseen habilidades altamente deseables en el campo de la ciencia, la medicina, y la ingeniería. En el año 2005 este limite fue cubierto el primer día del año fiscal. Bill Gates, titular de la firma Microsoft, afirmó recientemente que la eliminación de los cupos sobre las visas H1-B haría más competitivos a los Estados Unidos y alentaría a su compañía a deslocalizar un número menor de puestos de trabajo.

No obstante los beneficios económicos de la inmigración, sus enemigos tienen un argumento válido: los cruces descontrolados de la frontera entre los Estados Unidos y Méjico han creado verdaderos problemas para los residentes locales. Los cruces ilegales por lo general lesionan la propiedad de los residentes locales y los inmigrantes dejan cúmulos de desperdicios a su paso. Los residentes deberían tener protegida su propiedad en virtud de que los derechos de propiedad privada incluyen al derecho de poder excluir a aquellas personas que el dueño no desea dentro de su propiedad: ya sean inmigrantes o nativos del lugar, da igual.

Sin embargo, la propiedad privada también implica un derecho a la libertad de asociación, una lección que deben aprender quienes son enemigos de la inmigración. La libertad de asociación significa que aquellos otros dueños de propiedad privada en los Estados Unidos, que desean invitar a un inmigrante para que ingrese a su propiedad a efectos de vivir o de trabajar en ella, deberían ser libres de poder hacerlo.

Bajo la política vigente, los derechos de propiedad privada y la libertad de asociación de ambos grupos—aquellos que le dan la bienvenida a los inmigrantes a su propiedad y aquellos que no lo hacen—son violados por la política gubernamental. La remoción de nuestras restricciones sobre la inmigración reforzaría los derechos de propiedad de los dos grupos.

Una política que permita inmigrantes en los Estados Unidos—si es que tienen un lugar en donde quedarse, un deseo de trabajar, y carecen de antecedentes delictivos serios—le otorgaría a los agricultores y a los empresarios que deseen contratarlos, la libertad de asociación a la cual tienen derecho. Simultáneamente, los cruces ilegales de la frontera que tanto enojan a los Minutemen, declinarían de manera dramática debido a que todos los inmigrantes serían permitidos a través de los puestos normales de control.

La circunstancia de permitir números mayores de inmigrantes en los Estados Unidos traerá seguramente otras preocupaciones. Los legisladores deberían reexaminar las reglas para el acceso al bienestar social y otras transferencias de pagos e incrementar posiblemente el tiempo de espera antes de que los inmigrantes puedan votar. Pero estas inquietudes no son algo intrínseco a la inmigración per se.

La propuesta de Bush de incrementar el número de visas temporarias que permitan trabajar en los EE.UU. por un plazo de tres años es un pequeño paso en la dirección correcta. Desdichadamente, la misma genera incentivos perversos al exigir que los trabajadores regresen a su lugar de origen tras el transcurso de esos tres años, y el efecto será demasiado pequeño para morigerar las preocupaciones de los antiinmigrantes Minutemen y de los empleadotes pro-inmigrantes que desean contratar a trabajadores extranjeros. La única política que es consistente con los derechos de propiedad privada y con la libertad de asociación, es aquella que permite la libre inmigración para todos aquellos que la deseen—en otras palabras, una inmigración abierta con la plena protección de los derechos de propiedad. Por suerte, una política así también trae beneficios económicos para los ciudadanos estadounidenses y es la más humana para los propios inmigrantes.

Traducido por Gabriel Gasave


Benjamin Powell, es Investigador Asociado en The Independent Institute, un centro de estudios sobre políticas públicas con sede en Oakland, California y Profesor de Economía en la Suffolk University.



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