California ha sido considerada durante mucho tiempo el barómetro de los Estados Unidos: Lo que allí acontece suele extenderse por todo el país.

Por tal motivo, una propuesta reciente para que una semana laboral de cuatro días sea la norma en todos los ámbitos laborales de California que empleen a 500 o más trabajadores merece un cuidadoso examen. Aunque ha sido descartada por ahora, los patrocinadores de la medida prometen volver a presentar el proyecto de ley. Los empresarios y los trabajadores -y no sólo los de California- deberían esperar que fracasen.

El proyecto de Ley 2932 de la Asamblea, similar a la legislación federal patrocinada por el diputado demócrata de California Mark Takano, hubiese limitado la semana laboral en las grandes empresas a 32 horas, exigiendo al mismo tiempo a las compañías abonar a los trabajadores lo que éstos venían ganando por 40 horas de trabajo (o lo que fuera su antigua semana laboral).

Quien trabaje más de esas 32 horas semanales tendría que percibir un 50 por ciento más que su paga habitual por cada hora "extra"*. Si la legislación hubiese sido aprobada, más de 2.600 empresas y unos 3,6 millones de trabajadores se habrían visto afectados.

Si 40 horas de pago por 32 horas de trabajo suena como una ganga genial, lo habría sido: especialmente para aquellos trabajadores que habían estado esperando que sus empresas se fueran de California, como cientos de otras firmas lo han hecho en los últimos años. También habría sido un gran negocio para Arizona, Nevada, Texas, Utah y otros estados que han recibido a esas empresas que huyen.

No hace falta ser economista para predecir las probables consecuencias de una ley de este tipo. Obligar a trabajar menos horas por el mismo salario aumentaría significativamente el costo de la mano de obra en un momento en el que los empleadores están lidiando por cubrir las vacantes que tienen. De hecho, según estadísticas recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales, a finales de marzo había unos 11,5 millones de puestos de trabajo vacantes en todo el país.

Claramente, si el proyecto se hubiese convertido en ley de California, las empresas afectadas habrían tenido un fuerte incentivo para trasladar los puestos de trabajo a otro lugar. Las firmas pequeñas, especialmente las que se encuentran en fase de crecimiento, habrían tenido un incentivo para comenzar a mudarse antes de alcanzar el umbral de los 500 empleados.

Mudarse, por supuesto, implica una molestia, y es costoso. Pero las empresas, que suelen tener horizontes de planificación a más largo plazo que el "mañana", lo hacen continuamente. Y numerosas empresas, como Tesla, Hewlett-Packard y Oracle, ya han abandonado California en los últimos años. Los movimientos de población reflejan esta tendencia, ya que la "inmigración" interestatal hacia California ha descendido un 38% y la "emigración" ha aumentado un 12% desde el inicio de las restricciones por el COVID-19 de California en 2020.

La asambleísta de California Cristina García, copatrocinadora de la propuesta, aparentemente aprendió la lección equivocada de la pandemia, explicando que el proyecto de ley "fue impulsado en parte por el éxodo de empleados durante la pandemia de COVID-19, muchos de los cuales buscaban una mejor calidad de vida". Si bien es cierto que la gente anhela una mejor calidad de vida, la mayoría de los que han estado abandonando estados restringidos por el COVID y con altos impuestos como California no se han ido a otros estados con altos impuestos y cerrados como Illinois y Nueva York; se han estado yendo a estados con impuestos más bajos y menos restrictivos como Texas y Florida. La legislación propuesta habría acelerado este proceso.

Los economistas hace tiempo que entendimos como las alternativas y la competencia -lo que solemos llamar las "fuerzas del mercado"- regulan las compensaciones entre los ingresos, las condiciones laborales y la calidad de vida. Si todo lo demás permanece igual, las personas eligen empleos con una combinación de remuneración y condiciones laborales, las cuales actualmente incluyen más flexibilidad que nunca (un cambio positivo provocado por el COVID), que mejor se adapte a sus preferencias.

La Sra. García se queja: "Tenemos una semana laboral de cinco días desde la Revolución Industrial". De lo que no se da cuenta es de que la semana laboral de 40 horas ya es una especie de anacronismo, ya que la media de horas trabajadas a la semana en los Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable en torno a las 34,5 durante los últimos 15 años, frente a las 39,8 horas de 1980.

Las fuerzas del mercado, concretamente el crecimiento económico y el aumento de la productividad y los salarios, son las principales razones de la reducción de la semana laboral. El gobierno ha seguido esta tendencia, no la ha liderado.

El adecuado equilibrio entre la vida laboral y la personal lo decide mejor cada individuo cuando elige su carrera y sus empleadores. El proyecto de ley 2932 de la Asamblea hubiese impuesto un mandato único a miles de empresas y millones de trabajadores de California. Mientras que algunos podrían haber disfrutado de semanas de trabajo más cortas como resultado, otros habrían visto desaparecer sus puestos de trabajo.

Los promotores de la propuesta no se han rendido. Lo volverán a intentar, quizá con más éxito la próxima vez. Pero como dicen a veces mis colegas de Lubbock, Texas: Lo que es malo para California suele ser bueno para Texas. El proyecto de ley 2932 de "Suicidio Laboral" de California, habría sido otro ejemplo de ello.

*Nota del traductor: Si alguien cobraba normalmente 15 dólares la hora, pasaría a percibir 22,50 dólares por cada hora que supere las 32 semanales.

Traducido por Gabriel Gasave


Benjamin Powell, es Asociado Senior en el Independent Institute y Director del Free Market Institute de la Texas Tech University