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Los beneficios y los costos de las guerras del gobierno estadounidense
7/10/2004
Robert Higgs

En 1795, James Madison observaba que “de todos lo enemigos de la libertad pública, la guerra es, quizás, al que más debe temérsele, debido a que la misma contiene y desarrolla el germen de cualquier otro. . . . Ninguna nación podrá preservar su libertad en medio de la guerra continua.” La experiencia de los últimos dos siglos ha confirmado la perenne validez de la observación de Madison. Aparte de todos los sacrificios en vidas, libertades, y fortunas que las guerras han ocasionado de manera directa, las mismas han servido también como las ocasiones primordiales para el crecimiento del estado central, y por lo tanto, en los Estados Unidos, han fomentado en el largo plazo la disminución de las libertades civiles y económicas y la progresiva subversión de la sociedad civil.

Todo gobierno reconoce que la fuerza por sí sola es un medio ineficaz para sostener su posición. En el margen, el engaño puede ser reemplazado de forma efectiva por el uso de la fuerza, especialmente en los llamados sistemas democráticos, en los cuales mucha gente común han abrazado la fábula de que ellos mismos “son” el gobierno porque concurren a votar de vez en cuando. Por consiguiente, todo gobierno procura facilitar su retención del poder persuadiendo a la gente de que actúa solamente en el interés de ellos. Un gobierno que va a la guerra le promete a su pueblo que lo está haciendo solamente en defensa de su seguridad y libertad. “Sin embargo,” como lo ha destacado Bruce Porter, “habiendo soportado la carga del estado durante quinientos años, encontramos que el mismo rara vez cumplió sus promesas gemelas de seguridad y libertad.”

En verdad, esta fascinante aseveración del gobierno es casi siempre falsa. En cuestiones de hacer la guerra, como en cualquier aspecto del ejercicio de su poder, los gobiernos actúan en el interés de sus propios líderes, con tantas concesiones como sean necesarias a fin de conservar el apoyo de la coalición de los grupos de intereses especiales que los mantienen en el poder. Los libertarios, de entre el resto, comprenden que “la guerra es la salud del estado,” empleando la ahora trillada frase de Randolph Bourne. Esta afirmación no implica pronunciamiento ideológico extremista alguno; se encuentra tan bien establecida como cualquier otra regularidad histórica pueda estarlo. Libros enteros, tales como el de Bruce D. Porte War and the Rise of the State (1994) y los míos Crisis and Leviathan (1987) y Against Leviathan (2004), la han documentado con agudísimo detalle.

Concientes de esta realidad, los libertarios instintivamente se resisten a cualquier afirmación de que la guerra promoverá tanto la libertad como la seguridad; ellos no esperan que la naturaleza, desconociendo lo que casi siempre ha ocurrido antes, cambie su curso en ésta ocasión en particular. Mientras que muchas otras personas pueden ser persuadidas de que los riesgos que la guerra implica para sus propias vidas, libertades, y derechos de propiedad se encuentran justificados – sacrificios necesarios y tan solo temporarios al servicio de su propia seguridad y libertad en el largo plazo – los libertarios comprenden que aquellos que abrazan esta lógica están haciendo una apuesta con muy pocas posibilidades.

En los Estados Unidos, el gobierno ha estado en guerra, más o menos, desde 1940, lo cual equivale a decir, empleando la frase de Madison, involucrado en la “guerra continua” o en una intensiva preparación para la misma. ¿Puede alguien sostener con seriedad que en la actualidad somos más libres o que nos encontramos más seguros que antes de que el santo Franklin D. Roosevelt y sus descendientes espirituales tomaran el comando de la nave del estado y la condujeran hacia al tormenta de la guerra perpetua? El gobierno estadounidense, que alguna vez limitaba sus aventuras en el exterior a intervenciones ad hoc, la mayoría de ellas en pequeños países caribeños y centroamericanos, ha actuado siempre desde la Segunda Guerra Mundial como un imperio de alcance global, proyectando el poder militar y político de los EE.UU. aquí, allá, y en todas partes con temeraria despreocupación por una conexión razonable entre el costo y el beneficio en términos generales. (¿Por qué deberían de preocuparse los gobernantes, puede usted preguntarse, cuando ellos mismos — y, como siempre, sus compinches que los apoyan — cosechan cualquier beneficio que resulta generado, mientras que los costos de las intervenciones toman la forma de sacrificios para la vida, la libertad o los derechos de propiedad de otras personas?)

En no menor medida, entre estos sacrificios se ha encontrado el de la vieja estructura constitucional – el gobierno de los controles recíprocos que alguna vez ayudaron a evitar que los gobernantes emprendieran aventuras en el exterior y suprimieran las libertades internas a su antojo. Debido a la serie de emergencias militares calientes y frías desde 1940, el presidente se ha vuelto, para todos los propósitos prácticos, un César. Él va hoy día a la guerra a su entera discrecionalidad. Después de todo, como su vocero lo reitera incansablemente, él es el comandante en jefe de las fuerzas armadas (como si esta circunstancia simplemente anulara al resto de la Constitución).

El Congreso se ha tornado tan pusilánime que no ofrece control alguno sobre el hacer la guerra por parte de presidente. Al “autorizar” al presidente para atacar Irak o no, absolutamente según su capricho, el Congreso no solamente abrogó su claro deber constitucional, sino que lo hizo con un desprecio grotescamente arrogante por la gravedad de la cuestión en juego. No solo ni siquiera se molestó en debatir la cuestión, sino que simplemente le cedió sus facultades al ejecutivo y retornó al pillaje cotidiano que perdura como su única raison d’etre. El presidente y sus principales subordinados siguen diciéndonos que “estamos en guerra,” pero es solamente una muletilla para propósitos de relaciones publicas, cuando la exigencia constitucional de una declaración de guerra por parte del Congreso ha sido incumplida. La misma no provoca sin embargo una gran protesta pública, dado lo tan condicionado que se ha vuelto el pueblo a esta forma de usurpación por parte del poder ejecutivo.

