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Los auténticos patriotas deberían preocuparse más por la libertad en el país
9/5/2005
Ivan Eland

El Presidente George W. Bush afirma estar propagando la libertad a través del mundo. Para él, la “libertad” parecería no ser más que un eslogan vacío de contenido y utilizado para guarnecer al nacionalismo estadounidense para sus propios propósitos. La libertad significaba mucho más para los fundadores de la república estadounidense. Ellos estarían aterrados ante la cruzada del presidente por imponer la democracia en el exterior y su resultante, pero innecesaria, erosión de las libertades dentro del país. Los intentos de Bush para renovar las cláusulas de la Ley Patriota que están próximas a expirar, las cuales fueron pensadas como una ampliación temporaria de las facultades policíacas del gobierno en la estela del 11/09, evidencian su superficial compromiso para con la libertad allí donde más se la necesita—aquí en en el país.

El Departamento de Estado del Presidente Bush se encuentra en la actualidad eliminado aquellas estadísticas que apoyan la conclusión de que su precipitada invasión del musulmán Irak ha incrementado de manera dramática el número de ataques terroristas significativos en el mundo. Cualquier futuro ataque terrorista vengativo en los Estados Unidos podría convertir a la renovación de la Ley Patriota, o a un régimen incluso más severo contra las libertades civiles, en un pato rengo.

Durante la sanción de la Ley, las burocracias del Poder Ejecutivo encargadas de mantener el orden, utilizaron a los ataques del 11/09 para aumentar ampliamente sus facultades de allanamiento y de vigilancia en investigaciones no relacionadas con el terrorismo. La Ley erosionó también a los frenos y contrapesos contenidos en la Constitución al limitar la tradicional revisión judicial de las ordenes de allanamiento del Poder Ejecutivo.

En la estela de la histeria post 11/09 que presionó al Congreso para exhibir progresos respecto de estar “haciendo algo” a fin de prevenir un futuro ataque, la legislatura se espantó y exigió especialmente cláusulas draconianas de la Ley que caducan a finales del año 2005. Sin embargo, la administración Bush “amante de la libertad” está de manera diligente presionando políticamente al Congreso para volver permanentes a esas cláusulas.

La provisión más perniciosa de la Ley Patriota que debe ser renovada es la de la sección 215. Originalmente, la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA como se la conoce en inglés) de 1978 establecía un tribunal secreto con el objeto de aprobar las ordenes de allanamiento de la rama ejecutiva del gobierno en las causas de espionaje y de terrorismo. El tribunal clandestino, a diferencia de otros tribunales, nunca le notifica a los individuos que el gobierno los estaba espiando, escucha solamente los argumentos del gobierno, y no publica información alguna acerca de sus actividades o respecto de las ordenes aprobadas o denegadas. Aparentemente, el tribunal de la FISA solamente ha rechazado unos pocos pedidos gubernamentales de dichas ordenes. El razonamiento detrás de la creación del tribunal clandestino fue el de que un estándar de evidencia más bajo debía aplicarse en las causas de espionaje. (Sin importar que los tribunales secretos en una república libre son, en el mejor de los casos, cuestionables y que la Cuarta Enmienda de la Constitución exige que las ordenes de allanamiento gubernamentales, sin excepción, sean emitidas solamente en función del elevado estándar legal de la causa probable de que ha sido cometido un delito.)

Antes de la Ley Patriota, el FBI tenía que suministrar “hechos específicos y articulables que dieran motivos para pensar que la persona a quien le pertenecían los antecedentes” era un espía o un terrorista y convencer al tribunal de la FISA para que emitiese la orden clandestina. A menos que se le permita caducar, la Ley Patriota faculta al FBI para obtener una orden de allanamiento secreta sin demostrar tales hechos y en su lugar, meramente exige que la agencia certifique que los antecedentes son requeridos para una investigación de terrorismo o de espionaje. Ante la certificación del FBI, el tribunal debe entonces emitir la orden, incluso si ninguna evidencia fuera proporcionada. En síntesis, esta provisión de la Ley Patriota elimina el control de la revisión judicial sobre el FBI.

De esta forma, el FBI puede investigar a cualquiera sin una “causa probable”—es decir, a ciudadanos no sospechados de delitos—y sin tener que demostrar que los archivos de los sujetos son relevantes para una investigación. En otras palabras, los estándares legales más bajos para la recolección de inteligencia del tribunal secreto, pueden ser aplicados actualmente a investigaciones criminales que no sean solamente aquellas relacionadas con el terrorismo o con el espionaje, socavando adicionalmente la garantía de la Constitución del estándar de una “causa probable” para las ordenes judiciales.

El Poder Ejecutivo está empleando su expandida autoridad investigativa entusiastamente. Según la Electronic Frontier Foundation, los registros gubernamentales muestran que el tribunal de la FISA está autorizando secretamente más vigilancia que todos los otros tribunales federales juntos. La sección 215 es solamente una de las muchas restricciones severas contra las libertades civiles contenidas en la Ley Patriota. Por ejemplo, otras provisiones de la ley—tal como intercepciones errantes de las telecomunicaciones y la jurisdicción nacional, en vez de la local, para los cateos en busca de evidencia electrónica—aparecen erosionando los requisitos de la Cuarta Enmienda, los que disponen que las ordenes de allanamiento deben describir específicamente a las personas, a los lugares, y a las cosas a ser allanadas. No solamente deberían ser puestas a descansar las provisiones de la Ley que se encuentran próximas a caducar, sino que el Congreso debería derogar a la ley en su totalidad.

La supuesta toma y daca entre las libertades civiles y la seguridad nacional es falsa. No existiría ninguna necesidad de dudosas usurpaciones de la libertad como la Ley Patriota, si los Estados Unidos evitasen crear e inflamar de manera innecesaria a grupos anti-estadounidenses en ultramar con su política exterior demasiado intervencionista. Una política más discreta en el exterior preservaría mejor tanto a la libertad como a la seguridad en el país.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Asociado Senior y Director del Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.



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