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La ONU, cómplice de esterilizaciones forzadas
23/12/2002
Wendy McElroy

Existe una concluyente evidencia de que las Naciones Unidas colaboraron en la esterilización forzada de mujeres pobres en áreas rurales del Perú entre 1995 y 1997. Pero el fango del escándalo está pegándosele solamente a los Estados Unidos.

Mientras la ONU continúa posando como la conciencia y el perro guardián del mundo, los EE.UU. están siendo maltratados por asumir la posición correcta: es decir, la de reducir su papel en emprendimientos globales de planificación familiar.

La controversia surge en derredor del Programa Nacional para la Planificación Familiar del Perú, el cual recibió financiamiento tanto por parte del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas (UNFPA sus siglas en inglés) como de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU.. El Programa incluía una campaña intitulada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria—es decir, la esterilización. Entre unas estimadas 100,000 a 300,000 personas, en su mayoría mujeres, fueron esterilizadas.

Algunos trabajadores peruanos de la salud, según se informa, recibieron bonificaciones que variaban entre los $4 y los $12 por cada mujer a la que “persuadiesen” de efectuarse una ligazón de las trompas. Los médicos y los hospitales fueron presionados para cumplir con sus cuotas de esterilización. No sorprende que abunden los informes y testimonios de esterilizaciones forzadas.

Felipa Cusi acudió a una clínica rural debido a que se encontraba padeciendo los síntomas de la gripe. Tras ser anestesiada, fue esterilizada sin su conocimiento. Algunas mujeres fallecieron como resultado de dicha cirugía. Magna Morales fue secuestrada por trabajadores de la salud y esterilizada en una cínica improvisada. Sin un seguimiento de cuidado medico, murió 10 días más tarde.

El 11 de enero de 1998, el Miami Herald introdujo la historia de Magna Morales a sus lectores y acusó al gobierno peruano, entonces bajo el mando del Presidente Alberto Fujimori, de esterilizaciones forzadas. En febrero, tanto el New York Times como el Washington Post publicaron artículos reiterando los cargos.

Ese mismo mes, Grover Joseph Rees, Director de Personal del Subcomité sobre Operaciones Internacionales y Derechos humanos de la Cámara de Representantes de los EE.UU., emitió un informe personal de su visita al Perú. Rees confirmó la presencia de la esterilización forzada.

Su informe recomendaba que los EE.UU. descontinuaran su financiamiento de los programas de planificación familiar del Perú y se desasociaran de los mismos. Rees fue más lejos al advertir en contra de expresar apoyo a una campaña de anuncios que alentaba a los peruanos a tener familias pequeñas. Estaba preocupado de que dicho apoyo pudiese ser malinterpretado como un endoso de las políticas de esterilización.

Resumiendo, aunque los EE.UU. deben asumir su responsabilidad por el financiamiento de las políticas del Perú, los mismos merecen también crédito por investigar la parodia y por intentar actuar responsablemente. Para su vergenza, Clinton continuó financiando al UNFPA a pesar de las historias de esterilizaciones forzadas provenientes del Perú y de los abortos obligados que surgían de China.

A diferencia de los EE.UU., la ONU no ha evidenciado decencia alguna ni asumido ninguna responsabilidad. Un informe de prensa del 26 de julio captura la respuesta de la agencia. La misma niega todos los cargos y sostiene que las alegaciones están “siendo diseminadas a través de los medios por el PRI [Population Research Institute], un grupo marginal; que se involucra en una campaña contra el UNFPA en la búsqueda de su oposición ideológica a la planificación familiar.”

Es difícil rechazar similarmente a Héctor Chávez Chuchon con un ataque personalizado. El parlamentario y médico peruano le dijo a un subcomité que investiga las esterilizaciones forzadas: “Las Naciones Unidas estaban al tanto de esta política; personal [de la ONU] trabajaba en el ministerio de salud.”

En un informe de junio de 2002 intitulado “La Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” el Congreso peruano agregó que, a comienzos de los años 90, “el Programa Nacional Poblacional [de Fujimori] estableció estrategias demográficas y métodos explícitamente restrictivos y controladores; en esta línea, el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, conocido por su apoyo al control poblacional en los países en desarrollo, se hizo cargo. Para ese fin, el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas actuó como un Secretario Técnico, trabajando en coordinación con el Consejo Nacional de Población.”

El informe concluye que el “UNFPA incrementó su apoyo e incluso su participación en la tarea durante el gobierno del ex-presidente Alberto Fujimori, especialmente en el período 1995-2000.”

Abubakar Dungus, un vocero del UNFPA, afirma que la ONU no “aprendió” de la esterilización involuntaria hasta “fines de 1997” aún cuando informes del abuso habían estado circulando en los círculos internacionales y de los derechos humanos desde hacía mucho tiempo atrás. Tras escuchar el testimonio agonizante de las mujeres brutalizadas, la ONU supuestamente le expresó “preocupación” al Ministro de Salud peruano. A diferencia de los EE.UU., el Organismo no condujo investigación pública alguna.

La administración Bush se encuentra tanto política como moralmente acertada al retirarse del UNFPA y de sus hipócritas y corruptas políticas. No obstante, Bush está siendo excoriado por retirar recientemente $34 millones de la agencia. La causa próxima fue la preocupación de la administración por la complicidad de la ONU en la política de un solo hijo de China, bajo la cual las mujeres han sido obligadas a abortar. En la actualidad otras naciones están avanzando con relatos de las atrocidades cometidas con la complicidad de la ONU.

En las conferencias internacionales, los EE.UU. están siendo maldecidos por su renuencia a derramar la sangre de las mujeres en nombre de la salud reproductiva. Una reciente conferencia de las naciones del Asia-Pacífico fustigó a los EE.UU. por negarse a acordar el financiamiento de sus metas reproductivas. Un nuevo informe declaraba, “el texto del plan de acción [reproducción / familiar] resultado directo de la Quinta Conferencia Poblacional del Asia Pacífico reveló el amplio abismo entre los gobiernos de esta región y Washington: Más 40 países excepto los Estados Unidos han acordado endosar el plan.”

Aquellos “más de 40 países” están equivocados. Están buscando la clase de control burocrático sobre los cuerpos de las mujeres que condujeron a la muerte de Magna Morales, quien fuera asesinada porque deseaba tener hijos.

Los Estados Unidos no deben participar en la planificación familiar de otras naciones.

Traducido por Gabriel Gasave


Wendy McElroy es Investigadora Asociada en the Independent Institute y directora de los libros del Instituto, Freedom, Feminism and the State y Liberty for Women: Freedom and Feminism in the Twenty-first Century.




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