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Desde las guerras oportunas hasta el clientelismo político permanente
1/10/2004
Robert Higgs

Cuando el gobierno de los Estados Unidos movilizó a la economía para apoyar su participación en la Segunda Guerra Mundial, intervino de muchas maneras en el mercado. No obstante, los mercados privados de capitales siguieron operando. Pero los mismos no siempre funcionaban como lo deseaba el gobierno. Algunas empresas a las que el gobierno consideraba esenciales para su programa de movilización—especialmente la industria maderera, la del carbón, los servicios públicos, y ciertos tipos de manufacturas—se veían imposibilitadas de vender sus bonos o de obtener préstamos de instituciones financieras privadas. El problema, como muchos otros, era de la propia factura del gobierno: el endeudamiento masivo del gobierno había “desplazado” a los tomadores de créditos particulares.

Para remediar el problema, el Secretario del Tesoro William Gibbs McAdoo recomendó la creación de una agencia gubernamental de préstamos a efectos de cubrir las brechas abiertas por la absorción por parte del Tesoro de fondos prestables. El Congreso respondió en abril de 1918 creando la War Finance Corporation (WFC son las siglas en inglés para la Corporación de Finanzas de Guerra), dotándola de un stock de capital de $500 millones y de la autoridad para prestar unos $3 mil millones mediante la emisión de bonos.

Con Eugene Meyer, Jr., un rico y ambicioso capitalista, como su director administrativo, la WFC inició sus actividades como “una misión de rescate para las industrias esenciales desbaratadas por la guerra.” En los seis meses que la misma operó durante el conflicto bélico, les prestó unos $71 millones a las firmas productoras de artículos de consumo y a las instituciones financieras que efectuaban préstamos aprobados por el gobierno. La misma también asumió de la firma J. P. Morgan and Company la gran tarea de estabilizar al mercado para los bonos gubernamentales.1

Cuando la guerra terminó, la WFC rehusó morir, sin importar la evaporación de su justificación original. Así que embarazada con la utilidad política se encontraba esta misión de rescate financiero para todo propósito, la que estaba destinada a ser revivida (eventualmente bajo nuevos nombres) una y otra vez.

El primer volver a vivir ocurrió casi de inmediato. Con el cese de los préstamos del gobierno estadounidense a los aliados tras el armisticio, los países europeos no podían financiar una continua importación a gran escala de los artículos de consumo estadounidenses. Los exportadores en los EE.UU. observaron la situación con un comprensible horror. Para prevenir “la confusión y la desesperación a ambos lados del Atlántico,” Meyer propuso usar a la WFC para financiar las exportaciones estadounidenses, y en marzo de 1919 impulsó a través del Congreso una ley para autorizar el gasto de mil millones con este propósito. Cuando esa ley expiró en marzo de 1920, él renunció a la WFC.2

No obstante, no permaneció lejos por mucho tiempo. Apoyado por banqueros, empresarios, y periodistas preocupados por los crecientes problemas en la economía agrícola, a finales de 1920 Meyer le rogó al Congreso revivir la WFC, y lo hizo pronto, anulando el veto del presidente y dirigiendo al secretario del tesoro para que reanude los fondos de la WFC para que la misma otorgase préstamos a efectos de financiar las exportaciones. Meyer regresó como el director administrativo de la renovada agencia en marzo de 1921. A fines de ese año, la Ley de los Créditos a la Agricultura transformó oficialmente a la WFC en “una misión de rescate para los agricultores afligidos de la nación.” En esta fase, la cual duró hasta enero de 1925, la WFC prestó unos $300 millones a las cooperativas agrícolas y a los bancos rurales.3

A medida que la Gran Depresión empeoraba a comienzos de los años 30, los fracasos empresariales crecían, y muchos bancos y otras instituciones financieras quebraron. El clamor por los salvatajes financieros gubernamentales crecía, y Eugene Meyer hizo de porrista alentando otra resucitación de la WFC, empleando sus muchos contactos y sus habilidades como manipulador político para promover la propuesta. Bajo esas circunstancias, la misma no era difícil de vender, y en enero de 1932 el Presidente Herbert Hoover promulgó una ley “para proporcionar facilidades financieras de emergencia a las instituciones financieras . . . [y] para asistirlas a financiar la agricultura, el comercio, y la industria” mediante la Reconstruction Finance Corporation (RFC son siglas en inglés para la Corporación de Reconstrucción de las Finanzas), una agencia básicamente diseñada en base a la WFC.4 Naturalmente, Meyer se convirtió en el presidente de la junta de directores de la nueva agencia.

