La inflación es la más alta en 40 años. Hay muchos culpables: el COVID-19, un aumento del 40% en la oferta monetaria, en gran parte para financiar el gasto del COVID, la guerra en Ucrania, las interrupciones en la oferta desde China y los cuellos de botella en el suministro debido a una regulación inadecuada del transporte marítimo y por camiones.

El Congreso no puede cambiar estos factores. Pero puede ayudarnos a todos a capear la inflación, ya sea en el corto o en el largo plazo. He aquí cómo.

Ajustar completamente por inflación el impuesto federal sobre la renta. Los tramos del impuesto federal sobre la renta ya están indexados, lo que aleja de los tramos más altos a los trabajadores dado que sus salarios siguen el ritmo de los precios. Pero hay secciones importantes del código tributario que no lo están. Por ejemplo, las ganancias de capital. Cuando la inflación hace subir el precio de las acciones, los bonos, los bienes inmuebles y otras propiedades, la gente tributa por las "ganancias", aunque no hayan experimentado ningún incremento en sus ingresos reales. Lo mismo ocurre con los que se dedican a recortar cupones. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estándar (nominales), de los bonos corporativos, de las cuentas de ahorro, etc., aumentan con la inflación para compensar a los prestamistas por ser reembolsados en dólares diluidos. Pero el rendimiento extra -debido únicamente a la inflación- está sujeto a impuestos.

Al menos, indexar la tributación de las prestaciones de la Seguridad Social. Las personas mayores son especialmente vulnerables a la inflación. Muchas viven en gran medida con ingresos fijos. Otras, como se ha indicado, están siendo gravadas por ilusorias ganancias de capital o ingresos por intereses. Y la gran mayoría corre el riesgo de una mayor tributación de las prestaciones de la Seguridad Social inducida por la inflación.

En 1983, el Congreso comenzó a gravar las prestaciones de la Seguridad Social para mejorar la salud financiera del sistema en el largo plazo. Por encima de un determinado nivel de ingresos, las prestaciones que reciben las personas mayores son gravadas con 50 centavos extras cada vez que reciben un dólar adicional de ingresos. Es decir, cuando ganan 1 dólar más, tributan por 1,50 dólares. Por lo tanto, cuando las personas mayores venden una acción, reciben ingresos por intereses o dividendos, o retiran fondos de una cuenta IRA, su tasa impositiva puede ser un 50% más alta que la de los jóvenes con iguales ingresos. A partir de un nivel de ingresos algo más alto, el Servicio de Rentas Internas (IRS) comienza a gravar el 85% de los beneficios. En ese momento, los mayores se enfrentan a un tasa impositiva marginal que es un 85 por ciento superior a la de los jóvenes con los mismos ingresos.

Originalmente, sólo un pequeño porcentaje de personas mayores se encontraba afectada por este tributo. Pero los políticos dejaron sin indexar los umbrales de ingresos a partir de los cuales el primer 50% y luego el 85% de nuestros beneficios de la Seguridad Social pasan a ser imponibles. Esto dejó a la inflación en libertad, sin ningún acto del Congreso, para incrementar más y más los ingresos nominales de los jubilados por encima de los umbrales, haciendo que una parte mayor de sus beneficios estén sujetos al impuesto sobre la renta.

En la actualidad, el 56% de los beneficiarios de la Seguridad Social pagan impuestos sobre sus prestaciones. Cada punto porcentual de inflación aumenta esta participación. Si no se indexan los umbrales, todos los beneficiarios por igual, ricos, de clase media y pobres, acabarán tributando por el 85% de sus beneficios.

Gravar sólo el rendimiento real de los bonos del Tesoro indexados por inflación. Según la ley actual, personas de todas las edades pueden adquirir bonos TIPS (Treasury Inflation Protected Securities o Títulos del Tesoro protegidos contra la inflación), activos financieros que les protegen de la inflación. Lamentablemente, estos valores no protegen a los inversores de la ley tributaria. Repito, en periodos de alta inflación, los inversores obtienen mayores rendimientos, pero se ven obligados a pagar impuestos sobre esta "renta" fantasma. Eso significa que invertir en TIPS es una terrible jugada fiscal si la inflación sigue siendo alta, ya que cada centavo de los ingresos de protección contra la inflación será gravado. Esto ayuda a explicar por qué los rendimientos reales de los TIPS (el rendimiento al margen de cualquier protección contra la inflación) han subido, en lugar de bajar, a medida que la inflación ha aumentado, para compensar a los compradores de TIPS por enfrentarse a un impuesto efectivo más alto sobre el rendimiento real del título.