Al daño de todas las atenuaciones pasadas de nuestros derechos bajo la Constitución, el gobierno le ha añadido ahora el insulto de despedazar a la Cuarta, Quinta y Sexta Enmiendas. Nuestros gobernantes declaran que mediante nada más sustancial que la voluntad del emperador, cualquier persona puede ser arrestada y mantenida incomunicada sin juicio, y luego castigada, incluso con la muerte. Dígale a dios a la garantía del Habeas Corpus, el verdadero basamento del gobierno limitado. ¿Juicios expeditivos? Olvídese de ello. El gobierno precisa tan sólo susurrar esas dos palabras mágicas, “combatiente ilegal,” y usted puede convertirse en un desaparecido como cualquier desafortunada víctima de la dictadura argentina. Seguramente esta clase de “defensa de nuestra libertad” cae bajo la rúbrica de destruir al vecindario a fin de salvarlo. Y en cuanto al debido proceso legal, el mismo es algo obsoleto. ¿Su derecho a estar a salvo “contra allanamientos y confiscaciones no razonables”? Esa es también historia antigua, fuera de moda desde el 11 de septiembre de 2001, cuando, insiste el gobierno, “todo cambió,” incluido su derecho a ser libre de allanamientos de sus propiedades, barridos carnívoros de su correo electrónico y escuchas de sus llamadas telefónicas no autorizadas.

Agunas pocas cosas definitivamente no cambiaron sin embargo después del 11/09, y entre ellas se encuentra primera la codicia del gobierno por mayores facultades y controles sobre cada persona en el país, cuando no, sobre cada uno en el mundo entero. ¿Temo que se hará abuso de la Ley Patriota de los EE.UU.? No. Yo sé que se ha abusado de la misma, y que continuará abusándose de ella, mientras su elástico lenguaje permita a fiscales inescrupulosos indagar una variedad de situaciones desvinculadas por completo con el terrorismo. Aparte de estos atroces y completamente predecibles artificios acusadores, los amantes de la libertad deben reconocer que — tomando una frase de Edmund Burke — ella en sí misma es un abuso, debido a que la misma erradicó el debido proceso que brinda protecciones fundamentales a nuestros derechos, las que precisaron siglos para ser establecidas.

Frente a todo esto, y lo que resta aún por mencionar, algunos individuos, incluso varios que se auto describen como libertarios, persisten en sostener que el precio que estamos pagando se justifica y que podemos confiar en que el gobierno actúe responsable y eficazmente en el ejercicio de sus nuevas facultades. Ningún elemento de ese argumento resistirá el menor análisis.

En cuanto a confiar en el gobierno, la circunstancia, bien establecida en la historia y en la realidad contemporáneas, es la de que, a la inversa de lo que todos los conservadores parecieran creer, se puede confiar aún menos en que el gobierno haga lo correcto y que lo haga bien en política exterior y de defensa de lo que se puede confiar en el mismo respecto de las cuestiones de política interna. Debido a que las cuestiones de seguridad nacional permanecen fuera de la experiencia inmediata de la mayoría de los ciudadanos, el gobierno puede emprender despilfarros, fraudes, brutalidad, y disparates con mucha más facilidad en las cuestiones externas que cuando se trata de prescribir los exámenes para los estudiantes, construir casas para los pobres, o aliviar los dolores y molestias de la abuela.

La historia de la política exterior y de defensa de los EE.UU. durante los últimos 60 años es un relato completo de mendacidad, corrupción, y criminales desatinos. Si el gobierno no puede reparar los baches en Washington, D.C., el mismo ciertamente no puede edificar un estado democrático liberal que sea viable en Irak. Nadie con una mente sensata podría haber supuesto que el mismo siquiera lo intentaría, mucho menos que tendría éxito. Esta aventura, como gran parte de lo que el gobierno emprende, es una gigantesca tomadura de pelo, y gran parte de la misma linda con el crimen organizado del tipo descrito por el legendario General de los Infantes de Marina de los EE.UU. Smedley Butler.

Pero si el gobierno fuese capaz y estuviese deseoso de emprender una eficaz “guerra contra el terrorismo” global con los medios de su actual política imperial y de agresión desnuda (educadamente llamada guerra preventiva), ¿justificarían los beneficios de esa política los costos que están siendo soportados? Ni por un instante. Los costos son efectivos y enormes cientos de miles de millones (billion en inglés) de dólares y miles de muertos y heridos hasta ahora tan sólo por la invasión y la ocupación de Afganistán y de Irak, para no mencionar otra vez los graves daños a las libertades civiles y económicas aquí en casa. Los beneficios, para el caso de existir alguno, son en su totalidad para un pequeño circulo cercano de líderes políticos y sus simpatizantes entre la élite del poder, en su gran mayoría sus conocidos en los sectores militar-industrial, financiero y petrolero. Los extremistas ideológicos dedicados a atender los intereses del Partido del Likud de Israel y los miembros de ciertas sectas cristianas amenazadas por la posibilidad de una matanza apocalíptica en la Tierra Santa que apoyan la intoxicación del despilfarro, los primeros sirviendo como conspiradores de alto nivel y especialistas en desinformación y los segundos integrando una legión de idiotas útiles, una especie de Brigada de Karl Rove, el consejero del presidente Bush, de diez millones de miembros el día de las elecciones. ¿Puede algún libertario reaccionar excepto con desagrado ante cualquier aspecto de este fiasco gubernamental criminalmente mortal y masivamente destructivo?

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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