El Congreso proveyó a la RFC con $500 millones del Tesoro y la autorizó a endeudarse por otros $1.500 millones cifra que aumentó a 3.300 millones seis meses más tarde. La RFC extendió préstamos a intermediarios financieros, ferrocarriles, y gobiernos estaduales, así como también (vía la secretaría de agricultura) a los granjeros. Sin embargo, como lo destaca el biógrafo de Meyer, a mediados de 1932 “había un sentimiento creciente en el Capitolio para convertir a la RFC en una especie de agencia para el alivio general,”5 y eso es precisamente en lo que la misma rápidamente se convirtió.

Cincuenta Mil Millones

Jesse H. Jones, el operador político de Texas que se convirtiera en presidente de la RFC en mayo de 1933 y permaneciera en el cargo hasta marzo de 1945, observaba que la RFC “creció hasta ser la mayor corporación de los Estados Unidos y la organización bancaria más grande y más variada del mundo.”6 Sus memorias, intituladas Fifty Billion Dollars, hacen el recuento de una plétora de rescates financieros para bancos, agricultores, ferrocarriles, ciudades y estados, compañías de seguros, edificios y asociaciones de prestamos, exportadores, y muchos otros. Todo esa inescrupulosidad financiera tuvo lugar, no obstante, antes de que la agencia alcanzara dimensiones verdaderamente monstruosas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la misma financiaba el acopio de materias primas, la construcción y el equipamiento de plantas para la defensa, la edificación de viviendas para los trabajadores de las plantas bélicas, y muchos otros proyectos. Jones no estaba tan solo soplando y resoplando: $50 mil millones era una enorme suma de dinero para repartir. No sorprende en absoluto que fuera ampliamente reconocido como el segundo hombre más poderoso en el gobierno.7

Tampoco llama la atención que todo ese botín atrajese barcadas de maquinadores políticos. Las acusaciones de favoritismo político se arremolinaron alrrededor de la RFC desde sus comienzos y se tornaron especialmente desagradables durante la administración Truman. “En 1949, la Comisión Hoover sobre la reorganización del gobierno apoyó poner fin a los préstamos directos por parte del gobierno, debido a que ello invita a la presión política y privada o incluso a la corrupción,” y cuando los Republicanos se apoderaron de la presidencia y del Congreso en 1952, se movieron rápidamente para abolir a la RFC. No deseando aparecer como “el partido de las grandes empresas,” sin embargo, llegaron a un acuerdo en 1953 por el cual la eliminación de la RFC estuvo ligada a la creación de la Small Business Administration (SBA son las siglas en inglés para la Administración de la Pequeña Empresa).8 Desde entonces, la SBA ha estado despilfarrando los dólares de los contribuyentes.

Notas

1. William Gibbs McAdoo, Crowded Years: The Reminiscences of William G. McAdoo (Boston: Houghton Mifflin, 1931), pág. 440–42; Merlo J. Pusey, Eugene Meyer (New York: Knopf, 1974), pág. 157–63 (cita de la p. 163).

2. Pusey, pág. 164–70 (cita de la p. 164).

3. Ibid., pág. 171–84 (cita de la p. 178).

4. 47 U.S. Stat 5–12, en p. 5 (para una clara conexión estatutaria con la WFC, véase la Sección 6, en la p. 8).

5. Pusey, p. 225.

6. Jesse H. Jones, Fifty Billion Dollars: My Thirteen Years with the RFC (1932–1945) (New York: Macmillan, 1951), p. 3.

7. “The War Goes to Mr. Jesse Jones,” Fortune, diciembre 1941, p. 91.

8. Jonathan J. Bean, Big Government and Affirmative Action: The Scandalous History of the Small Business Administration (Lexington: University Press of Kentucky, 2001), pág. 8–9 (cita de la p. 8).

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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