Que el Tesoro emita bonos I que funcionen como rentas vitalicias indexadas por inflación. Los Bonos I de la Cohorte Sobreviviente pagarían un rendimiento real indexado por inflación fijado por el Tesoro. La cantidad que se podría adquirir anualmente sería de hasta, digamos, 25.000 dólares por persona. La rentabilidad, que se empezaría a percibir a los 65 años, sería mayor que la de los Bonos I estándar porque sólo se cobraría si se está vivo. La rentabilidad fijada para los Bonos I de la Cohorte Sobreviviente recién emitidos dependería de las probabilidades de supervivencia de su cohorte de nacimiento. Los Bonos I de la Cohorte Sobreviviente establecerían un mercado financiero de importancia crítica del que carecemos: el de las rentas vitalicias indexadas por inflación.

Eliminar la prueba de ingresos de la Seguridad Social. Más de una de cada tres personas de 54 a 65 años no participa en el mercado laboral. Para los que tienen entre 62 y 67 años (las edades en las puedes percibir las prestaciones de la jubilación anticipada) la fracción que trabaja es sólo el 40%. Cuando llegó el COVID, muchos mayores se sumaron a la "Gran Jubilación" y cobraron de la Seguridad Social de manera anticipada. Ahora, si vuelven a trabajar y ganan más de 19.660 dólares, perderán 50 centavos de sus beneficios por cada dólar que perciban. (El impuesto es del 33% por encima de los 51.960 dólares en el año calendario en el que alcancen la edad jubilatoria plena). Cuando a esta "prueba de ingresos" se la combina con el impuesto sobre los beneficios de la Seguridad Social y los impuestos ordinarios sobre la renta y la nómina, los trabajadores de edad avanzada pueden enfrentarse a tasas impositivas marginales astronómicamente altas, incluso superiores al 90%.

Irónicamente, la Seguridad Social eventualmente reembolsa a la mayoría de los jubilados la pérdida en concepto de prestaciones debida a la prueba de ingresos a través de su arcaica disposición de Ajuste del Factor de Reducción (ARF es su sigla en inglés). El reembolso se produce bajo la forma de un nivel de prestaciones permanentemente superior a partir de la edad de jubilatoria plena. En otras palabras, el gobierno te grava hoy y luego te devuelve gradualmente el dinero después de que alcances la plena edad de jubilación.

La prueba de ingresos seguramente está llevando a millones de jubilados anticipados a jubilarse de manera permanente porque creen que están siendo gravados hasta la muerte dado que no tienen ni idea de la aplicación del ARF. La eliminación de la prueba de ingresos le haría claramente ganar dinero al gobierno. Los mayores ingresos de los jubilados estarían sujetos tanto a la imposición federal sobre la renta como a la FICA (Federal Insurance Contributions Act o Ley de la Contribución Federal al Seguro Social).

Eliminar el impuesto sobre la nómina salarial de la Seguridad Social (FICA) para todos los que superen la edad de jubilación plena. ¿Por qué el gobierno está recaudando un impuesto sobre la nómina salarial del 12,4 por ciento de personas que, en general, tienen poco que ganar en prestaciones más altas por pagar más impuestos FICA de la Seguridad Social? Esta reforma probablemente se amortizaría con creces en la forma de mayores impuestos federales sobre la renta.

Estas reformas son importantes incluso con una inflación moderada. Con la altísima inflación actual, pueden ser un salvavidas para muchos.

Traducido por Gabriel Gasave


Laurence J. Kotlikoff es Profesor de Economía en la Boston University y coautor de The Clash of Generations (The MIT Press, 2012).
John C. Goodman es Asociado Senior en el Independent Institute y presidente del Goodman Institute for Public Policy Research.